Gastan 715 mdp para asegurar Tren Maya contra terrorismo; fue adjudicación directa
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El seguro tiene vigencia de un año, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2026, y es la segunda vez consecutiva que se contrata bajo adjudicación directa a la empresa estatal Agroasemex
El gobierno federal contrató un seguro para proteger el Tren Maya de terrorismo y sabotaje, cuyo costo fue de 715 millones de pesos.
“Este seguro ampara en todas las secciones los bienes cubiertos contra la pérdida o daño físico ocurridos durante la vigencia de esta póliza causados por un acto de terrorismo y/o sabotaje, como aquí se define”, indica el Anexo Técnico: Servicio de Aseguramiento Patrimonial del Tren Maya.
“Para propósitos de esta póliza, un acto de terrorismo significa un acto o serie de actos que incluye el uso de la fuerza o violencia por parte de cualquier persona o grupo(s) de personas, ya sea que actúen por cuenta propia o en representación de o en conexión con cualquier organización(es), cometidos con propósitos políticos, religiosos o ideológicos, incluyendo la intención de influenciar sobre cualquier gobierno y/o para sembrar miedo en el público para dichos propósitos”.
“Esta cobertura se basa en los términos de la Lloyd’s Market Association con código LMA 3092”, señala el documento al que accedió EL UNIVERSAL.
El seguro tiene vigencia de un año, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2026, y es la segunda vez consecutiva que se contrata bajo adjudicación directa a la empresa estatal Agroasemex, que ha sido señalada de irregularidades.
En caso de que sufra algún acto de terrorismo, el Tren Maya recibirá hasta 300 millones de pesos, lo cual forma parte de la cobertura máxima de responsabilidad, que llega a 11 mil 755 millones de pesos.
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo niega que existan actos de terrorismo en México y opina que el concepto abre la puerta a la injerencia de Estados Unidos en materia de seguridad en el país.
La relevancia de la cobertura y el término de terrorismo creció en los últimos años por la presión de la Casa Blanca sobre el gobierno mexicano, al catalogar a los cárteles de drogas y organizaciones criminales como terroristas.
Las regulaciones del Departamento de Estado permiten actuar al gobierno estadounidense contra organizaciones terroristas incluso fuera de sus fronteras.
“PROBLEMA DE DEFINICIÓN”
Desde hace décadas, el problema es amplio con la terminología internacional, pero ahora destaca por la situación bilateral entre México y Estados Unidos, explicó Javier Oliva, coordinador del seminario en Estudio de Defensa, Seguridad e Inteligencia de la Universidad Autónoma de México (UNAM).
“Es un problema de la definición en el Código Penal Federal (CPF), porque no deja claro qué es. Sabemos que hay actos que generan terror como los coches bomba, pero no son por asuntos étnicos, religiosos o separatistas, o que busquen afectar a un gobierno, derrocarlo o imponer otro, como se ve en otras regiones del mundo”, dijo.
“La determinación de Estados Unidos deja a México con ocho organizaciones terroristas e Irak sólo tiene tres. Entonces, el gobierno mexicano no puede decir que los coches bomba, eventos de violencia o similares que sí crean terror son llevados a cabo por terroristas y permitir que vengan las fuerzas armadas de Estados Unidos”, comentó.
Si bien se afecta el Estado de derecho, no se busca imponer un nuevo gobierno, sino debilitarlo y controlar parte de éste, por lo que es un tema de definición del CPF y también a nivel internacional, dijo en entrevista con este diario.
“La postura de la Presidenta está bien, pero se debe ajustar esa definición y aun así dejar en claro que México no está exento de estos casos, porque en el país no pasa lo que sí sucede en otras regiones como Medio Oriente, donde los actos terroristas implican religión, tierra, etnias o que las personas se inmolen”, apuntó Javier Oliva.
Mencionó que el artículo 139 del CPF sólo explica que el terrorismo es cuando se “produzcan alarma, temor o terror en la población o en un grupo o sector de ella, para atentar contra la seguridad nacional o presionar a la autoridad o a un particular, u obligar a éste para que tome una determinación”.
ADJUDICACIÓN DIRECTA
Juan Carlos Machorro, especialista en infraestructura y socio de la firma Santamarina y Steta, opinó que proteger el Tren Maya contra actos terroristas y sabotaje está en línea con las prácticas internacionales.
Sin embargo, consideró preocupante que la contratación haya sido mediante adjudicación directa a Agroasemex, que forma parte del gobierno federal y está supuestamente especializada en el sector agrícola.
