‘Fue la Fiscalía o SSPE’... Sheinbaum sobre quién autorizó participación de agentes de EU en Chihuahua

La presencia de agentes de Estados Unidos en operativos de seguridad en Chihuahua encendió un nuevo foco de tensión institucional. La presidenta Claudia Sheinbaum fue directa al abordar el tema: la autorización solo pudo haber salido de la Fiscalía estatal o de la Secretaría de Seguridad local, sin margen para otras interpretaciones dentro del marco legal mexicano.

El señalamiento no es menor. La mandataria enfatizó que cualquier colaboración con autoridades extranjeras debe apegarse estrictamente a los protocolos federales, lo que en este caso, según su postura, no ocurrió. “No hay de otra: fue la Fiscalía General de Justicia del Estado de Chihuahua o fue el secretario de Seguridad”, declaró.

Más allá de nombres o cargos, el fondo del asunto apunta a una posible violación a la Constitución y a la ley de seguridad nacional. Desde el Ejecutivo federal, se subraya que el problema no es político, sino jurídico, lo que abre la puerta a responsabilidades más allá del ámbito administrativo.

UNA INVESTIGACION QUE APUNTA A LO LEGAL

El Gobierno federal aseguró que no tuvo conocimiento previo de la participación de estos agentes. Esta omisión, en un tema de seguridad nacional, coloca el caso bajo una lupa distinta, donde la coordinación institucional resulta clave.

Sheinbaum cuestionó que la creación de una unidad de investigación a nivel estatal no resuelve el problema de fondo. Para la presidenta, el eje del debate no está en investigar los hechos, sino en entender por qué se permitió una intervención que podría estar fuera de la ley.

El enfoque, insistió, debe mantenerse en el terreno jurídico. Esto implica revisar no solo las decisiones tomadas, sino también los procedimientos que debieron seguirse y que, presuntamente, fueron omitidos.

COLABORACION INTERNACIONAL Y LIMITES LEGALES

La legislación mexicana permite la presencia de agentes extranjeros en el país, pero bajo condiciones específicas. Entre ellas, la acreditación ante la Secretaría de Relaciones Exteriores y la obligación de reportar sus actividades de manera periódica.

En este caso, el Gobierno federal analiza cómo ingresaron los agentes y si cumplieron con estos requisitos. La falta de información previa genera dudas sobre el cumplimiento de los protocolos establecidos.

A través de canales diplomáticos, México ya expresó su postura. Según la presidenta, existe coincidencia con el gobierno estadounidense en la necesidad de respetar las normas nacionales, lo que busca evitar fricciones mayores en la relación bilateral.

UN CASO QUE BUSCA NO REPETIRSE

Desde la presidencia se planteó que lo ocurrido en Chihuahua debe entenderse como un hecho excepcional. “Esperemos que sea un caso de excepción y que no se vuelva a repetir”, sostuvo Sheinbaum al referirse a la participación de los agentes.

El mensaje también alcanzó a autoridades estatales y municipales, a quienes recordó su obligación de actuar conforme a la Constitución. La advertencia es clara: el Estado de derecho no puede aplicarse de manera selectiva.

En un contexto donde la seguridad y la soberanía son temas sensibles, el caso deja abierta una discusión más amplia sobre los límites de la cooperación internacional y la responsabilidad de cada nivel de gobierno.

DATOS CURIOSOS

· La ley mexicana permite agentes extranjeros solo bajo supervisión federal

· Los agentes deben reportar actividades mensualmente ante autoridades mexicanas

· El Gobierno federal no tenía conocimiento previo del operativo en Chihuahua

· La nota diplomática busca reforzar protocolos entre México y Estados Unidos

· El caso podría implicar delitos relacionados con seguridad nacional