‘Más preguntas que respuestas’: reabren caso del Tren Interoceánico y acusan falta de auxilio e informes

CDMX.- A casi cuatro meses del descarrilamiento del Tren Interoceánico, víctimas señalaron que el caso continúa sin esclarecerse plenamente y que persisten pendientes en justicia, transparencia y atención, de acuerdo con testimonios y análisis presentados en la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México.

La ponencia “Descarrilamiento del Tren Interoceánico: Una mirada interdisciplinaria desde la Ingeniería Civil”, realizada en esa institución, planteó que el desafío no se limita a aspectos técnicos y que se requiere información verificable para prevenir hechos similares y atender a las personas afectadas.

Durante el foro, Yoalli Romero, sobreviviente del accidente del 28 de diciembre de 2025, afirmó: “La investigación es para las víctimas, para que no vuelva a pasar”, y añadió: “Seguimos teniendo muchas más preguntas e indignación que respuestas”.

En su testimonio, relató que el tren viajaba lleno y que, tras el impacto, algunos vagones quedaron suspendidos en una zona aislada, sin acceso inmediato a servicios de emergencia. “No había nada alrededor”, dijo, al referirse a las condiciones para recibir ayuda o evacuar.

En el análisis técnico, Manuel del Moral Dávila, académico del Departamento de Arquitectura, Urbanismo e Ingeniería Civil, y Agustín Ortega, coordinador de la Maestría en Ingeniería con Especialidad en Administración de la Construcción, señalaron que el descarrilamiento debe revisarse dentro de un conjunto de condiciones de operación. Expusieron que el tren operaba con vagones de distintas procedencias, antigüedad y normativas, lo que puede generar comportamientos dinámicos desiguales.

Los especialistas añadieron que parte de la infraestructura ferroviaria presenta rezagos, pues en algunos tramos las vías fueron diseñadas hace más de un siglo. La combinación de material rodante heterogéneo y vías obsoletas, indicaron, incrementa el riesgo de incidentes.

Desde el enfoque jurídico, Jaime Calderón y Renato Sales, del Departamento de Derecho, junto con Jaqueline Saénz, de la Clínica Jurídica para la Justicia Ambiental Berta Cáceres, expusieron que en el proyecto participan diversas instancias en operación, supervisión y regulación, lo que dificulta la asignación de responsabilidades. También señalaron falta de acceso a información para las víctimas y ausencia de peritajes públicos claros y oportunos.

El caso, coincidieron, plantea la necesidad de asegurar condiciones de seguridad, acceso a la información y reparación del daño para las personas afectadas, además de definir mecanismos de rendición de cuentas ante fallas y omisiones.