Solicitan a FGR atraer investigación por homicidio de la periodista Lourdes Maldonado
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En una carta dirigida a Ernestina Godoy, Jaime Martínez Veloz pidió a la FGR atraer el caso de Lourdes Maldonado y revisar posibles líneas pendientes
Jaime Cleofás Martínez Veloz solicitó a la Fiscalía General de la República (FGR) ejercer su facultad de atracción para investigar de manera federal el homicidio de la periodista María Guadalupe Lourdes Maldonado López, ocurrido el 23 de enero de 2022 en Tijuana, Baja California.
A través de un escrito dirigido a la titular de la FGR, Ernestina Godoy Ramos, y con atención a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), Martínez Veloz pidió que se retome de manera integral la investigación sobre el móvil del crimen, la posible autoría intelectual, el financiamiento y las circunstancias relacionadas con la actividad periodística de la comunicadora.
El promovente señaló que su petición no constituye una imputación contra alguna persona en particular, sino que busca que la autoridad federal analice distintas líneas de investigación que, desde su perspectiva, permanecen pendientes.
“La petición no formula una imputación anticipada contra persona alguna. Su objeto es que una institución federal independiente retome integralmente la investigación del móvil, la autoría intelectual, la cadena de mando, el financiamiento y las posibles conexiones entre el homicidio, la actividad periodística de la víctima, las amenazas y agresiones previas, el litigio laboral y los hechos supervenientes descritos en este escrito”.
PIDEN INVESTIGAR POSIBLE RELACIÓN ENTRE HOMICIDIO Y ACTIVIDAD PERIODÍSTICA
En el documento presentado el 19 de agosto de 2026, Martínez Veloz recordó que Lourdes Maldonado tenía una trayectoria periodística en Baja California y cubría temas relacionados con política, seguridad, corrupción y asuntos de interés público.
También destacó que el 26 de marzo de 2019 la periodista acudió a una conferencia presidencial, donde manifestó públicamente que temía por su vida y vinculó ese temor con un litigio laboral que mantenía contra Primer Sistema de Noticias (PSN).
El escrito señala que durante 2021 se registraron actos intimidatorios y ataques contra Maldonado y su vehículo. Debido a ese contexto, fue incorporada a un esquema estatal de protección que incluía, de acuerdo con la información pública citada en la solicitud, rondines y un botón de pánico.
Martínez Veloz pidió que también se determine si las medidas de protección fueron implementadas y operaron conforme a lo establecido.
HOMICIDIO OCURRIÓ DÍAS DESPUÉS DE RESOLUCIÓN LABORAL
Otro de los elementos planteados en la solicitud es el litigio laboral que Maldonado mantenía con PSN.
Según el documento, el 19 de enero de 2022 la Junta Especial Número 59 emitió una resolución favorable a la periodista dentro del expediente laboral 1359/2013, por aproximadamente un millón 290 mil pesos, y ordenó actos de ejecución sobre el giro mercantil de la empresa.
La solicitud indica que Maldonado habría sido designada depositaria interventora y que una diligencia relacionada con la resolución estaba programada para el 24 de enero de 2022.
Un día antes, el 23 de enero, la periodista fue asesinada con un disparo de arma de fuego cuando se encontraba en su vehículo, en las inmediaciones de su domicilio en la colonia Santa Fe, en Tijuana.
El documento plantea que la proximidad entre ambos acontecimientos debe formar parte de las líneas de investigación, sin establecer que exista una relación causal entre ellos.
TRES PERSONAS FUERON SENTENCIADAS POR EL CRIMEN
La solicitud reconoce que tres personas fueron detenidas, procesadas y sentenciadas como responsables materiales del homicidio. Sin embargo, sostiene que esa resolución no necesariamente agota otras posibles líneas relacionadas con quienes pudieran haber ordenado, financiado o facilitado el asesinato.
“La sanción de los ejecutores no satisface por sí sola el derecho a la verdad si no se ha determinado de manera verificable quién ordenó, financió o facilitó el homicidio y cuál fue su móvil”, señala el escrito.
Martínez Veloz argumentó que una eventual investigación federal podría revisar las circunstancias que rodearon la ejecución y determinar si existen elementos relacionados con autores intelectuales, instigadores, financiadores o posibles encubridores.
SOLICITAN REVISAR AMENAZAS Y MEDIDAS DE PROTECCIÓN
Entre las diligencias propuestas a la FGR se encuentra una revisión de las agresiones y amenazas que Maldonado habría recibido antes de su asesinato.
El promovente pidió analizar si existían patrones entre esos hechos y el homicidio, incluyendo posibles coincidencias en vehículos, armas, números telefónicos o formas de operación.
También solicitó una auditoría del esquema de protección otorgado a la periodista, con revisión de las evaluaciones de riesgo, bitácoras de rondines, funcionamiento del botón de pánico, responsables operativos y eventuales alertas registradas.
El documento plantea que esta revisión debe realizarse sin prejuzgar sobre la existencia de responsabilidades de funcionarios públicos.
PIDEN REVISAR EL LITIGIO LABORAL Y LAS COMUNICACIONES PREVIAS AL CRIMEN
Martínez Veloz solicitó reconstruir la totalidad del procedimiento laboral 1359/2013, incluyendo la resolución del 19 de enero de 2022, el monto involucrado, los actos de ejecución, la designación de Maldonado como depositaria y las personas que conocían la fecha de la diligencia prevista para el 24 de enero.
También pidió recabar testimonios de trabajadores de la Junta Especial Número 59, representantes de las partes, abogados y otras personas que hubieran tenido conocimiento del procedimiento.
La petición contempla además revisar las comunicaciones de Maldonado durante las 72 horas previas a su asesinato.
SOLICITAN ANALIZAR PRODUCCIÓN PERIODÍSTICA Y POSIBLES AMENAZAS
Otra de las líneas propuestas consiste en revisar el trabajo periodístico que Lourdes Maldonado realizó durante los 12 meses anteriores a su asesinato.
El escrito plantea analizar sus emisiones, redes sociales, notas, borradores, fuentes, amenazas, asuntos pendientes y personas que pudieran haberse visto afectadas por sus investigaciones.
El objetivo sería identificar posibles vínculos entre su actividad profesional y el homicidio, sin descartar de manera anticipada otras hipótesis.
PIDEN PRESERVAR EVIDENCIAS Y REGISTROS DIGITALES
La solicitud también plantea realizar peritajes de telefonía, redes, audio, video e informática forense sobre los archivos relacionados con el caso.
Martínez Veloz pidió que se documente la procedencia de los materiales, las fechas de adquisición, las herramientas utilizadas y las transferencias de cadena de custodia, además de distinguir entre archivos originales, copias, capturas y materiales editados.
Asimismo, solicitó preservar de inmediato la carpeta de investigación local y los registros digitales mientras la FGR determina si ejerce o no la facultad de atracción.
¿QUÉ SOLICITA EL PROMOVENTE A LA FGR?
Entre las peticiones principales se encuentra registrar el escrito, remitirlo a la FEADLE y a la unidad correspondiente para analizar la competencia federal, así como ejercer la facultad de atracción prevista en el artículo 21 del Código Nacional de Procedimientos Penales.
También pidió dar intervención a las víctimas indirectas, informarles sobre la solicitud y conocer su posición respecto de la posibilidad de que la investigación sea atraída por la Federación.
En caso de que la FGR determine que la atracción no procede, Martínez Veloz solicitó que se emita una resolución escrita y fundamentada en la que se analicen de manera individual los supuestos legales invocados.
“En caso de estimar improcedente la atracción, emitir una determinación escrita que examine separadamente cada supuesto invocado del artículo 21 del CNPP”, señala el documento.
La petición fue fechada el 19 de agosto de 2026 en la Ciudad de México y quedó dirigida a Ernestina Godoy Ramos, titular de la Fiscalía General de la República.
