Dictan prisión preventiva a exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo por delincuencia organizada y contrabando

Un juez dictó prisión preventiva en contra del exgobernador de Baja California, Ernesto Guillermo Ruffo Appel, así como a siete personas más identificadas por la Fiscalía General de la República (FGR), como Ricardo ‘N’, José María ‘N’, Guillermo ‘N’, Juan ‘N’, Luis ‘N’, Adriana ‘N’ y José ‘N’, por los delitos de delincuencia organizada y contrabando.

Presuntamente, se trataría de Ricardo Thompson Navarro, José María de la Peña Ramos, José Merino Valdés Cuervo, Guillermo de la Peña Rosales, Juan Hermilo Chávez Rodríguez, Luis Antonio Barrientos Juarez y Adriana Magali Bárcenas Guillen por su posible participación en los delitos de huachicol fiscal.

La FGR informó que tras diversos recesos durante la audiencia inicial y la presentación de casi una centena de datos de prueba, el Ministerio Público Federal (MPF) logró obtener, para los imputados Ernesto ‘N’, Ricardo ‘N’, José ‘N’, Juan ‘N’ y Luis ‘N’, la medida cautelar de prisión preventiva, la cual deberán cumplir en el CEFERESO 1 “Altiplano”, en el Estado de México.

Por otro lado, en el caso de José María ‘N’ y Guillermo ‘N’, permanecerán en sus domicilios por motivos de salud, mientras que Adriana N’ quedará interna en el CERESO Nezahualcóyotl Sur, en Edomex.

Luego del debate entre las partes, la defensa de los imputados se acogió a la duplicidad del término constitucional para definir su situación jurídica.

La FGR señaló que estas personas fueron detenidas en coordinación con el Gabinete de Seguridad como resultado del trabajo de una investigación relacionada con operaciones irregulares de importación, distribución y comercialización de productos derivados del petróleo en la que los imputados posiblemente participaron.

Esto representa un esquema de contrabando de hidrocarburo, el cual consiste en introducir combustible al país, mediante declaraciones falsas o incompletas en aduanas, es decir, que se reporta menos de lo que realmente se transporta o se declara como si fueran otros productos para evadir impuestos.

Estas conductas delictivas generan una afectación económica directa para el país y, al mismo tiempo, constituyen una fuente de ingresos para organizaciones criminales.

MODUS OPERANDI: LA RED DE CONTRABANDO

La logística era digna de una operación de inteligencia. La Fiscalía detectó que la estructura utilizaba carros-tanque de ferrocarril para mover millones de litros de gasolina y diésel. El “modus operandi” era el siguiente:

Declaraciones engañosas: Al pasar por aduanas, reportaban solo una fracción del combustible real (a veces menos del 10% de la capacidad de los tanques).

Triangulación financiera: El dinero proveniente de estas operaciones se canalizaba a través de cuentas puente y transferencias internacionales para ocultar el origen ilícito.

Red empresarial: Además de Ingemar, se identificaron otras 17 empresas vinculadas a la distribución y operación logística del combustible ilegal.

El “huachicol fiscal” no se trataba de perforar ductos, sino de un sofisticado fraude aduanero. El combustible era importado desde refinerías de Texas y cruzaba la frontera principalmente por aduanas en Tamaulipas (Nuevo Laredo, Ciudad Camargo, Matamoros y Reynosa).

La FGR informó que entre enero y julio de 2025 fueron detectadas 4 mil 238 operaciones de importación realizadas a través de estos cruces fronterizos.

Según las autoridades, el uso de estas aduanas permitió generar un daño estimado superior a 4 mil millones de pesos a la hacienda pública.

Ahí radicaba el truco: la red declaraba solo el 10% de lo que realmente transportaban en los ferrotanques. Una vez dentro de México, la logística se desplegaba a través de una red de 17 empresas que movían el hidrocarburo mediante ferrocarriles y pipas, saltándose todos los controles de la Comisión Reguladora de Energía.

El mapa del combustible ilegal: ¿Dónde tenía presencia?

Aunque la operación nacía en la frontera norte, su alcance era nacional. Las autoridades federales han confirmado que los centros de operación, puntos de descarga y zonas de distribución se extendieron por al menos nueve entidades federativas:

Zona Norte y Bajío: Baja California, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí y Querétaro.

Zona Centro y Sur: Hidalgo, Tabasco, Veracruz y Ciudad de México.

Asimismo, se localizaron centros de operación y carros tanque en Saltillo, Nuevo Laredo y San Luis Potosí.

En estados como Coahuila, Durango y Zacatecas, la red tenía una presencia fuerte de comercialización, donde el producto era entregado finalmente a empresas distribuidoras para su venta, evadiendo impuestos por más de 4 mil millones de pesos. Un punto clave de la investigación fue el aseguramiento de 33 ferrotanques con hidrocarburo en Ramos Arizpe, Coahuila, el año pasado.

La Fiscalía informó que la organización utilizó una estructura empresarial integrada por compañías dedicadas formalmente a actividades relacionadas con la importación de productos derivados del petróleo, servicios ferroviarios, logística y comercialización.

Entre ellas se identificaron 17 empresas propietarias de las pipas y tractocamiones utilizados para trasladar el combustible descargado de los trenes hacia los estados donde era distribuido.

También fueron identificadas agencias aduanales y empresas encargadas de la operación ferroviaria y de la comercialización final del hidrocarburo.