CEDH defiende a víctimas de Casino Royale

Monterrey, Nuevo León.- La Comisión Estatal de Derechos Humanos emitió, la Recomendación por la tragedia del Casino Royale e hizo espacial énfasis en la reparación del daño de las víctimas así como una investigación que permita fincar responsabilidad penal a quienes hayan incurrido en negligencia u omisión.

Minerva Martínez, presidenta de la CEDH ofreció una rueda de prensa en donde dio a conocer la Recomendación 103/12 por los sucesos que envolvieron a la casa de apuestas, en donde perdieron la vida 52 personas.

Los hechos se registraron la tarde del 25 de agosto del 2011 en el inmueble, ubicado en el cruce de Gonzalitos y San Jerónimo, en Monterrey.

Entre las recomendaciones se establece la exigencia puntual y permanente a quienes resultaron lesionados en los hechos como a los familiares de los fallecidos.

Se destaca la generación de políticas públicas y procedimientos que prevengan hechos similares y el castigo, conforme a derecho, para todos los que resulten responsables.

"En materia de atención a las víctimas y sus familiares se recomienda la indemnización en el pago de los ingresos que tanto lesionados como familiares de los fallecidos hayan dejado de recibir", puntualizó.

También se contempla el reembolso de los gastos funerarios y los tratamientos médicos y psicológicos.

Otra recomendación es la construcción de un monumento en memoria de los 52 fallecidos en el ataque, que presuntamente fue perpetrado por miembros del crimen organizado.

En especial se solicitan garantías que aseguren que no volverán a ocurrir tragedias como la del centro de apuestas por lo que se buscará la generación de políticas públicas y el establecimiento de responsabilidades empresariales en materia de derechos humanos.

Martínez señaló la importancia de la capacitación del personal de las empresas, en particular, casinos. 

Al Procurador General de Justicia se le solicita una investigación seria e imparcial para estudiar las responsabilidades penales derivadas de negligencias y omisiones.

Hay un plazo de 10 días para que las autoridades estatales y municipales acepten o rechacen las recomendaciones. Así como un plazo posterior a 10 días para dar cumplimiento a las mismas.