Afirman que el Gobierno de Jalisco sabía que ‘El Sapo’ era el encargado de reclutar para el CJNG

Desde julio de 2017 —por lo menos— el gobierno de Jalisco sabía que Gonzalo Mendoza Gaytán, presunto cabecilla del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) apodado “El Sapo”, era el encargado de la estructura de reclutamiento forzado y adiestramiento del grupo delictivo y manejaba varios centros de entrenamiento en la región Valles del estado, donde se encuentran Tala y Teuchitlán.

De acuerdo con las investigaciones realizadas por la Fiscalía de Justicia de Jalisco en ese momento, en esos lugares se enseñaba manejo de armas, tácticas de combate y cómo “pulpar” cuerpos para poder incinerarlos en zanjas con leña y gasolina.

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Aunque en julio 2017, la Fiscalía de Justicia de Jalisco (FJJ) implementó un operativo de cuatro días para desmantelar algunos de estos sitios y capturar a “El Sapo”, éste logró escapar y hoy el gobierno federal lo señala como el responsable directo de la leva emprendida por el CJNG a través de falsas ofertas laborales.

”Lo teníamos localizado en Tala, pero alguien le dio el pitazo y se fue, después cambiaron los mandos en la fiscalía y no se volvió a hacer un operativo como ese y ahora vemos lo que está pasando”, relató una fuente de la FJJ que participó en la movilización de 2017.

El pasado lunes, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana federal, Omar García Harfuch, señaló que la detención en la Ciudad de México de José Gregorio “N”, alias “El Lastra”, aporta elementos esenciales para conocer lo que ocurrió en el rancho Izaguirre, en Teuchitlán, ya que el sitio estaba bajo su control y además de ser el responsable del reclutamiento para el grupo delictivo, es colaborador cercano de “El Sapo” que se ha convertido en lugarteniente del cártel en Jalisco, Nayarit y Zacatecas.

En el expediente que la Fiscalía de Justicia de Jalisco abrió tras el operativo de julio de 2017, uno de los hombres que estuvo cautivo en los campamentos describió a “El Sapo”, como un “señor con sombrero como de campesino, tenía la barba cerrada y perfectamente delineada, era robusto, chaparro, como de 1,70 metros y aparentaba una edad de entre 22 y 23 años”.

”Póngase a pelear todos contra todos”

En las declaraciones recabadas por la Fiscalía de Justicia de Jalisco tras el operativo de 2017, los testigos coinciden en que fueron enganchados con mentiras sobre un supuesto “trabajo” como guardias de seguridad; que se vieron con sus presuntos empleadores en algún punto de Guadalajara (algunos en la Central de Autobuses); que antes de llegar a los campamentos en la sierra de Ahuisculco-Las Navajas estuvieron en diferentes fincas en las comunidades de Cuisillos y Castro Urdiales, y que fueron maltratados y vieron cómo sus captores mataban a otros y quemaban sus cuerpos.

Uno de ellos relató cómo, por órdenes de “El Sapo”, sus subalternos preguntaron al grupo de cautivos quiénes se querían ir y les ofrecieron 3 mil pesos, por lo que varios levantaron la mano y los pusieron a pelear entre ellos y mataban al que iba cayendo, después dispararon sus fusiles y pistolas contra el resto.

“[Dispararon] sin pensar, dándole a todos parejo, al último quedó un niño de 17 años con las manos juntas metidas entre las piernas, la cabeza agachada y meciéndose de adelante hacia atrás y se acercaron todos a verlo porque quedó vivo de entre la ráfaga de balas que aventaron, y uno le dijo: ‘¿Estos putos te dijeron que dijeras que te querías ir?’, y el muchacho sacado de onda pudo contestar ‘Ajá’, y otro se acercó y le hizo la misma pregunta, y el muchacho empezó a pedirle que no lo fuera a matar, esto lo dijo llorando: ‘Es que yo quiero ver a mi hermanita y a mi mamá’, y el otro le pegó un balazo en la cabeza, siendo entonces ya 15 personas muertas, y a todos los demás que por miedo no manifestamos querer irnos nos hicieron que arrastráramos los cuerpos hacia el lugar en donde calcinaban los cadáveres”, contó el testigo.

Delante de todos, otro de los captores comenzó a mutilar uno de los cuerpos y ordenó buscar una piedra grande para triturar el cráneo a golpes, abrió el torso en canal “para que entrara la gasolina” y en una cama de leña dentro de una zanja colocaron las partes del cuerpo para prenderle fuego.

Las narraciones indican que este punto se encontraba en la parte baja del campamento, junto a un arroyo que con las lluvias crecía y se llevaba lo que quedaba.

”Lo único que me quedó de los cuerpos fueron las imágenes de cada una de sus caras en la mente, si esas personas se hubieran esperado cuatro días más hubieran tenido chance de irse sin ningún problema porque días después ‘El Sapo’ nos dio vacaciones”, señaló otro testigo.

Las narraciones dan cuenta de más asesinatos cometidos por los sujetos que controlaban el campamento y que entre sus víctimas había jóvenes acusados de ser ladrones o “chapulines”, es decir, que dejaron de trabajar para ese grupo delictivo y se acomodaron con otro.

Aunque las personas que declararon ante la Fiscalía de Justicia de Jalisco reconocieron en fotografías a varias de las personas asesinadas en los campamentos, muchas de ellas reportadas como desaparecidas, la dependencia nunca informó si logró hacer identificaciones a partir de los restos que se encontraron en el sitio donde se destruyeron y calcinaron los cuerpos.

En el caso del rancho Izaguirre, después de que la fiscalía estatal señaló que no se habían encontrado estructuras que sirvieran como hornos crematorios, una fuente cercana a la investigación manifestó que una de las hipótesis de la dependencia jalisciense para explicar la presencia de restos óseos calcinados y enterrados, era que en algún punto del predio podría existir un hoyo en la tierra en el que se colocó una cama de madera para hacer una pira.

¿Autoridades coludidas?

Después de que el colectivo Guerreros Buscadores evidenció el pasado 5 de marzo la falta de trabajo de las autoridades estatales en el rancho Izaguirre, Alejandro Gertz Manero, titular de la Fiscalía General de la República, afirmó que era “evidente” la complicidad de algunas autoridades en el caso.

”No es posible que una situación de esta naturaleza no haya sido conocida por las autoridades locales de ese municipio y del estrado”, dijo; además, acusó directamente a la Policía de Tala de estar coludida con quienes controlaban el rancho Izaguirre.

En julio 2017, el entonces fiscal de Jalisco, Eduardo Almaguer, tenía una hipótesis similar: “¿Cómo es posible que se mueva tal cantidad de personas, entre los que cuidaban y los que reclutaban, que requieren una cantidad importante de alimentación? No es posible que nadie se diera cuenta”.

“Este proceso lo estamos abriendo porque ha sido reiterado en el municipio de Tala, desde hace años, los problemas que han tenido, tenemos documentadas las personas desaparecidas, se ha registrado desaparición forzada en la región, hoy estamos investigando a la Policía de Tala”, señalaba Almaguer.

De acuerdo con registros periodísticos, de 2017 a la fecha han sido arrestados y vinculados a proceso por desaparición forzada al menos siete policías y expolicías de Tala, las tres últimas detenciones ocurrieron el pasado fin de semana.

Actualmente, en Jalisco hay un total de 15 mil 426 personas que continúan desaparecidas.

*15,426 personas continúan desaparecidas en Jalisco hasta el 25 de marzo de 2025.