Prohibición a vapeadores entrega 5 millones de dispositivos por mes al crimen: activistas

Activistas alertaron que la reforma que prohíbe la venta de vapeadores en México entrega al crimen organizado al menos cinco millones de dispositivos al mes para su comercialización clandestina.

El presidente del colectivo México y el Mundo Vapeando, Juan José Cirión Lee, lamentó que “hayan consumado prohibir el vapeo en el País”, sin considerar a los consumidores y usuarios.

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Cirión Lee dijo que hay suficiente evidencia científica en países como Francia y Reino Unido, donde los vapeadores forman parte de políticas públicas para combatir el tabaquismo, pues son hasta 95 por ciento menos dañinos que los cigarros convencionales de tabaco.

Por ello, el activista afirmó que la reforma aprobada por la Cámara de Diputados y el Senado “formaliza la entrega del mercado del vapeo a bandas criminales”, que se han visto favorecidas por una política prohibicionista que se emprendió desde 2020, cuando se expidieron decretos presidenciales contra vapeadores y continuó con una reforma constitucional aprobada en diciembre de 2024.

De acuerdo con datos de la organización, en México hay alrededor de 2.8 millones de consumidores de vapeadores, de los que 2.3 millones compran dispositivos desechables que se usan en promedio una semana, por lo que al mes se adquieren 5.2 millones de esos productos que ahora se distribuirán y comercializarán por parte de bandas criminales.

Cirión Lee, pidió finalmente que, en lugar de la reforma, se debe avanzar en la formulación de un marco regulatorio en el que se definan las reglas para la importación, distribución y venta de vapeadores.

“Esto, bajo el entendido de que legislen a favor de la salud pública y no sigan líneas políticas que resultarán muy dañinas para el país: como el fondeo a bandas criminales, consumo entre menores, evasión fiscal, además de entorpecer el combate al tabaquismo; generar conflictos con Estados Unidos; entre otros flagelos”, finalizó.

La reforma aprobada esta semana por el Congreso federal establece sanciones de uno a ocho años de prisión y multas de hasta 226 mil 280 pesos para quien venda vapeadores en territorio mexicano.