Inquieta a empresarios nuevo poder judicial politizado en México
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Con un poder judicial al servicio de Morena se corre el riesgo de empoderar más al Gobierno, por ejemplo, en acciones de expropiación
La perspectiva de un poder judicial politizado en México y con menos experiencia en asuntos comerciales sigue inquietando a los empresarios, provocando desconfianza sobre la capacidad del sistema legal para proteger la inversión, advirtió el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS, por sus siglas en inglés).
El CSIS organizó un panel con especialistas para analizar los efectos de la reforma judicial y recopiló las tres principales preocupaciones en el sector empresarial sobre ella:
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Atrasos en resoluciones de casos
Debido al paro de labores de empleados del sistema contra de la reforma, el largo proceso de aprendizaje de los jueces recién nombrados y la eliminación de las salas especializadas del Tribunal Supremo, muchos asuntos serían turnados al pleno del tribunal, lo que provocarÌa más demoras y dañaría la eficiencia del poder judicial.
Sectores estratégicos como el de energía, de infraestructura y telecomunicaciones, que dependen de decisiones rápidas y predecibles para mantenerse competitivos, serían los más vulnerables.
Comportamiento depredador del Estado
Con un poder judicial al servicio de Morena se corre el riesgo de empoderar más al Gobierno, por ejemplo, en acciones de expropiación, que ya se han presentado en la industria minera.
El Gobierno podría recurrir a más litigios agresivos contra empresas nacionales e incluso internacionales para generar ingresos y/o controlar activos que considera estratégicos. Esto favorecería a las empresas estatales sobre las privadas.
Ganar un caso contra tribunales controlados por el Estado se volverÌa casi imposible.
Penetración del crimen
Exponer al poder judicial al proceso electoral ofrece a los grupos criminales una oportunidad directa de ejercer control al nominar, financiar o manipular candidatos.
La posible profundización de la corrupción institucional levanta una seria señal de alerta para inversionistas y empresas, dado que muchas multinacionales operan en áreas del país fuertemente influenciadas por grupos criminales.
