FGR documenta presunta red de secuestro y extorsión ligada al CJNG y al alcalde de Tequila

Investigaciones de la FGR señalan la existencia de una estructura criminal vinculada al CJNG en Tequila, Jalisco, donde se presume que la administración del alcalde Diego ‘N’ utilizó a la policía municipal y facultades administrativas para ejecutar secuestros, extorsiones y mecanismos de presión contra la población

Diversos sectores de Tequila, Jalisco, denunciaron ante las autoridades el uso sistemático de la fuerza pública y de facultades administrativas como mecanismos de coacción, extorsión y presión política por parte del gobierno municipal

Ese patrón es el que la Fiscalía General de la República (FGR) ubica como eje central de la acusación contra Diego Rivera Navarro, presidente municipal de Tequila, a quien señala de encabezar una presunta red dedicada al secuestro, la extorsión y el control político, con supuesta protección del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

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De acuerdo con la solicitud de orden de aprehensión integrada por la FGR y consultada por Latinus, la estructura con la que habría operado el alcalde incluía a policías municipales, integrantes de su gabinete y personas señaladas en Estados Unidos por presuntos vínculos con dicha organización criminal. El documento fue presentado ante un juez el 30 de enero y cumplimentado el 5 de febrero.

En el escrito judicial, la fiscalía sostiene que Diego Rivera Navarro utilizó la fuerza institucional del gobierno municipal para ejecutar fines delictivos, lo que describe como una convergencia entre criminalidad organizada y ejercicio del poder público.

MÚLTIPLES VÍCTIMAS BRINDAN SUS TESTIMONIOS DETALLANDO EL MÉTODO DE EXTORSIÓN

El expediente federal reúne múltiples testimonios que detallan el funcionamiento del presunto esquema delictivo. Uno de ellos corresponde a un comerciante que declaró que Diego Rivera Navarro acudió a su establecimiento acompañado de colaboradores y policías municipales para exigirle pagos semanales. Según su versión, los funcionarios portaban armas de fuego y le advirtieron que, de no cumplir con las cuotas impuestas, sería privado de la libertad.

El denunciante proporcionó a la FGR números telefónicos, ubicaciones de presuntas casas de seguridad e identificó a funcionarios municipales y operadores que, según su declaración, participaron en las extorsiones.

Otro apartado del expediente recoge los testimonios de dos personas que se identificaron como excandidatos de Morena en el proceso electoral de 2021. Ambos relataron que fueron privados de la libertad, encapuchados y golpeados, para posteriormente ser trasladados a casas de seguridad donde se les exigió firmar su renuncia a las candidaturas bajo amenazas de muerte. En sus declaraciones señalaron directamente al presidente municipal como responsable.

La investigación también incluye el testimonio de un comerciante de artesanías, quien afirmó que su negocio fue clausurado tras el inicio de la administración de Rivera Navarro. Posteriormente, denunció que comenzó a recibir exigencias económicas: primero 50 mil pesos para reabrir el local y después cuotas mensuales de 20 mil pesos. Al no cubrir uno de los pagos, aseguró haber sufrido agresiones físicas, daños materiales y amenazas. Otros afectados refirieron extorsiones que alcanzaban hasta 150 mil pesos.

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FISCALÍA IDENTIFICA A FUNCIONARIOS Y OPERADORES DENTRO DE PRESUNTA RED DE SECUESTRO Y EXTORSIÓN

Con base en los testimonios y otros datos de prueba, la FGR identificó a diversas personas como presuntos integrantes de la red de secuestro y extorsión. El expediente señala a Diego Rivera Navarro como presunto líder y coordinador del esquema, así como a funcionarios municipales y operadores, entre ellos directores de Seguridad Pública, Catastro y Predial, y Obras Públicas.

También se menciona a un elemento policial identificado como Severo “N”, alias “El Rey Mago”, señalado por autoridades mexicanas y estadounidenses por una presunta colaboración con el CJNG desde 2022. Asimismo, figuran escoltas y policías municipales acusados de participar directamente en amenazas, cobros y actos de violencia, además de una referencia a la esposa del alcalde en una denuncia anónima.

CONTEXTO POLÍTICO DE LA ADMINISTRACIÓN GRUPAL

Diego Rivera Navarro asumió la presidencia municipal de Tequila en octubre de 2024, poniendo fin a un periodo de alternancia entre el Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Su candidatura fue postulada por la coalición Juntos Haremos Historia, integrada por Morena, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y el Partido del Trabajo (PT).

En sus primeras intervenciones públicas, Rivera Navarro aseguró que su gobierno se regiría por principios de honestidad y transparencia. No obstante, el inicio de su gestión estuvo marcado por diversas controversias.

SEÑALAMIENTOS Y CONFLICTOS DURANTE LA GESTIÓN DE DIEGO ‘N’

En el ámbito económico, la empresa tequilera José Cuervo presentó denuncias ante la fiscalía estatal por cobros elevados de predial y multas, mientras que el ayuntamiento argumentó presuntas faltas administrativas. Otros empresarios, incluidos hoteleros y destilerías, reportaron presiones y extorsiones relacionadas con trámites municipales.

En materia cultural, la clausura del Museo Nacional del Tequila y el uso posterior del inmueble sin autorización del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) derivaron en acusaciones por modificaciones no autorizadas y uso indebido de un bien público.

Al interior del ayuntamiento, regidoras de Morena y del PRI denunciaron en diciembre de 2025 presuntos actos de acoso político y violencia de género. Asimismo, se reportaron despidos que afectaron a más de 250 trabajadores y señalamientos sobre la imposición de uniformes con símbolos partidistas, lo que incrementó el conflicto político interno.

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En mayo de 2025, Rivera Navarro fue citado por la fiscalía estatal tras la proyección de imágenes de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, durante un evento musical, hecho que intensificó las sospechas sobre posibles vínculos con el CJNG.

El 6 de febrero de 2026, Diego Rivera Navarro fue detenido y trasladado al Centro Federal de Readaptación Social del Altiplano. De acuerdo con la información disponible, en las siguientes horas se prevé la formulación de imputación por parte de la FGR, conforme a los tiempos y procedimientos establecidos por la autoridad judicial.