Aplica México reciprocidad a EU y frena caso Rocha ante bloqueo de extradiciones

En el caso de Rubén Rocha, México está procediendo de la misma manera en que Estados Unidos ha actuado durante más de una década en las solicitudes de extradición de personajes de alto perfil.

Desde que inició el sexenio de Enrique Peña, EU no ha tramitado la mayor parte de las solicitudes de detención provisional con fines de extradición de objetivos relevantes buscados por la justicia mexicana.

Con excepción de César Duarte, el exgobernador de Chihuahua, en el resto de los casos en los que se ha pedido detener y entregar a exmandatarios, exfiscales, empresarios y presuntos lavadores de dinero, el aparato de justicia estadounidense no ha accionado.

Tal como ahora sucede en sentido inverso con el caso de Rocha y otros 9 sospechosos de narcotráfico, los casos de alto perfil gestionados por México terminaron congelados en el Departamento de Justicia, homólogo de la Fiscalía General de la República ( FGR ).

En algunos casos, cuando hubo reclamos de la contraparte mexicana, el vecino país del norte respondió que las solicitudes estaban “siendo analizadas por el Departamento de Justicia”.

Por lo regular, el Departamento de Justicia hizo observaciones sobre las solicitudes enviadas por México y pidió a la FGR o a las fiscalías estatales subsanar inconsistencias; sin embargo, los trámites nunca avanzaron.

Martín Díaz Álvarez, exsocio de Oceanografía; Gastón Azcárraga, expresidente de Mexicana de Aviación, y Rafael Olvera Amezcua, dueño de Ficrea, son algunos de los casos en los que nunca se inició el juicio de extradición solicitado. Los dos primeros ganaron sus amparos en México contra las órdenes de aprehensión y actualmente están libres.

Actualmente, 5 personajes de alto perfil perseguidos desde el sexenio pasado están en suelo estadounidense y, aunque también se requirieron sus detenciones con multas de extradición, en ningún caso se ha dado trámite a las solicitudes.

Son los casos de Francisco Javier García Cabeza de Vaca, exgobernador de Tamaulipas, acusado de delincuencia organizada y lavado; y de Víctor Manuel Álvarez Puga e Inés Gómez Mont, imputados por los mismos delitos por un presunto desvío millonario a través de “factureras”.

A la lista se suman Abraham Eslava Arvizu, exmando de la SEIDO, implicado en el caso Ayotzinapa, y Rafael Zaga Tawil, acusado de delincuencia organizada y lavado por el caso Telra-Infonavit.

Álvarez Puga y Zaga fueron detenidos por su situación migratoria. A la fecha no se ha dado trámite a sus extradiciones .