Sheinbaum pide a la FGR un informe sobre Brenda Quevedo y el caso Wallace tras casi 20 años sin sentencia
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Claudia Sheinbaum instruyó solicitar a la FGR un informe sobre Brenda Quevedo, procesada por el caso Wallace y aún sin sentencia definitiva
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo instruyó este martes a la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, solicitar a la Fiscalía General de la República (FGR) un informe sobre el caso de Brenda Quevedo Cruz, una de las personas procesadas por el denominado caso Wallace y cuyo proceso judicial permanece sin sentencia después de casi dos décadas.
La instrucción fue emitida durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, luego de que un reportero cuestionó a la mandataria sobre la situación jurídica de Quevedo y las posibles vías para resolver el expediente.
Durante el intercambio, el periodista planteó tres escenarios para destrabar el proceso: que un juez de instrucción emita una sentencia absolutoria, que la FGR retire los cargos o que exista una intervención del Gobierno federal. También recordó que tanto organismos nacionales como internacionales se han pronunciado sobre el caso sin que, hasta ahora, se haya emitido una resolución definitiva.
Ante ello, Sheinbaum respondió de manera breve:
“Le pedimos a Rosa Isela que le pida a la fiscal que pueda informar”, expresó la mandataria, en referencia a la titular de la Fiscalía General de la República, Alejandra Piedra Ibarra.
Con esta instrucción, el caso de Brenda Quevedo fue abordado por primera vez de manera pública durante la actual administración federal.
DOS DÉCADAS SIN SENTENCIA EN EL CASO WALLACE
Brenda Quevedo Cruz tiene actualmente 45 años y permanece bajo arresto domiciliario en un departamento ubicado en la Ciudad de México.
Desde hace aproximadamente un año y medio cumple esa medida cautelar con un brazalete electrónico y vigilancia permanente de la Guardia Nacional, luego de haber permanecido más de 15 años privada de la libertad en distintos centros penitenciarios.
A lo largo de su proceso estuvo recluida en el penal de Santiaguito, el complejo penitenciario de Morelos, las Islas Marías y el Centro Femenil de Reinserción Social.
Su situación jurídica continúa sin resolverse, ya que el proceso iniciado hace casi 20 años permanece sin sentencia definitiva.
ASÍ COMENZÓ EL CASO WALLACE
El expediente conocido como caso Wallace se originó el 11 de julio de 2005, cuando Hugo Alberto Wallace Miranda, empresario del sector restaurantero y del entretenimiento, fue reportado como desaparecido en la Ciudad de México.
Dos días después, su madre presentó la denuncia correspondiente e inició una campaña pública para exigir el esclarecimiento de los hechos, convirtiendo el caso en uno de los procesos penales de mayor exposición mediática en el país.
De acuerdo con la versión presentada por la entonces Procuraduría General de la República y posteriormente sostenida por la Fiscalía, Brenda Quevedo habría participado en el secuestro y presunto homicidio de Wallace junto con otros acusados.
La acusación se sustentó principalmente en diversas declaraciones ministeriales, entre ellas la confesión de Juana Hilda González Lomelí, prueba que años después fue invalidada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación al determinar que había sido obtenida mediante actos de tortura.
DETENCIÓN, EXTRADICIÓN Y DENUNCIAS DE TORTURA
Brenda Quevedo fue detenida en Estados Unidos en 2007 y extraditada a México en 2009 para enfrentar el proceso penal.
Desde entonces, el expediente ha estado acompañado de denuncias relacionadas con presuntas violaciones al debido proceso, prisión preventiva prolongada y actos de tortura.
En una entrevista concedida al diario La Jornada, Quevedo relató que fue víctima de dos episodios de tortura física y sexual mientras permanecía bajo custodia.
Según su testimonio, el primero ocurrió en noviembre de 2009 en el Centro Federal de Readaptación Social de Santiaguito y el segundo el 12 de octubre de 2010 en las Islas Marías.
Durante esa entrevista afirmó que el objetivo de esas agresiones era obligarla a firmar una confesión relacionada con el presunto asesinato de Hugo Alberto Wallace.
“Querían que firmara una confesión admitiendo el asesinato. No firmé nada”, declaró.
SEÑALA IRREGULARIDADES EN EL PROCESO JUDICIAL
En la misma entrevista, Brenda Quevedo aseguró que diversos funcionarios involucrados en el caso continúan desempeñando cargos públicos.
“Casi todos están activos”, señaló al referirse, según sus declaraciones, a personas que habrían participado o sido omisas frente a las presuntas irregularidades del proceso.
También sostuvo que la resolución emitida por la Suprema Corte a favor de Juana Hilda González Lomelí debería tener efectos sobre los expedientes del resto de las personas procesadas debido a que, según afirmó, las pruebas utilizadas son las mismas.
Sin embargo, indicó que, pese al tiempo transcurrido desde esa resolución, el proceso permanece sin modificaciones.
ORGANISMOS NACIONALES E INTERNACIONALES HAN EMITIDO PRONUNCIAMIENTOS
El caso de Brenda Quevedo también ha sido analizado por distintos organismos defensores de derechos humanos.
En 2020, el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de las Naciones Unidas concluyó que su encarcelamiento fue arbitrario e injustificado, además de recomendar al Estado mexicano su liberación inmediata.
Posteriormente, en 2023, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió un informe en el que documentó violaciones al debido proceso y actos de tortura física y sexual durante el desarrollo de la investigación.
Dos años después, en 2025, el organismo volvió a intervenir para documentar afectaciones sufridas por familiares de Quevedo derivadas del proceso judicial.
DECRETO PRESIDENCIAL NO FUE APLICADO EN SU CASO
La defensa también ha señalado que Brenda Quevedo reúne los requisitos establecidos en el decreto firmado en agosto de 2021 por el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador para favorecer la preliberación de personas privadas de la libertad.
Dicho decreto contempla beneficios para personas cuya única prueba de cargo sea una confesión obtenida bajo tortura o que hayan permanecido diez años o más en prisión preventiva sin recibir sentencia.
De acuerdo con la información presentada, Quevedo cumple con ambos supuestos; sin embargo, la medida no fue aplicada en su expediente.
LA DEFENSA BUSCA EL CIERRE DEFINITIVO DEL PROCESO
La representación legal de Brenda Quevedo está encabezada por la abogada Karla Micheel Salas, quien ha promovido diversos recursos legales con el objetivo de obtener una resolución definitiva del caso.
Entre ellos se encuentran juicios de amparo mediante los cuales solicita el cierre del expediente y el reconocimiento de que la invalidez de las pruebas utilizadas contra Juana Hilda González Lomelí también debe extenderse al resto de las personas procesadas por el mismo caso.
La defensa sostiene que las evidencias empleadas en todos los expedientes son coincidentes y que la resolución emitida por la Suprema Corte debe producir efectos jurídicos para los demás acusados.
LA RESPUESTA DE LA FISCALÍA SERÁ EL SIGUIENTE PASO
Con la instrucción emitida por la presidenta Claudia Sheinbaum, el caso Brenda Quevedo fue incorporado por primera vez a la agenda pública del actual Gobierno federal.
Ahora se espera que la Fiscalía General de la República presente el informe solicitado sobre el estado procesal del expediente, el desarrollo de las investigaciones y las actuaciones ministeriales realizadas hasta el momento.
La información que emita la institución determinará los siguientes pasos en un proceso judicial que permanece abierto desde hace casi veinte años y que continúa sin una resolución definitiva.
