¿La prisión preventiva oficiosa viola los derechos humanos? Inicia ‘sesión histórica’ en la SCJN

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) llevará a cabo el una “sesión histórica”; el día de hoy, lunes 5 de septiembre, se discutirán dos proyectos donde se pide eliminar la prisión preventiva oficioa.

Los 11 ministors del alto tribunal tratarán el proyecto de Luis María Aguilar, la acción de inconstitucionalidad 130/2019 y el de la ministra Norma Piña, que es el amparo en revisión 355/2021. Ambas peticiones revisan que la prisión preventiva oficiosa viola la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

La prisión preventiva es una medida cautelar en proceso judiciales. En México existen la justifica y la oficiosa: la primera la dicta un juez luego de analizar el caso, donde existe el riesgo de que el acusado se fugue, dañe a la víctima o entorpezca el proceso. La oficiosa es un encarcelamiento “por adelantado”; mientras se lleva a cabo el proceso de un acusado, podría estar sujeto a prisión preventiva durante años.

Existe un “catálogo” de crímenes a los que se aplica dicho cargo, es decir, violencia sexual contra menores, delincuencia organizada, homicidio doloso, feminicidio, violación, secuestro, trata de personas, desaparición forzada, robo de casa habitación, uso de programas sociales con fines electorales, delitos de enriquecimiento ilícito, robo al transporte de carga, delitos de hidrocarburos y delitos cometidos con medios violentos.

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Al cometer alguno de estos delitos, un juez puede determinar que el acusado vaya directamente a la cárcel, sin necesidad de estudiar el caso. Ante ello, instituciones como la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) protestan que esta cuestión “viola los tratados internacionales”, vulnerando el derecho a la libertad y a la presunción de inocencia.

Según El País, en México, cuatro de cada 10 presos están en prisión preventiva. Es decir, más de 92 mil, en su mayoría, jóvenes de bajos recursos. Así, organizaciones en favor de los derechos humanos argumentan que en el país impera la regla de “encarcelar primero e investigar después”.

Saskia Niño de Rivera, vocera y cofundadora de Reinserta, sentencia que la prisión preventiva oficiosa “le quita humanidad al proceso”. “El sistema nuevo busca entender los hechos desde un punto de vista biosicosocial de por qué se llevaron a cabo los actos. Al entender eso, puedes determinar el nivel de ‘peligrosidad’ de una persona”, atendió.

Mientras, también aseveró que la prisión sirve para segregar a las personas, no sólo en el crimen que ya cometieron, sino, por lo que podrían seguir haciendo en un futuro.

“No podemos hacer leyes que tapen un problema social; si tú tienes un problema que en el sistema de justicia penal no hay legalidad, no puedes hacer leyes para que alguien sea más corrupto. Sí puede traernos un problema más grande, sin embargo, es un avance para un país democrático como en el que vivimos, hacia la creación de un sistema mucho más humano”, apuntó.

De igual manera, el abogado Luis Tapia, experto en derechos humanos, reiteró para El País que “es un incentivo perverso para las Fiscalías. Si incorporan uno de estos cargos a la acusación, el detenido se queda todo el proceso en la cárcel, aunque la investigación no tenga las pruebas suficientes para conseguir una sentencia para él”.

Por otro lado, se reitera que la prisión preventiva oficiosa va en contra de que la justicia en México sea pronta y expedita, pues los proocesos pueden alargarse por años, en un sistema donde reinan miles de trabas y, según Niño de Rivera, en el país hay casos que llevan años sin recibir una sentencia específica.

Sin embargo, pese a diversos señalamientos, la Secretaría de Gobernación presiona que “es fundamental la existencia de la prisión preventiva oficioa para ciertos delitos”. Así, Adán Augusto López aclaró que “dejar la decisión de aplicar la prisión preventiva en manos de los jueces generaría una presión adicional”.

La discusión comenzó hoy, a las 12:08 horas del mediodía. De ser aprobada, se cambiaría el criterio vigente bajo la CT 293/2011, así compo inaplicar el segundo párrafo del artículo 19 de la Constitución. Obligando al poder judicial a decretar de oficio la prisión preventiva en una larga lista de hipótesis.

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