Fiscalía de Nuevo León evade indagar trata de personas

Julio Oliva busca a su hija Karina, desaparecida el 7 de enero de 2015 en el municipio de Juárez, Nuevo León, a la edad de 20 años. Asegura que ella ha sido víctima de trata, pero la Fiscalía de Justicia de Nuevo León (FGJNL) no le acepta la denuncia por ese delito, le pide que lo demuestre.

Fue un miércoles la última vez que la vieron. Gloria Karina Oliva Ayala asistió a una entrevista de trabajo en un establecimiento de venta de pollo frito sobre la carretera Apodaca–Juárez, muy cerca de su casa. Después se le perdió el rastro.

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El señor Oliva ya no vivía con su hija, sin embargo, mantenía una constante comunicación con ella: paseaban o comían juntos. Se enteró de la ausencia de Karina al día siguiente, cuando su exesposa le llamó para decirle que la joven no había regresado a su casa.

De inmediato puso una denuncia ante la FGJNL por “no localización”. El término “desaparición” no estaba tipificado.

En aquel entonces, el novio de Karina le mostró una serie de mensajes de redes sociales que ella le reenviaba. Eran comunicaciones de un hombre que le había estado escribiendo. La amenazaba diciéndole que en la primera oportunidad se la llevaría con él.

“Decía ‘en cuanto salgas de tu casa te voy a robar’; cosas así”, explica Julio.

Él sabía que buscando en la cuenta de Facebook de Karina, quizá podrían rastrear el paradero de la persona que le escribía, pero la cuenta de la joven fue cerrada a los pocos días, y los investigadores no le dieron importancia a las redes sociales.

Cuando planteó a los investigadores la posibilidad de que su hija fuese víctima de trata lo desestimaron. Hasta hoy no hay denuncia por ese delito, ni en el ámbito local ni en el federal.

“No (lo consideró) en un principio, hasta que les comenté que ‘puede ser víctima de trata’, y me dice: ‘mira, ni siquiera’, me explicó el ministerial, ‘ni siquiera por desaparición; tu hija está no localizable, solamente’”, recuerda.

La Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y Para la Protección y Asistencia a las Víctimas de Estos Delitos establece que las autoridades deben recabar información en lugares públicos mediante la utilización de medios e instrumentos y cualesquier herramientas que resulten necesarias para la generación de inteligencia.

La información obtenida de la conexión del celular de Karina mostró que al día siguiente de su desaparición se hallaba en Playa Miramar, estado de Tamaulipas.

Aún con estos datos, la Fiscalía no aceptó una denuncia por trata de personas.

“Incluso, yo les hice ver toda esa situación, pero no lo consideraban, o sea, no encontraban los elementos como para que fuese eso”.

El caso del señor Oliva no es el único. Tres familiares más de mujeres desaparecidas en esta entidad afirman que existen evidencias de que la desaparición de sus hijas está relacionada con trata de personas, sin embargo, las autoridades no les permiten poner una denuncia por este delito.

En Nuevo León, la violencia se disparó en 2008: secuestros, extorsiones, cobros de piso, balaceras en lugares públicos, lanzamiento de granadas a establecimientos, ejecuciones y exposición de cuerpos y restos humanos en zonas públicas. Desde entonces, también se empezó a hablar de la desaparición de personas.

En respuesta a una serie de solicitudes de información realizadas para este reportaje, la FGJNL detalló que, de enero de 2017 a julio de 2024, se han abierto mil 428 carpetas de investigación por desaparición de mujeres. Antes de esa fecha no existían carpetas abiertas por el delito.

Además, el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas reconoce mil 574 mujeres desaparecidas o no localizadas, entre 2010 y septiembre de 2024.

En contraste, la FGJNL sólo cuenta con 212 carpetas de investigación por trata de mujeres, sin especificar el periodo de las denuncias.

La dependencia respondió que, entre 2019 y agosto de 2024, ha rescatado a 84 mujeres víctimas de trata; 65 eran menores de edad.

El enfoque diferencial y especializado

Las leyes locales de Trata y de Desaparición y Búsqueda de Personas, así como la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas establecen el “enfoque diferencial y especializado”, que reconoce la existencia de grupos de población con características particulares o con mayor situación de vulnerabilidad en razón de su edad, género, entre otros factores.

“Ciertos grupos requieren una atención especializada que responda a las particularidades y grado de vulnerabilidad de las víctimas”, se lee en la Ley para Prevenir, Atender, Combatir y Erradicar la Trata de Personas en el Estado de Nuevo León.

Y agrega: “Las autoridades deberán tomar en cuenta las características, contexto y circunstancias de la comisión de los delitos”.

Incluso, en el Protocolo Homologado para la Búsqueda de Personas Desaparecidas y No Localizadas derivado de la Ley General, se especifica la posibilidad del delito de trata.

“Existe un deber reforzado en la debida diligencia de la búsqueda de personas si se trata de niñas, niños y adolescentes, pues son particularmente vulnerables a múltiples violaciones de los derechos humanos, incluida la sustitución de su identidad, la trata de personas, la esclavitud sexual y el reclutamiento forzoso”.

La Ley General contra la Trata señala que se debe proceder de oficio con el inicio de la indagatoria, mientras que la legislación local instruye que las autoridades deben considerar como prioritarios la atención, investigación, prevención y sanción de los delitos materia de esa ley.

Falta de claridad

María Luisa Castellanos, cofundadora de la organización Buscadoras Nuevo León, afirma que la trata es un delito frente al que aún desconocen cómo proceder.

“No es muy claro cuáles son los protocolos, no son públicos”, destaca la activista que, desde la desaparición de su esposo, Nicolás Flores en 2011, ha acompañado a familiares de mujeres y hombres desaparecidos.

“Estamos en pañales, o sea, no dimensionamos qué es lo que sucede, desconocemos los procesos, desconocemos mucho sobre el tema”.

En ninguno de los casos de mujeres desaparecidas de las que tienen registro, subraya Castellanos, se ha turnado a la fiscalía encargada de atender los casos de trata de mujeres.

“Tú eres el que le abonas a la carpeta, o sea, es muy raro que sea el MP o los asesores”, reclama.

Los primeros registros de Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Nuevo León (FUNDENL) indicaron que las desapariciones de mujeres tenían la finalidad de trata.

“La presunción con los hombres es como una fuerza de trabajo para ellos, como reclutamiento forzado para las organizaciones criminales, pero con las mujeres es diferente, y lo veíamos como un tema de trata de mujeres”, explica Leticia Hidalgo, fundadora de la organización.

“Lamentablemente las usaban para explotarlas sexualmente”.

Monterrey: zona de negocios, zona de trata

El incremento de centros nocturnos, casinos y hospitales han hecho de Nuevo León un lugar fértil para la trata de personas con fines sexuales, considera el doctor en Antropología, Arun Kumar Acharya.

El antropólogo describe que la cantidad de mujeres en situación de trata traídas a la zona metropolitana de Monterrey empezó a crecer en 2007, y para 2014 llegaban a ser hasta 400. No todas se quedan en la capital, discierne, alrededor del 50% de ellas son llevadas a otras ciudades.

“Algunas se van a McAllen, algunas se van a Reynosa, Matamoros, hasta Ciudad Juárez; también Monterrey tiene contacto directo con Cancún”, detalla el académico que lideró una investigación en la que entrevistaron a 200 mujeres en situación de trata en Monterrey.

“Entonces, después se volvió una ciudad de distribución para otros estados”.

Alicia Leal, fundadora de Alternativas Pacíficas, organización con 29 años de experiencia en la operación de refugios para mujeres víctimas de violencia, confirma que el delito de trata en Monterrey está relacionado con el enfoque de negocios que tiene la ciudad, dirigidos mayormente por varones.

“Hay mucha demanda. El consumo, sobre todo en ciudades donde el punto focal económico son los negocios, entendiendo que los negocios son predominantemente manejados y operados por hombres. Entonces, ahí es donde el consumo se vuelve un mercado estable”.

Frida, otro caso bajo sospecha de trata

El domingo 29 de agosto de 2021, Frida Flores, entonces con 18 años de edad, salió a comer con una amiga en el municipio de Sabinas, Nuevo León, localizado a 104 kilómetros al norte de Monterrey.

“La empezamos a buscar, y el teléfono se apagó. Y, pues, ya no me respondió, y yo esperé toda la noche. Dije: ‘al rato regresa, y ‘al rato regresa’, y ya no regresó”, cuenta su madre, Erika Navarro.

Su hija aparece en fotos en un restaurante acompañada de su amiga Mariana, quien dijo a los investigadores que Frida se había ido con una mujer que pasó por ellas.

Erika sospecha que Mariana está involucrada en la desaparición.

“Yo digo que se la llevó a alguien, que ella le gustó a una persona, que se la hayan llevado a la fuerza, o que Mariana –siempre le he echado la culpa, que Dios me perdone–, pues que la haya vendido a alguien, porque ella anda como si nada en el pueblo”, acusa.

Hay una denuncia por desaparición, pero no por trata porque la Fiscalía no ha aceptado formalmente ese delito.

La señora recrimina la falta de disposición y preparación de las autoridades.

Pide que las busquen vivas

El jueves 28 de mayo del 2020, Ana Gabriela fue a ensayar ballet al municipio de Guadalupe. Dejó a sus dos pequeños hijos al cuidado de su madre. Tenía 23 años. Sus compañeros de baile contaron que una mujer desconocida pasó por ella.

“Estuvo recibiendo llamadas de una amiga, no sabemos quién es la amiga, y la amiga la estaba invitando a salir, y esa supuesta amiga es la que va y la recoge”, cuenta su madre, Nayeli Nolazco.

A partir de las 11:30 de la noche, el teléfono de Ana Gabriela se apagó, y ya nadie supo de su paradero. Después de buscarla por más de un día, el sábado puso la denuncia por desaparición.

Las sábanas de llamadas que se obtuvieron un mes después arrojaron que la última conexión de su teléfono celular fue en el estado de Tamaulipas.

En el caso de desaparición de Ana Gabriela Nolazco Barajas tampoco hay una denuncia por trata, pese a que los investigadores siempre mencionan a su madre la posibilidad de ese delito.

“De hecho, el caso de mi hija siempre lo manejan así, como un probable caso de trata en todas las investigaciones”, cuenta la señora Nayeli.

Reprocha que son las familias quienes prácticamente llevan la investigación, y si bien se ha considerado la posibilidad de que Ana Gabriela sea víctima de trata, en las indagatorias no observa que haya un ángulo diferenciador.

“Supuestamente, ellos empiezan a buscar por varios medios, pero en sí, alguna búsqueda especializada para las mujeres, no hay; o sea, son búsquedas generalizadas”.

Reclama que las autoridades no buscan a las mujeres desaparecidas con vida en centros nocturnos o prostíbulos.

“Siempre se busca en los campos en donde puede haber cuerpos, y es muy válido, pero yo siempre he dicho ¿y los bares?, ¿y los lugares donde pueden estar en venta las mujeres?, ¿por qué no se hacen unas búsquedas ahí?, ¿cuántas mujeres están ahí que no están bajo su voluntad?, o sea, es respetable quien esté por su voluntad, pero ¿y quiénes no tienen voluntad de estar ahí?”

Afirma que hay más madres de la organización Buscadoras Nuevo León que temen que sus hijas estén siendo víctimas de trata, pero no sabe de ninguna que haya logrado una denuncia por ese delito.

La falta de interés

La diputada local, Perla de los Ángeles Villarreal Valdez, destaca que la problemática principal es la falta de voluntad por parte de las autoridades, lo que se refleja en el desacato a la ley local contra la trata, que instituye la creación del Consejo Interinstitucional que debe sesionar cada tres meses, sin embargo, sólo se ha reunido tres veces en tres años.

“Hice varios exhortos, y a raíz de mis exhortos se reúne el Consejo con el secretario de Gobierno, pero ahí quedó, ya no se hizo más”, lamenta.

Villarreal Valdez presentó una iniciativa que fue aprobada para que el Estado realice campañas de prevención en todas las áreas de movilidad, así como centros comerciales y de esparcimiento. En otra propuesta planteó la creación de una ciberpolicía para que, con inteligencia especial, ataque el delito de trata. La iniciativa quedó en comisiones. No ha avanzado.

No quieren investigar trata

Arun Kumar explica que el desconocimiento de las autoridades sobre el delito de trata provoca que no sea catalogado de esa manera.

La justicia penal por el delito de trata, argumenta, es más severa que la de desaparición forzada.

“Las autoridades tratan de evitar catalogar a la víctima como (víctima de) trata, pero todas las desapariciones, o la mayoría, yo puedo decir la mayoría de la desaparición en México, está relacionada con la trata de personas y el tráfico de órganos”, afirma.

Información del Poder Judicial revela que entre enero de 2016 y julio de 2024 ha realizado 372 juicios por el delito de desaparición forzada de personas, con 448 personas imputadas, emitiendo 17 sentencias a 27 personas.

Sobre el delito de trata de personas, en el mismo periodo ha efectuado 97 juicios, imputando a 130 personas, dictando 54 sentencias a 71 personas.

Entró a un cuartel militar... y ya no salió

Desde el lunes 13 de junio de 2011, a Verónica Janet Garza Cabrera la esperan en casa sus cuatro hijos.

Tenía 25 años cuando salió a trabajar a un puesto de tacos que se localizaba frente al cuartel de la Séptima Zona Militar, en Apodaca, Nuevo León. Dos compañeras de trabajo pasaron por ella, pero esa noche Verónica ya no regresó.

Las investigaciones han revelado que ingresó al cuartel militar en compañía de sus dos compañeras a visitar a un grupo de soldados, pero ella no salió.

“A una de las jóvenes con las que se fue la citaron a declarar, y ella declaró que no habían ido al puesto de tacos, supuestamente, que se habían ido a trabajar al campo militar”, cuenta su madre, Catarina Cabrera Núñez.

Ante la probable participación de elementos militares en la desaparición de Verónica, la denuncia se incluyó en una carpeta de investigación ante la Fiscalía General de la República, no obstante, después de 13 años, no les han tomado declaración.

Conforme a las afirmaciones de una de las compañeras de su hija, a Verónica se la llevaron a Ciudad Juárez, Chihuahua. Aun así, no hay una denuncia por trata, y Catarina dice desconocer cómo interponerla.

En los resultados de la investigación de Arun Kumar se destaca que, sistemáticamente, las jóvenes “ganchadas” son llevadas a un estado localizado en una zona contraria a su lugar de origen.

“La mayoría venían del sur, centro y sur de México, digamos de Oaxaca, Puebla, Ciudad de México, Michoacán, Veracruz; esos son los estados, había de casi todos los estados, pero la mayoría son del centro y del sur”, dice el antropólogo.

En Nuevo León, los municipios con más alto índice de denuncias de desaparición de mujeres son Apodaca, Cadereyta, García, Escobedo, Guadalupe, Juárez, Monterrey, San Nicolás y San Pedro.

Otro dato de la investigación de Arun Kumar es que, de las primeras 50 entrevistas que realizó a víctimas de trata, 38 habían sido captadas a través de personas con quienes mantenían una relación sentimental.

Las autoridades piden la presencia de la víctima

Teresa Ulloa, representante en México de la Coalición Regional contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe (CATWLAC, por sus siglas en inglés), asevera que en las estadísticas de personas desaparecidas no se incluyen las que pudieran ser víctimas de trata.

“Entonces, esas víctimas se pierden, no están en ningún lado, no las cuantifican”, comenta.

“Siempre nos contestan que tengo que tener a la víctima rescatada para que inicien la carpeta de investigación; ellos ya no están buscando”.

Destaca que una falla importante que comete el Estado es no indagar en el universo del comercio sexual.

Las mujeres víctimas de trata son jóvenes

La edad es fundamental para quien comete el delito de trata, expone Arun Kumar. Los tratantes buscan que las víctimas tengan ciertas características, pues eso determina su valor en el comercio sexual.

Con base en información oficial, el rango de edad de las mujeres que más desaparecen en la entidad oscila entre 10 y 34 años.

“Las personas que son rubias o de color de piel blanca tienen alto precio, una chica muy jovencita, virgen, con el color de cabello rubio y blanca, la venden en más de 100 mil pesos en Nuevo León”, afirma.

“Una chica morena, virgen y menor de edad, 13 o 14 años, la venden como en 70 mil pesos. Una chica que tiene más de 20 años, la venden entre 40 mil y 50 mil pesos, y ese es el precio de Nuevo León”.

Las edades de la mayoría de las jóvenes entrevistadas por el equipo de Arun Kumar oscilaban entre los 12 y 15 años, sólo algunas estaban entre los 18 y 25.

Buscar a Karina por todo México

En 2019, Julio Oliva expandió sus pesquisas a otras entidades, esto a partir de que le aceptaron la denuncia por desaparición en la Fiscalía General de la República. Sus recorridos han sido por albergues, prostíbulos y morgues.

Ha sufrido amenazas y ataques violentos que, por momentos, lo han hecho tomar pausas, pero no desistir.

Desaprueba que las autoridades pidan presentar una prueba, o a la víctima para recibir una denuncia por trata.

“Claro que es imposible, ¿cómo vas a mostrar que es por trata?, si ni siquiera tuviste una llamada de tu familiar para decirte ‘me tienen en tal lugar’ o algo, alguna persona que venga a decir, ‘vi a tu hija que la tienen en tal lugar, la están prostituyendo, le están haciendo algo’. No sé, no puedes comprobar eso”.

Se solicitaron entrevistas con personal de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, el Poder Judicial estatal y el Instituto Estatal de las Mujeres, entre otras dependencias involucradas en el tema, pero no fueron aceptadas.