Las razones por las que con el ‘Plan B’ los castigos a los partidos serán menos severos
Los expertos lamentan que la reforma está basada en las experiencias de los morenistas
Tras la aprobación por la mayoría de Morena en el Congreso para el “Plan B” de la reforma electoral, los partidos políticos y candidatos tendrán menos sanciones por irregularidades en sus gastos, debido a sus documentos básicos que serán intocables y el INE no influirá en la repartición de sus candidaturas.
Por lo que en la elección del 2021, a 42 aspirantes de Morena a diversos cargos, entre ellos a las gubernaturas de Guerrero y Michoacán, se les negó el registro por irregularidades en informes de gastos.
Asimismo, en la reforma electoral que está impugnada en la Corte y que ya tuvo su primer revés con la reinstalación de Secretario Técnico del INE, Edmundo Jacobo, el artículo 229 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales desaparece ese castigo a partidos.
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En el artículo 456 se eliminó la sanción de perder el derecho a ser registrado como candidato o la cancelación del registro y solo quedó una amonestación pública y una mulra de hasta 5 mil UMAS que son las Unidades de Medida y Actualización.
En el an´lisis del Plan B que fue realizado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, la investigadora del CIDE, Diana García, afirmó que suavizar las sanciones a los partidos debilita la fiscalización e incrementa las ilegalidades.
Los expertos lamentan que la reforma está basada en las experiencias de los morenistas.
Ya que en 2021, los partidos reportaron de manera extemporánea un gasto de 11 mil 983 millones de prerrogativas. El 82% era de Morena.
Debido a que esa irregularidad incrementaba cada año, el INE decidió sustituir la amonestación pública por una multa del 1 por ciento del monto involucrado. Los morenistas recibieron una sanción de 98 millones de pesos.
Además, antes del “Plan B”, los partidos tenían hasta tres días para reportar en el sistema de fiscalización cualquier ingreso o pago a proveedores, después de ese plazo la autoridad lo registraba como gasto extemporáneo.
Con la reforma electoral, el plazo creció a 20 días en periodo ordinario y 10 días en precampaña o campaña.
Para el INE, esto vulnera la fiscalización, porque permite a los partidos y candidatos tener tiempo para corregir alguna irregularidad.
La reforma también limita al INE a emitir lineamientos que regulen el proceso de postulación de candidaturas, cuando en los últimos tres años, el INE obligó a los partidos a dar el 50 por ciento de sus candidaturas a mujeres.
