Denuncia Article 19 tendencia de represión contra la prensa

En los últimos años se ha consolidado una tendencia de represión y de hostilidad hacia la prensa en México, Guatemala, Honduras y El Salvador a través de la violación grave de los derechos humanos y la persecución judicial, informó Leopoldo Maldonado, director de Article 19.

Al presentar el informe anual de esta organización sobre la situación de la libertad de expresión en la región, dijo que en todos esos países informar se ha vuelto peligroso.

“En 2025, al menos 12 periodistas fueron asesinados en la región por causas vinculadas a su labor. México sigue siendo el país más letal, con siete asesinatos, una desaparición y ocho intentos de asesinato. Guatemala, tres asesinatos y una desaparición. En Honduras registramos dos asesinatos y, además, violaciones graves a derechos humanos como tortura”, detalló.

“En México, además, hay otro dato que no podemos dejar fuera: 2025 también fue el año más letal para las personas buscadoras. Lamentablemente, registramos siete asesinadas y cuatro desaparecidas”.

A la violencia letal, explicó, se han sumado la persecución judicial, en la que los poderosos usan el entramado legal para poner contra las cuerdas a periodistas y medios de comunicación.

“La violencia persiste y, al mismo tiempo, se expanden las herramientas de control de información y vigilancia. Se reportaron 451 agresiones cometidas en 2025 en México, una cada 19 horas. En primer lugar, ya decíamos el ambiente hostil, con 44 por ciento; el abuso del poder público, con el 34 por ciento; la violencia física, el 12 por ciento”, indicó.

“Los principales estados donde se han cometido agresiones son Ciudad de México, Puebla, Veracruz, Michoacán y Oaxaca, en ese orden. El acoso judicial aumentó un siete por ciento, esto representa una nueva acción legal contra la prensa cada semana”.

En México, además, se registró la desaparición del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos (INAI), con lo que el derecho a saber se ha vuelto más técnico, más costoso y, en los hechos, más restringido.

En forma paralela, añadió, el Estado ha avanzado en adecuaciones al marco legal para permitir la vigilancia de los ciudadanos a través del monitoreo del uso de las redes sociales y también existe evidencia de espionaje a través de software como Pegasus.

“Para dejarlo claro, el Estado cada vez más sabe de nosotros y la ciudadanía cada vez sabe menos del Estado. Esta asimetría tiene consecuencias profundas. Cuando las personas saben que pueden ser vigiladas y, al mismo tiempo, enfrentan obstáculos para acceder a información pública confiable, cambian muchas cosas. Cambian lo que podemos decir, lo que podemos investigar, lo que podemos pensar, incluso, lo que nos podemos atrever a preguntar”, planteó.