Plan B de Claudia Sheinbaum: se salvan partidos de recorte presupuestal

La Presidenta Claudia Sheinbaum enviará hoy al Senado su propuesta de Plan B en materia electoral, que plantea recortes y topes al gasto de autoridades electorales, congresos locales y municipios, pero no toca al gasto de los partidos políticos.

Aunque la Mandataria había planteado inicialmente someter a consulta ciudadana el financiamiento a las fuerzas políticas, la iniciativa no contemplará ese mecanismo ni modificaciones a las prerrogativas.

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“Ya no pudo bajar el presupuesto de los partidos políticos, pero si estamos poniendo en la ley que se transparente en todos los recursos”, sostuvo.

La propuesta mantiene el enfoque en disminuir privilegios en el sistema electoral, con medidas dirigidas a autoridades electorales y estructuras locales.

“Vamos a seguir insistiendo en que el INE debe bajar su presupuesto y que los partidos políticos no deben destinar tanto recursos no se debe destinar tanto recursos a los partidos. Esto no pasó”, dijo.

El proyecto establece un tope a las remuneraciones de consejeros del INE y altos funcionarios, así como de los organismos públicos locales electorales y de los tribunales electorales locales, quienes no podrán ganar más que la Presidenta.

También contempla la eliminación de prestaciones adicionales como bonos, seguros de gastos médicos mayores e ingresos extra para altos funcionarios del sistema electoral.

“Se trata de poner un tope a la remuneraciones del INE de los consejeros y no solamente los consejeros, sino de los altos funcionarios”, explicó la Secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez.

PARA PARTIDOS

En materia de fiscalización, se establece la obligación de que los partidos políticos reporten en tiempo real sus operaciones financieras mediante un sistema bancarizado, así como la posibilidad de que el INE firme convenios con autoridades como la Unidad de Inteligencia Financiera para revisar el origen de los recursos.

“El INE podrá firmar un convenio con la UIF, con Secretaría de Hacienda, y en caso de que considere que es necesario la revisión de alguna aportación de una campaña”, señaló Rodríguez.

Además, se prohíbe el uso de recursos ilícitos o de origen no comprobable en campañas, así como la recepción de financiamiento del extranjero y aportaciones en efectivo.

La propuesta incorpora también la obligación de transparentar las remuneraciones de los dirigentes de partidos políticos y establece un tope a sus ingresos equivalente a mil 500 UMAs.

LOS TOPES

En el ámbito local, la iniciativa fija un límite presupuestal a los congresos estatales equivalente al 0.70 por ciento del presupuesto de cada entidad, con la condición de que quienes estén por encima reduzcan su gasto y quienes estén por debajo no puedan incrementarlo en términos reales.

En los municipios, se plantea reducir el número de regidores a un rango de entre siete y 15, dependiendo del tamaño de la población, así como limitar a una sindicatura por Ayuntamiento.

“El planteamiento es que de acuerdo a la población del municipio vaya de siete a 15 y que ningún regidor ningún Presidente Municipal pueda ganar más ni se puede asignar bonos ni nada que tenga que ver con uso de los recursos públicos para uso personal más allá de su salario”, afirmó.

Los ahorros derivados de la reducción de regidurías y del gasto en congresos locales deberán destinarse a obras de infraestructura pública en municipios y estados.

La iniciativa también incluye una reducción progresiva del gasto en el Senado, con un ajuste que podría alcanzar hasta el 15 por ciento.

En los procedimientos electorales, se plantea que los cómputos de las elecciones federales y locales inicien al concluir la jornada, con la llegada del primer paquete, y no días después.

“En ese instante empieza el cómputo que objetivo tiene evitar que haya cualquier manipulación en esos dos días o tres días”, explicó la titular de Gobernación.

DOS FECHAS

El proyecto mantiene la figura de la revocación de mandato, pero propone que pueda realizarse el primer domingo de junio del tercer o cuarto año de gobierno, es decir, en 2027 o 2028, dependiendo de cuándo sea solicitada por la ciudadanía.

“Se propone la realización el primer domingo de junio del tercero o cuarto año de gobierno, es decir, en 2027 o 2028”, indicó.