Denuncian a juez tras absolver a elementos de la Guardia Nacional detenidos en flagrancia por secuestro

El juez de Oralidad de la región Puebla, Celestino Martínez Bones, fue denunciado ante el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial de Puebla y ante la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción, luego de que absolvió del delito de secuestro a Luis Javier “N”, elemento activo de la Guardia Nacional, y a Rogelio Sergio “N”, exmilitar, pese a que ambos fueron detenidos en flagrancia, de acuerdo con la denuncia presentada por las víctimas.

Miguel Barrueta Rodríguez, quien participó directamente en la detención de los imputados y fue reconocido como víctima indirecta, informó que además solicitará la intervención de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, al considerar que el fallo judicial representa un riesgo para la seguridad de las personas afectadas.

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SEÑALAN QUE RESOLUCIÓN PONE EN RIESGO A LAS VÍCTIMAS QUIENES DENUNCIARON INTIMIDACIONES Y AMENAZAS

Barrueta Rodríguez sostuvo que la resolución absolutoria pone en riesgo tanto a las víctimas como a la sociedad en general, luego de que, durante más de dos años, las personas afectadas mantuvieron sus acusaciones pese a intimidaciones y amenazas. En ese contexto, afirmó que señalar a integrantes de una corporación de seguridad como la Guardia Nacional implicó un riesgo adicional.

“El juez pone en riesgo la seguridad de las víctimas que por más de dos años mantuvimos nuestras acusaciones en los juicios, a pesar de lo que representa señalar a una autoridad como la Guardia Nacional, que se supone fue creada para garantizar la seguridad de los ciudadanos”, expresó.

Añadió que, pese a las amenazas recibidas, las víctimas acudieron a todas las audiencias con la expectativa de que el Poder Judicial del estado impartiera justicia.

ANUNCIAN APELACIÓN DE FALLO Y SOLICITAN MEDIDAS DE PROTECCIÓN

El denunciante indicó que el fallo será impugnado por la vía legal y confió en que la Fiscalía General del Estado de Puebla también presente la apelación correspondiente. Señaló que, aunque la sentencia fue leída el pasado 5 de febrero, ya existe información de que Rogelio Sergio “N” habría sido liberado, mientras que Luis Javier “N” podría salir en breve, ya que únicamente fue condenado a cuatro años y medio de prisión por el delito de uso ilegal de armas.

Ante esta situación, Barrueta Rodríguez solicitó que se otorguen medidas de protección para las dos familias afectadas por estos hechos.

ASÍ FUE COMO DOS ELEMENTOS DE LA GUARDIA NACIONAL FUERON SORPRENDIDOS DURANTE SECUESTRO

De acuerdo con información publicada previamente por Proceso, el caso está registrado en la carpeta de investigación FGEP/CDI/FEISE/PIL-I/000156/2023, a cargo de la Fiscalía Especializada en Investigación de Secuestro y Extorsión de Puebla.

Barrueta relató que el 11 de octubre de 2023, Luis Javier “N” y Rogelio Sergio “N” arribaron armados a un negocio ubicado en San Martín Texmelucan, propiedad de su hijo Santiago. Según su testimonio, los sujetos se identificaron como integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Ambos hombres ataron con cinchos a Santiago y a un amigo identificado como Fredy, con el objetivo de obligarlos a comunicarse con sus familiares y exigir un rescate de 50 mil dólares. Durante un momento de confusión, se produjo un forcejeo, y los presuntos responsables fueron sometidos con ayuda de vecinos que acudieron tras escuchar los llamados de auxilio.

Inicialmente, los detenidos fueron entregados a la policía municipal bajo la creencia de que pertenecían a un grupo criminal. Posteriormente, se confirmó que eran integrantes de las Fuerzas Armadas.

IDENTIFICAN A OTROS DOS ELEMENTOS DE LA GUARDIA NACIONAL QUE PARTICIPARON EN SECUESTRO

De acuerdo con el expediente, al revisar las cámaras de vigilancia, las autoridades detectaron que el vehículo Jetta en el que llegaron los presuntos responsables fue acompañado en todo momento por la patrulla 28098, adscrita a la 238 Compañía del Tercer Batallón de la Guardia Nacional, con sede en Texcoco, Estado de México, tripulada por otros seis elementos.

Barrueta señaló que, además de Luis Javier “N” y Rogelio Sergio “N”, existen otros dos imputados por el mismo delito de secuestro agravado: el comandante de la Guardia Nacional Obed “N”, quien estaba a cargo de la patrulla y de una de las armas utilizadas, así como una persona de la delincuencia local señalada por proporcionar información sobre las víctimas.

El denunciante advirtió que la absolución de los dos detenidos en flagrancia podría impactar el proceso que se sigue contra los otros presuntos implicados.

SEÑALAN QUE JUEZ DE PUEBLA DESESTIMÓ TESTIMONIOS DE VÍCTIMAS, VECINOS Y POLICÍAS MUNICIPALES

Según Barrueta Rodríguez, el juez desestimó no sólo los testimonios de las víctimas y de los vecinos que participaron en la detención, sino también los de los policías municipales y de los propios mandos de la Guardia Nacional que declararon ante el Ministerio Público.

Indicó que el coronel José Leonardo Hernández Ganem, comandante del Tercer Batallón e Inspector General de la Guardia Nacional, así como otros cinco elementos que viajaban en la patrulla, confirmaron los hechos durante sus declaraciones.

En el expediente, afirmó, constan diversas pruebas materiales, entre ellas armas con registros F18150096 y F18150203, pertenecientes al arsenal de la Guardia Nacional; un radio de comunicación de la Secretaría de la Defensa Nacional; videos de cámaras de vigilancia; el vehículo Jetta asegurado, vinculado a otro ilícito; la georreferenciación de los teléfonos celulares incautados y mensajes intercambiados entre los acusados para coordinarse, incluso para la compra de los cinchos utilizados.

“A pesar de todo esto y de que los delincuentes no aportaron ninguna prueba en su defensa, el juez dictaminó que no había elementos para probar la culpabilidad por el delito de secuestro agravado”, sostuvo.

El juez Celestino Martínez Bones también fue señalado en 2022 por Miriam Vázquez, quien lo acusó de utilizar sus influencias para que su medio hermano, Ramón Caro Bones, fuera liberado pese a estar acusado de violación contra su hijastra de 14 años.

QUEJAS ANTE EL CONSEJO DE LA JUDICATURA Y FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN

En la queja presentada ante el Consejo de la Judicatura, se acusa al juez de haber mantenido un trato diferenciado durante el juicio. Según la denuncia, a las víctimas y testigos se les limitaba el tiempo y la forma de expresarse, mientras que a la defensa se le permitía extenderse ampliamente.

También se señala que el juzgador difirió en múltiples ocasiones las audiencias, lo que, de acuerdo con los denunciantes, provocó que algunos testigos desistieran de declarar, en parte por cansancio y en parte por temor, ya que uno de ellos fue agredido físicamente.

Barrueta indicó que él mismo fue citado en nueve ocasiones antes de que se lograra tomar su testimonio debido a los constantes diferimientos.

Además, acusó al juez de revictimizar a su hijo Santiago, quien declaró vía Zoom tras salir del país por razones de seguridad. Durante su comparecencia, el juzgador le exigió mantener las manos en alto y el rostro fijo a la cámara durante aproximadamente tres horas, bajo el argumento de verificar que no leyera su declaración.

INICIAN INVESTIGACIÓN POR POSIBLE ABUSO DE AUTORIDAD

Ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, se inició la carpeta FGEP/CDI/FECC/CORRUPCION.MUN-I/000051/2026, por posibles delitos de abuso de autoridad y conductas cometidas en la procuración y administración de justicia.

De acuerdo con la denuncia, el juez habría retardado deliberadamente el procedimiento y omitido valorar las pruebas presentadas por el Ministerio Público. En respuesta, el juzgador ordenó que Barrueta fuera retirado de la sala por la policía y advirtió que denunciaría tanto a él como al Ministerio Público.

SEÑALAMIENTOS CONTRA LA CNDH

Las víctimas también acusaron a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) de haber dado por concluida una queja contra la Guardia Nacional mediante una conciliación cuyos términos, afirmaron, desconocen.

En ejercicio de su derecho de réplica, la CNDH envió un escrito a Proceso en el que aseguró que las víctimas solicitaron y autorizaron la conciliación, además de señalar que uno de los afectados habría pedido una indemnización de 10 millones de pesos.

Miguel Barrueta Enciso rechazó esa versión y afirmó que la conciliación fue impulsada por el propio personal de la CNDH, bajo el argumento de que sólo serviría para establecer parámetros y que, por tratarse de un secuestro, procedería una recomendación por violaciones graves a derechos humanos.

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No obstante, la Comisión resolvió que los hechos constituían irregularidades administrativas y que el secuestro no se configuraba como una violación grave a los derechos humanos.

Barrueta Enciso sostuvo que dicha resolución y las afirmaciones sobre supuestas indemnizaciones han incrementado el riesgo para las familias, quienes previamente han sido objeto de amenazas. Añadió que uno de los acusados leyó en audiencia la carta enviada por la CNDH a Proceso.

Con información de PROCESO