Enfrentaría retos el tren elevado de carga entre Monterrey-Laredo

El proyecto del tren elevado de carga entre Monterrey-Laredo de la startup Green Corridors traerá muchas ventajas en caso de concretarse, pero durante el proceso podría enfrentar múltiples retos que van desde la complejidad de permisos y trámites en diversas dependencias estatales y federales hasta la dificultad para comprar terrenos a los particulares, coincidieron expertos en logística y de procesos legales.

Se trata del tren que ya cuenta con el permiso del Gobierno federal de Estados Unidos, y está en trámites con el de México, el cual contempla una vía férrea de 265 kilómetros entre ambas ciudades.

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Ricardo Morales, socio de Pérez-Llorca, despacho de abogados basado en Monterrey y especialista en operaciones internacionales, describió que es un proyecto que podría ser retador en la parte regulatoria durante el proceso, pero que si se concluye, impulsará el nearshoring en Nuevo León.

Uno de los principales retos que Morales ve que enfrentarían durante la construcción del proyecto es que puede haber propiedades de particulares que estén ubicados por donde correrá el tren.

”Hay que ver si hay terrenos particulares, que seguramente los va a haber, y realmente habría que negociar con ellos, pudiera haber algún proceso quizá de expropiación por causa de utilidad pública. Seguramente habrá terrenos o propiedades ejidales, y ese es un reto muy particular”, indicó.

”Va a ser un tema que seguramente ya deben estar viéndolo, porque es parte de lo básico (aunque) en este momento estamos todavía en una etapa temprana del proyecto”.

Al respecto, Marco Garza, Presidente de EyeMexico, consultora especializada en infraestructura y logística, coincidió en que el derecho de vía puede encarecer el proyecto.

”Van a tener que adquirir sobre todo el derecho de vía donde van a ubicar las terminales. Ellos están pensando que les van a dar de servidumbre de paso o derecho de vía en el camino a Colombia que es el camino 255 que va de Colombia al Check Point en la I-35, y en la estatal número 1, la carretera Monterrey-Colombia, ese proceso puede tardar porque la adquisición del derecho de vía puede complicarse”, agregó.

”Típicamente cuando el que te va a comprar es por un proyecto grandote, pues te pones tus moños”.

Adicionalmente, Morales dijo que si bien es una iniciativa con el Gobierno de Nuevo León, hay una parte regulatoria que requerirá de permisos, trámites y autorizaciones federales y en donde tendría que haber sinergias entre las diversas dependencias.

Además, Garza añadió que durante el proceso el proyecto enfrentaría inestabilidad de los costos de construcción por su largo período de instrumentación.