Diputados avalan leyes de la Secretaría Anticorrupción y consuman desaparición del INAI

La Cámara de Diputados aprobaron una serie de leyes secundarias para que la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, que se conocerá como ‘Transparencia para el Pueblo’, se haga cargo del derecho de acceso a la información pública y protección de datos personales; con esto se consuma la desaparición del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).

Luego que el pleno desechó un total de 105 reservas presentadas por legisladores de diversas bancadas, por lo que la Mesa Directiva en la cámara baja envió el decreto al ejecutivo para su publicación y entrada en vigor, luego siendo avalada con 330 votos a favor y 126 en contra.

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Fue aprobado en lo general y en lo particular con 321 votos a favor y 125 en contra; en lo que establece que la Secretaría Anticorrupción se encargará de administrar, implementar y poner en funcionamiento la Plataforma Nacional de Transparencia con solicitudes de información, así como la gestión de medios de impugnación, portales de obligaciones de transparencia y la comunicación entre autoridades garantes, como sujetos obligados.

Moren y partidos aliados respaldaron las leyes secundarias enviadas por la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, a las que no hicieron ningún cambio a pesar de los reclamos de los partidos de oposición y observaciones que especialistas en la materia han hecho.

Por lo que obliga a los entes, organismos e instituciones de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como organismos autónomos y partidos políticos a publicar en sus respectivos medios electrónicos la información sobre remuneraciones, gratificaciones, primas, dietas, bonos, gastos de representación y viáticos de servidores públicos.

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Mientras que la información reservada, según la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, será designada a cuya publicación comprometa la seguridad nacional, seguridad pública, defensa nacional o paz social; así como poner en riesgo la vida, seguridad o salud de una persona física, o pueda causar daño u obstruya la prevención o persecución de los delitos, entre otras hipótesis.

Esta podría clasificarse como reservada por un periodo de cinco años prorrogables por un periodo similar.