Caso Vanguardia: Tribunal mutila ley para frenar amparo

El Tribunal Colegiado en materias Administrativa y Civil del Octavo Circuito “mutiló” la Ley de Amparo a conveniencia en perjuicio de Grupo Vanguardia, al omitir un inciso clave para evitar que se le imponga un embargo por un juicio en el que no tiene ninguna injerencia.

Se trata de un caso más de acoso judicial a Grupo Vanguardia que especialistas calificaron de “absurdo jurídico” en donde Inmobiliaria Casanar S.A de C.V solicitó ser excluida mediante un amparo, de un embargo derivado de un juicio en donde la empresa no está involucrada.

Sin embargo, el Tribunal transcribió el artículo 61 de la Ley de Amparo, pero omitió deliberadamente el inciso c) de la fracción XVIII. Este inciso es, precisamente, el que exceptúa a las personas extrañas al procedimiento de agotar recursos ordinarios antes de acudir al amparo.

Al quitar esta protección legal de su resolución, el Tribunal pretende exigir a Inmobiliaria Casanar que responda en un juicio en el que no está involucrado.

Es decir, con la Ley de Amparo en la mano se debió de corregir de forma inmediata el abuso porque representa una afectación a derechos patrimoniales de un tercero, en este caso, Inmobiliaria Casanar, de Grupo Vanguardia, empresa que fue arrastrada ilegalmente a un juicio ejecutivo mercantil (1139/2008) en el que no es parte.

La ley permite que una persona o empresa ajena a un juicio acuda directamente al amparo cuando sus bienes son afectados sin necesidad de intervenir primero en el procedimiento.

El Tribunal Colegiado del Octavo Circuito es de reciente elección. Hasta hace meses formaba parte de él, Édgar Humberto Muñoz Grajales, exmagistrado que actuó irregular y parcialmente en contra de Grupo Vanguardia.

Expertos en Derecho consultados por VANGUARDIA señalaron que los magistrados podrían ser sujetos a procedimientos de responsabilidad administrativa por la presunta alteración del contenido de la ley, debido a su calidad de integrantes del máximo órgano jurisdiccional encargado de la tutela de derechos.

UN CASO LLENO DE IRREGULARIDADES

Pese a tener la calidad de “tercero extraño al juicio”, la entonces titular del Registro Público, Monika Elizabeth Zertuche Sánchez, y el notario Luis Ramos Escalante —quien actuó en exceso de sus facultades— marginaron medidas cautelares sobre inmuebles propiedad de Inmobiliaria Casanar S.A de C.V.

La entonces directora del Registro Público de la Propiedad procedió a marginar (registrar) medidas cautelares de embargo sobre folios mercantiles de inmuebles propiedad de Inmobiliaria Casar, que no tiene nada que ver en el juicio ejecutivo mercantil, es decir, no es parte demandada en dicho proceso.

La entonces jueza de Primera Instancia en Materia Mercantil, Elsa María del Pilar Flores Velázquez, fue quien ordenó en las medidas cautelares, incluir dolosamente en sus oficios, inmuebles a sabiendas que no eran propiedad de los involucrados en el juicio. El artículo 395 del Código Penal de Coahuila, castiga hasta con cinco años de prisión e inhabilitación hasta de 15 años a la autoridad jurisdiccional por resoluciones contrarias a los medios de prueba presentados.

Además, la entonces directora Zertuche Sánchez ignoró esta condición y afectó propiedades ajenas al litigio, basándose en un oficio que le otorgaba facultades para embargar los bienes.

Este oficio provenía del notario Luis Ramos Escalante, cuando no existe ninguna ley que lo faculte para realizar lo actos que ejecutó en este caso, es decir, actuó de forma excesiva e irregular, y, además, intervino en un ámbito fuera de su competencia.

Las presuntas acciones irregulares del notario Luis Ramos Escalante no son nuevas. Según documentos en poder de VANGUARDIA, fue el notario que dio fe que Marco Antonio Fuentes Garza fuera designado como delegado especial de la Sociedad Manuel Acuña de acuerdo con un convenio donde se solicita la terminación de un juicio del expediente 2040/2019. Es decir, “formalizó” los acuerdos que llevaron a la entrega del inmueble de la organización mutualista a través de un dudoso pagaré.

El mismo Ramos Escalante creó como notario la empresa Operadora de Estacionamientos y Pensiones de Saltillo, S.A de C.V, cuya socia es su hijastra y un extrabajador de confianza de su hermano Jesús Alberto Leopoldo Lara Escalante. Esta empresa tiene ahora la concesión para operar el estacionamiento de la Sociedad Manuel Acuña.

Además, el hostigamiento sistemático de Ramos Escalante tampoco es nuevo. Fue este notario quien dio fe de las diligencias que se tradujeron en la denuncia de Marco Antonio Fuentes Garza en el caso de la fabricación de un delito inexistente en Nuevo León en contra el Director General de Vanguardia.

Luis Ramos Escalante es notario de cabecera del exgobernador Humberto Moreira, con quien ha aparecido públicamente en fotos junto a sus respectivas familias. Luis Ramos Escalante ha sido notario en la creación o movimientos de varias empresas de Humberto Moreira o de su hijo, Rubén Humberto Moreira Guerrero como Unipolares y Espectaculares del Norte, S.A de C.V, Negocios Asesoría y Publicidad Integral Nuevo Milenio, S.A de C.V, Coahoxe, S.A de C.V, Los Tres Encinos de Arteaga, S.A de C.V, Villas de la Vid, S.A de C.V o Alitas y Hamburguesas de Saltillo, S.A de C.V, entre otras.

Por su parte, quien fuera directora del Registro Público de la Propiedad, Monika Elizabeth Zertuche Sánchez, quien participó en el registro irregular de folios que afectan propiedades de Grupo Vanguardia, trabajó en la administración del exgobernador Humberto Moreira como abogada auxiliar en la oficina de asesores de la secretaría de Gobierno de 2007 a 2009 y como Jefa del área de Quejas en la dirección de Notarías de la Secretaría de Gobierno de 2009 a 2012.

Posteriormente fue directora Jurídica del ICAI y en su paso por el Registro Público de la Propiedad, fue duramente señalada por mostrar una vida de lujos con viajes a distintos destinos del extranjero.

De confirmarse la resolución del Tribunal, cerrará una pinza que va en el mismo sentido de afectación que toda la cadena de involucrados.

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