Ruptura en la SEP: anuncian arranque de la Red Nacional de Comités en Defensa de la Nueva Escuela Mexicana
El CoDeNEM acusa a la SEP de remover injustificadamente a Marx Arriaga Navarro y de intentar modificar contenidos históricos de los libros escolares, lo que consideran un retroceso
Los Comités para la Defensa de la Nueva Escuela Mexicana (CoDeNEM) emitieron un enérgico posicionamiento este 23 de febrero de 2026, denunciando lo que califican como una “traición” a los principios de la Cuarta Transformación (4T) por parte de la actual dirigencia de la Secretaría de Educación Pública (SEP).
La organización civil y magisterial acusa directamente al titular de la SEP, Mario Delgado, de orquestar una “invasión violenta e ilegal” a la Dirección General de Materiales Educativos y de ejecutar el cese injustificado de Marx Arriaga Navarro, figura clave en la creación de los actuales Libros de Texto Gratuitos (LTG).
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UN CONFLICTO DE VISIONES: ¿REGRESIÓN O TRANSFORMACIÓN?
El documento emitido por el CoDeNEM sostiene que la administración de Delgado ha abandonado el sueño de una educación democrática y emancipadora para convertirlo en una “pesadilla” burocrática. Según los comités, funcionarios con perfiles neoliberales se han instalado en puestos estratégicos para operar bajo las órdenes de grupos empresariales y del bloque conservador.
Como prueba de esta supuesta colusión, el posicionamiento señala una coincidencia directa entre las propuestas del documento “Voces desde el aula” (publicado por la organización Mexicanos Primero en agosto de 2025) y las recientes acciones de la SEP, que incluyen modificaciones curriculares y la remoción de funcionarios.
PUNTOS CLAVE
Despido de Marx Arriaga: Calificado como “violento e ilegal”, el CoDeNEM afirma que se ignoraron derechos laborales y se utilizó a la policía para desalojar al funcionario de su centro de trabajo.
Modificación de contenidos: Se acusa un intento de eliminar “contenidos incómodos” de los libros de texto, específicamente aquellos relacionados con la memoria histórica, como la matanza de 1968, la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa y la “Guerra Sucia”.
Privatización encubierta: Los comités alertan sobre una ruta para “neoliberalizar” la educación básica y devolver el diseño de materiales a editoriales privadas.
DEMANDAS Y EXIGENCIS AL GOBIERNO FEDERAL
El magisterio insurgente que respalda este documento ha lanzado un llamado directo a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, solicitando su apoyo para enfrentar la resistencia de la institución a refundarse. Entre sus exigencias principales destacan:
Destitución inmediata: Solicitan la salida de Mario Delgado y de los funcionarios que “han mentido, robado y traicionado” los principios de la 4T.
Reparación del daño: Exigen que el Gobierno Federal dignifique la figura de Marx Arriaga Navarro y asuma la responsabilidad por el trato recibido.
Respeto al proceso asambleario: Demandan que se respete el trabajo de los miles de docentes que diseñaron los LTG y el marco pedagógico de la Nueva Escuela Mexicana.
”Si la SEP decidió regresar a una educación neoliberal, debe entender que la ruta legal implica primero modificar el artículo 3° constitucional y la Ley General de Educación”, advierte el comunicado.
INICIO DE LA RESISTENCIA NACIONAL
Ante lo que consideran una falta de apertura al diálogo por parte de las autoridades educativas, el CoDeNEM anunció este lunes la instalación formal de la Red Nacional de Comités de Defensa en todo el país.
De acuerdo con el posicionamiento, se formaron comités en cada estado de la República, entre ellos Coahuila, con el objetivo de articular a docentes, madres y padres de familia, así como a comunidades escolares, en defensa del modelo pedagógico impulsado durante la 4T. Estos espacios buscarán organizar a las comunidades educativas para evitar lo que llaman una “regresión” en la propuesta educativa.
El posicionamiento concluye con una advertencia sobre la “revolución de las conciencias”: los comités aseguran que no serán ingenuos y que recurrirán a la construcción del “poder popular” para obligar al Estado a mantener una educación popular y crítica.
Hasta el cierre de esta nota, la Secretaría de Educación Pública no ha emitido una respuesta oficial ante estas acusaciones de “invasión” y “arbitrariedades” laborales.
