ASE detecta inconsistencias por 182.5 mdp en el programa Chiapas Puede
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La ASE observó 182.5 mdp en Chiapas Puede por irregularidades en becas, beneficiarios y materiales; además, hay dos detenidos por una investigación penal
El programa Chiapas Puede, una de las principales estrategias del gobierno de Eduardo Ramírez Aguilar para combatir el analfabetismo en la entidad, enfrenta observaciones por 182 millones 592 mil pesos correspondientes al ejercicio fiscal 2025.
La Auditoría Superior del Estado de Chiapas (ASE) detectó inconsistencias relacionadas con el pago de becas, incorporación de beneficiarios, adquisición de materiales y contratación de servicios por parte del Instituto Chiapaneco de Educación para Jóvenes y Adultos (ICHEJA).
A las observaciones administrativas se suma una investigación penal de la Fiscalía General del Estado (FGE), que derivó en la detención de dos servidores públicos y en el aseguramiento de más de 2 mil 500 tarjetas del programa que, presuntamente, no habían sido entregadas a sus beneficiarios.
ASE OBSERVA 182.5 MILLONES DE PESOS
Los hallazgos de la ASE forman parte del Informe Individual ASE/OAC/024/2026, correspondiente a la fiscalización de la Cuenta Pública estatal 2025.
El órgano fiscalizador estableció seis observaciones definitivas al ICHEJA por un monto conjunto de 182 millones 592 mil pesos.
Entre los principales señalamientos se encuentra una discrepancia de 147.8 millones de pesos relacionada con los recursos destinados al pago de becas de alfabetización.
De acuerdo con la revisión, existieron diferencias entre los recursos reportados en los formatos contables y los montos que, conforme a la documentación analizada, fueron asignados a las personas incorporadas como educandos.
La Auditoría determinó que no se acreditó la aplicación de esos recursos al programa ni se demostró su reintegro a la Tesorería de la Secretaría de Finanzas.
La observación representa el mayor monto dentro de las irregularidades identificadas durante la fiscalización.
DETECTAN MILES DE KITS ESCOLARES SIN ENTREGAR
Otro de los hallazgos corresponde a los materiales adquiridos para las personas incorporadas a Chiapas Puede.
El ICHEJA adquirió kits escolares para distribuirlos entre los participantes del programa; sin embargo, la Auditoría encontró que 39 mil 649 paquetes permanecían almacenados sin haber sido entregados.
El valor de los materiales que permanecían sin distribución supera los 8.2 millones de pesos.
La revisión plantea que, aunque los recursos fueron destinados a la adquisición de los paquetes, estos no habían llegado a las personas para quienes fueron comprados al momento de la fiscalización.
MILES DE PERSONAS ALFABETIZADAS FUERON INCORPORADAS AL PROGRAMA
La ASE también identificó inconsistencias en el padrón de beneficiarios.
De acuerdo con la información contenida en la fiscalización, 5 mil 130 personas que ya contaban con evidencia de alfabetización fueron incorporadas al programa y recibieron recursos.
Según la revisión, esas personas no cumplían con los requisitos establecidos para participar en el esquema. Los pagos relacionados con estos casos superaron los 18.4 millones de pesos.
A este hallazgo se suman mil 500 personas que no aprobaron las evaluaciones correspondientes y que, pese a ello, recibieron autorizaciones de pago por cantidades de entre 3 mil y 4 mil pesos.
Los señalamientos de la Auditoría ponen bajo revisión tanto la integración del padrón como los mecanismos utilizados para acreditar el cumplimiento de los objetivos del programa.
CONTRATOS POR SERVICIOS TAMBIÉN FUERON OBSERVADOS
La fiscalización incluyó además los recursos utilizados para la operación del ICHEJA.
La Auditoría detectó pagos realizados a dos empresas por servicios de asesoría y auditoría. El órgano fiscalizador señaló que dichas actividades pudieron haber sido realizadas por personal del propio instituto.
El monto observado por estos servicios asciende a 732 mil pesos.
Este señalamiento forma parte de las seis observaciones definitivas determinadas durante la revisión de la Cuenta Pública 2025.
FISCALÍA DETIENE A DOS PERSONAS POR INVESTIGACIÓN RELACIONADA CON CHIAPAS PUEDE
Las observaciones de la Auditoría se desarrollan de manera paralela a una investigación penal de la Fiscalía General del Estado.
El 27 de julio de 2026, la Fiscalía informó sobre la detención de Luis Manuel “N”, exjefe del Departamento de Planeación del ICHEJA, y Lidia “N”, servidora pública de la misma institución.
Ambos fueron señalados por su presunta participación en hechos relacionados con corrupción, abuso de autoridad, ejercicio ilegal del servicio público y desvío de recursos vinculados con el programa Chiapas Puede.
Durante cateos efectuados en domicilios relacionados con los investigados, las autoridades aseguraron más de 2 mil 500 tarjetas del programa que presuntamente no habían sido entregadas a sus beneficiarios.
Las detenciones abrieron una investigación en materia penal, mientras que las observaciones determinadas por la Auditoría Superior del Estado siguen el procedimiento correspondiente de fiscalización y, en su caso, solventación y determinación de responsabilidades.
OBSERVACIONES CORRESPONDEN A LA CUENTA PÚBLICA 2025
Los señalamientos de la ASE corresponden al periodo en el que Sergio David Molina Gómez estaba al frente del ICHEJA. El exdirector fue destituido recientemente.
Molina Gómez tiene trayectoria política en Chiapa de Corzo. Su hermano, Jorge Humberto Molina Gómez, ha ocupado la presidencia municipal de esa localidad bajo las siglas del Partido Verde Ecologista de México.
Hasta el momento señalado en la información proporcionada, la Secretaría de la Honestidad y Función Pública de Chiapas indicó, mediante su área de prensa, que no había iniciado un procedimiento administrativo contra el exdirector del ICHEJA relacionado con las observaciones de la Cuenta Pública 2025.
Chiapas Puede busca reducir el analfabetismo
El programa Chiapas Puede fue presentado por el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar como una de las estrategias prioritarias de su administración para atender el rezago educativo de la entidad.
El objetivo del programa es incorporar a personas que no saben leer ni escribir y brindarles herramientas para superar esa condición educativa mediante procesos de alfabetización y apoyos económicos.
La fiscalización adquiere relevancia debido al contexto educativo de Chiapas. De acuerdo con información del Censo de Población y Vivienda 2020 del INEGI, la entidad registra el mayor porcentaje de población analfabeta del país, con alrededor de 13 de cada 100 personas en esta condición.
El rezago se concentra principalmente entre la población adulta mayor y tiene una presencia importante entre las mujeres.
CUESTIONAN LA OPERACIÓN Y LAS METAS DE ALFABETIZACIÓN
Un funcionario que conoce la operación del programa, quien solicitó mantener su identidad en reserva, atribuyó parte de las inconsistencias a la forma en que fue diseñado y ejecutado Chiapas Puede.
Según su versión, distintas dependencias y universidades fueron incorporadas a las tareas de alfabetización y recibieron cuotas de personas que debían ser atendidas.
La fuente señaló que, antes de establecer esas metas, no se habría realizado un diagnóstico territorial para determinar cuáles eran los municipios y comunidades con mayores índices de analfabetismo.
También afirmó que no se habría establecido una estrategia diferenciada por región, municipio o comunidad, sino objetivos numéricos para las instituciones participantes.
De acuerdo con esta explicación, el cumplimiento de esas metas pudo generar presión para alcanzar determinadas cifras y afectar la forma en que se contabilizó a las personas atendidas y alfabetizadas.
Estas declaraciones corresponden a la versión de la fuente consultada y no constituyen por sí mismas una conclusión de la Auditoría o de la Fiscalía.
AUDITORÍA Y FISCALÍA MANTIENEN PROCEDIMIENTOS INDEPENDIENTES
Las observaciones de la Auditoría Superior del Estado y la investigación de la Fiscalía General del Estado corresponden a procedimientos distintos.
Por una parte, la fiscalización de la Cuenta Pública 2025 busca determinar si los recursos públicos fueron ejercidos conforme a la normativa y si las entidades fiscalizadas pueden acreditar documentalmente su aplicación.
Las observaciones pueden estar sujetas a procesos de aclaración y solventación, por lo que los montos observados no equivalen por sí mismos a recursos cuya responsabilidad administrativa o penal haya sido determinada de manera definitiva.
Por otra parte, la investigación de la Fiscalía busca establecer si existieron conductas constitutivas de delito y, en su caso, determinar las responsabilidades correspondientes.
En este contexto, la operación de Chiapas Puede permanece bajo revisión por las inconsistencias detectadas en la fiscalización de sus recursos y por la investigación penal iniciada contra dos personas vinculadas con el ICHEJA.
