Red ligada con Raúl Rocha habría utilizado pacas de ropa para transportar armas
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La FGR vincula al empresario Raúl Rocha Cantú con una estructura dedicada al tráfico de armas y combustible, con operaciones en México y Guatemala
La Fiscalía General de la República (FGR) señala al empresario regiomontano Raúl Rocha Cantú, copropietario del certamen Miss Universo, como parte de una estructura delictiva con operación en México y Guatemala, dedicada al tráfico de armas, huachicol y que utilizaba pacas de ropa para actividades relacionadas con narcotráfico.
De acuerdo con documentos internos y testimonios contenidos en la carpeta de investigación FED/FEMDO/FEITATA-MEX/0000928/2024, la organización habría articulado un esquema logístico y financiero para introducir armamento al país, distribuirlo a grupos criminales y obtener protección institucional mediante pagos a funcionarios.
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ARMAS DE FUEGO FUERON TRAFICADAS SIENDO ESCONDIDAS EN PACAS DE ROPA DESDE GUATEMALA
La información atribuida a Latinus refiere que la red introducía armas de fuego ocultas en autobuses comerciales que transportaban pacas de ropa y mercancía irregular desde la frontera con Guatemala. El cargamento tenía como punto de llegada la Ciudad de México, específicamente la zona de plaza Pino Suárez, ubicada a poca distancia de Palacio Nacional. Desde ese punto, operadores asignados realizaban la distribución del armamento.
Según la FGR, los destinatarios de este material incluían a organizaciones como el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), La Unión Tepito, La Chokiza y el Grupo Sombra de Veracruz.
La comercialización se llevaba a cabo por dos vías: transacciones presenciales y coordinación digital, especialmente a través de un canal administrado por un individuo identificado como “Kevin”, señalado como encargado de la venta en la capital.
El perfil de WhatsApp de “Kevin”, descrito en el expediente, se convirtió en una pieza relevante dentro de las comunicaciones que permitían organizar entregas, pagos y modificaciones en las rutas de distribución.
EMPRESAS FACHADA Y OPERADORES FINANCIEROS LIGADOS A RED DE TRÁFICO RELACIONADAS CON RAÚL ROCHA
El expediente describe una estructura corporativa diseñada para ofrecer apariencia legal a actividades relacionadas con el tráfico de armas y combustible. Entre los señalados se encuentra Jacobo Reyes León, conocido como “Yaicob” o “El Lic”, identificado como socio de Jorge Enrique Alberts Ponce, señalado también en las indagatorias.
Reyes León administraba empresas de seguridad privada, entre ellas Valvón Servicios Integrales, que, según la investigación, funcionaban como fachadas para la logística, almacenamiento y movilidad del armamento. Alberts Ponce, por su parte, aparece vinculado con compañías relacionadas con energía, seguridad y desarrollo inmobiliario, como Acurgen S.A. de C.V. y Seicsa, presuntamente empleadas para operaciones de lavado de capital o contratación pública.
Además de estas figuras, la FGR identifica a otros operadores, como:
- Daniel Roldán Morales (“El Inge”), señalado como responsable técnico y de control de ganancias.
- Sergio Hurtado Perea (“Ingeniero Hurtado”), asociado a actividades de almacenamiento y traslado de hidrocarburos.
- Alejandro Jacob Álvarez Arriaga (“Ale”), relacionado con logística y apoyo financiero.
INFILTRACIÓN Y PRESUNTA COMPRA DE INFORMACIÓN DENTRO DE LA FGR
Una de las líneas de investigación más desarrolladas apunta a la infiltración institucional lograda por la red. Los documentos refieren el presunto pago de sumas que iban desde 120 mil hasta dos millones de pesos a funcionarios adscritos a la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO). La entrega del dinero habría estado a cargo de Jacobo Reyes León.
Entre las personas mencionadas se encuentran:
- Mari Carmen Ramírez Rodríguez (“La Fiscal”), actualmente detenida y vinculada a proceso.
- Diego Adrián Mendoza Pérez, también agente de la FEMDO.
De acuerdo con el expediente, estos funcionarios proporcionaban copias de carpetas, actualizaciones procesales y alertas sobre operativos o cateos próximos. Esta información facilitaba a la red anticipar acciones judiciales, modificar rutas, bloquear procesos o eliminar evidencias.
Asimismo, se menciona a Elizabeth Muzquiz Pineda, jueza federal, por presunta intervención en resoluciones favorables a la organización, aunque los detalles sobre su participación permanecen bajo reserva.
Otros nombres incluidos en la estructura son Paul Manrique Miranda, señalado como comandante y enlace para asegurar la circulación de armamento y combustible robado, además de colaboradores auxiliares como Sergio Abraham Lara Paz, Jeny Guzmán Cintora o Cintura y Jorge Alberto Gallegos Díaz.
CENTRO DE OPERACIÓN Y PUNTOS LOGÍSTICOS UTILIZADOS POR LA RED CRIMINAL
La FGR identifica varios espacios utilizados por la red tanto para el almacenamiento como para la distribución de armas y combustible. Entre ellos se encuentra un patio conocido como “La Espuela”, ubicado en Querétaro, así como estaciones de servicio presuntamente controladas por la organización.
Empresas privadas de seguridad también habrían tenido un papel relevante, al proveer estructuras legales, vehículos y personal que facilitaban el movimiento de cargamentos ilícitos.
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ESTO ES LO QUE SE SABE SOBRE LA ORDEN DE APREHENSIÓN EN CONTRA DE APREHENSIÓN CONTRA ROCHA CANTÚ
El 15 de noviembre de 2025, la FGR emitió órdenes de aprehensión contra 13 personas relacionadas con la red criminal. Hasta la fecha, únicamente una funcionaria ha sido detenida.
Rocha Cantú, por su parte, se acogió a un criterio de oportunidad y actualmente figura como testigo colaborador de la fiscalía.
Las investigaciones continúan bajo reserva, mientras se analizan transacciones bancarias, comunicaciones y movimientos transfronterizos vinculados con los implicados.
Con información de INFOBAE
