Plan B de Sheinbaum... ¿Qué es lo que quedó de la propuesta electoral original?

La discusión del llamado Plan B de la presidenta Claudia Sheinbaum ha entrado en una nueva etapa tras el trámite de publicidad aprobado en la Cámara de Diputados. El dictamen, que plantea modificaciones a la estructura de los ayuntamientos y a los presupuestos de los congresos locales, perfila una reforma con efectos directos en el funcionamiento del sistema electoral mexicano.

En su planteamiento más reciente, la iniciativa establece un marco nacional obligatorio que limita el crecimiento del gasto legislativo y redefine la integración municipal. La intención central, según el documento, es reforzar la austeridad, la disciplina presupuestaria y la eficiencia en el uso de recursos públicos destinados a tareas electorales.

“Cualquier disposición, acto de autoridad o determinación presupuestal que contradiga los límites será considerada nula de pleno derecho”, señala el dictamen, en una de las cláusulas más estrictas del proyecto. Este principio busca cerrar la puerta a interpretaciones discrecionales en el manejo de recursos.

CAMBIOS EN AYUNTAMIENTOS Y REVOCACIÓN DE MANDATO

Uno de los puntos más relevantes del Plan B es la modificación al artículo 115 constitucional, que fija un rango específico para las regidurías municipales. A partir de la reforma, los cabildos deberán integrarse por entre siete y quince miembros, eliminando la flexibilidad que antes tenían los estados para definir su tamaño.

En paralelo, la propuesta introduce cambios en la revocación de mandato. Con el respaldo de al menos el 3% de la lista nominal distribuida en 17 entidades, este mecanismo podría activarse en el segundo o tercer año de gobierno, ampliando el margen respecto a la regulación anterior.

Un elemento que ha generado debate es la posibilidad de que los funcionarios sujetos a revocación puedan promover el voto a su favor. La condición es clara: no podrán utilizar recursos públicos, contratar propaganda ni acceder a tiempos oficiales, lo que delimita el alcance de esta participación.

TOPES PRESUPUESTALES Y CONTROL DEL GASTO ELECTORAL

En materia financiera, la reforma impone un límite concreto: los congresos locales no podrán ejercer más del 0.7% del presupuesto de egresos de su entidad. Además, aquellos que ya se encuentren por debajo de este umbral no podrán incrementar su gasto real a partir de 2026.

El ajuste también alcanza al Senado, que deberá reducir su presupuesto en un 15% real de forma progresiva durante cuatro años. Esta medida, según el dictamen, no podrá afectar los derechos laborales del personal, lo que introduce un equilibrio entre austeridad y estabilidad laboral.

Otro punto clave es la prohibición de ampliaciones o transferencias que incrementen los recursos asignados a los congresos. En términos prácticos, esto blinda los techos presupuestales y limita maniobras administrativas para elevar el gasto.

SUELDOS, PLAZOS Y DESTINO DE LOS AHORROS

El Plan B también redefine los límites salariales en el ámbito electoral. Ningún funcionario del INE, tribunales electorales u organismos locales podrá percibir un salario superior al de la Presidencia, en apego al artículo 127 constitucional.

El calendario de implementación es preciso. El Congreso de la Unión y las legislaturas estatales tendrán hasta el 30 de mayo de 2026 para armonizar sus leyes. Mientras tanto, las disposiciones constitucionales serán de aplicación directa, incluso por encima de normativas locales que entren en conflicto.

Un dato curioso es el destino etiquetado de los recursos ahorrados. Estos deberán dirigirse exclusivamente a infraestructura pública municipal, integrándose al patrimonio de las haciendas locales. La medida busca que los recortes tengan un impacto tangible en obras y servicios para la población.

En conjunto, el avance del Plan B de Sheinbaum refleja una evolución respecto a su propuesta original, con ajustes que refuerzan el control del gasto y redefinen reglas clave del sistema político-electoral mexicano.