Nancy Nápoles, alcaldesa de Tenancingo, es imputada por presunta simulación de secuestro
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Nancy Nápoles fue imputada por presunta simulación de secuestro; rechaza las acusaciones y asegura que sí fue privada de la libertad
La presidenta municipal de Tenancingo, Estado de México, Nancy Nápoles Pacheco, fue imputada por el presunto delito de simulación de secuestro, en un caso que continúa bajo investigación y que ha derivado en un proceso judicial en el que las autoridades buscan esclarecer si la supuesta privación ilegal de la libertad fue planeada o si, como sostiene la edil, realmente fue víctima de un secuestro.
La audiencia inicial de formulación de imputación se realizó después de que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México integrara una carpeta de investigación en la que plantea que la presunta privación de la libertad habría sido organizada con el propósito de obtener una suma de dinero y justificar un supuesto faltante de 40 millones de pesos en las finanzas del Ayuntamiento de Tenancingo.
No obstante, la presidenta municipal rechazó de manera categórica las acusaciones, negó que exista un desfalco en la administración municipal y reiteró que fue víctima de un secuestro.
FISCALÍA INVESTIGA PRESUNTA SIMULACIÓN DE SECUESTRO
De acuerdo con la investigación ministerial, la Fiscalía mexiquense sostiene que el presunto secuestro habría formado parte de un montaje en el que participaron diversas personas, con el objetivo de obtener un beneficio económico y justificar presuntas irregularidades financieras dentro del gobierno municipal.
Como parte del procedimiento penal, el Ministerio Público formuló imputación contra Nancy Nápoles Pacheco por el delito de simulación de secuestro, mientras las investigaciones continúan para determinar el grado de participación de cada uno de los involucrados.
El caso se encuentra aún en etapa inicial, por lo que las autoridades continúan recabando pruebas para sustentar su investigación.
AUDIENCIA SE REALIZÓ DE FORMA PRIVADA
A petición de la defensa de la alcaldesa, el juez que conoce la causa penal determinó que la audiencia inicial se desarrollara de manera privada.
Por esta razón, el acceso fue restringido tanto al público como a los representantes de los medios de comunicación.
Durante la diligencia únicamente compareció Nancy Nápoles Pacheco para atender la formulación de imputación presentada por la Fiscalía.
ESPOSO Y CUÑADO DE LA ALCALDESA NO ACUDIERON ANTE EL JUEZ
En contraste con la presencia de la presidenta municipal, José Roberto “N”, esposo de la edil, y Cristian “N”, identificado como su cuñado, no comparecieron ante la autoridad judicial.
Debido a su inasistencia, el juez los declaró sustraídos de la acción de la justicia, por lo que actualmente son considerados prófugos mientras continúan las investigaciones relacionadas con el caso.
Las autoridades mantienen su búsqueda para lograr su localización y presentación ante la autoridad competente.
TRES PERSONAS YA ENFRENTAN PROCESOS POR ESTE CASO
Antes de la audiencia contra la alcaldesa, las autoridades habían detenido a Christian “N”, Karla Valeria “N” y Víctor Manuel “N”, quienes enfrentan procesos judiciales relacionados con la presunta simulación del secuestro.
La Fiscalía sostiene que estas personas habrían participado tanto en la planeación como en la ejecución del presunto montaje que dio origen a la denuncia presentada por la propia presidenta municipal.
Las investigaciones permanecen abiertas con el propósito de determinar el nivel de responsabilidad de cada uno de los implicados.
NANCY NÁPOLES RECHAZA LAS ACUSACIONES
Desde el inicio de las investigaciones, Nancy Nápoles ha sostenido que las imputaciones forman parte de una estrategia política dirigida a desacreditar su administración.
La alcaldesa afirmó que no existe ningún faltante de recursos públicos dentro del Ayuntamiento de Tenancingo y rechazó las versiones que señalan un presunto desvío de 40 millones de pesos.
Asimismo, aseguró que la investigación responde a intereses políticos de un funcionario subordinado de la Secretaría General de Gobierno del Estado de México, quien, según su versión, busca competir por la presidencia municipal e impedir que ella pueda buscar la reelección.
La edil también reiteró que efectivamente fue privada de la libertad y manifestó que las investigaciones terminarán por confirmar su versión de los hechos.
HORACIO DUARTE PIDE EVITAR ESPECULACIONES
Ante las declaraciones realizadas por la presidenta municipal, el secretario general de Gobierno del Estado de México, Horacio Duarte Olivares, llamó a permitir que las instituciones encargadas de procurar justicia desarrollen las investigaciones con autonomía.
El funcionario señaló que toda acusación debe sustentarse con pruebas y que las diferencias deben resolverse dentro del marco jurídico.
“Yo respeto la declaración de la presidenta. Lo que hemos dicho siempre es que, si alguien acusa, hay un principio legal: está obligado a probar. Entiendo que es una declaración que se da en medio de un debate jurídico derivado de una investigación de la fiscalía. Debemos ser respetuosos con ella; si considera que existe algún elemento, tiene que presentarlo y con gusto lo atenderemos”, declaró ante medios locales.
Asimismo, rechazó las versiones que apuntan a una presunta persecución política desde el Gobierno estatal.
“Ella señaló que había algún personaje de la Secretaría (de Gobierno), el tema es que ella, en todo caso, debe demostrar, el tema se debe dirimir en el terreno jurídico”, expresó.
INVESTIGACIÓN CONTINÚA PARA DEFINIR LA SITUACIÓN JURÍDICA DE LA ALCALDESA
El proceso judicial continuará en las próximas audiencias, en las que se determinará la situación jurídica de Nancy Nápoles Pacheco conforme avance la investigación.
Paralelamente, las autoridades mantienen la búsqueda de José Roberto “N” y Cristian “N”, quienes no acudieron ante el juez y fueron declarados sustraídos de la acción de la justicia.
Mientras tanto, la Fiscalía del Estado de México continúa recabando elementos de prueba para establecer si existió o no la presunta simulación de secuestro denunciada por el Ministerio Público y determinar la responsabilidad de cada una de las personas involucradas en el caso.