Arellano Félix ¿El fin de una era?

CIUDAD DE MÉXICO.- El 6 de enero de 2012, quien fuera uno de los narcotraficantes más poderosos de México se declaró culpable ante una corte de Estados Unidos. En esa fecha, una etapa histórica del crimen organizado en nuestro país se cerraba de manera definitiva. Benjamín Arellano Félix fue acusado por el gobierno estadunidense por lavado de dinero, asociación delictuosa e incluso por haber pretendido asesinar a su acérrimo rival: Joaquín El Chapo Guzmán.

De no haberse declarado culpable, El Min podría haber purgado una condena de más de 150 años; sin embargo, gracias a un acuerdo de colaboración con la Corte Federal en San Diego, California, uno de los hombres más emblemáticos de la mafia mexicana en la década de los 90, tendrá una pena máxima de 25 años de prisión. Algunos penalistas señalan que el acuerdo de culpabilidad es bastante provechoso para Benjamín Arellano Félix, quien es el segundo alto integrante del cártel de los Arellano en lograr una condena reducida por el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

Para Laura Duffy, procuradora general para la región fronteriza de California con México, esta sentencia constituyó un hecho histórico. Horas después de ser dictada la condena hacia ante la prensa una declaración que en otros tiempos habría causado euforia: "La organización Arellano Félix ha sido efectivamente desmantelada y ya no representa un peligro para los pueblos de Estados Unidos y México". Sin embargo en nuestro país esta noticia pasó prácticamente inadvertida.



EL JUICIO FINAL

Benjamín Arellano Félix fue extraditado en abril de 2011 para ser juzgado en el estado de California, Estados Unidos por los delitos de asociación delictuosa, importación y posesión con fines de distribución de sustancias controladas (cocaína y mariguana), lavado de dinero y una serie de actos criminales. Incluso, los cargos que enfrentó ante las autoridades estadunidenses no sólo figuraron más de diez asesinatos, varios tiroteos y secuestros. Benjamín Arellano también enfrentó tres cargos de intento de asesinato contra su férreo enemigo Joaquín El Chapo Guzmán.

Benjamín Arellano se declaró culpable de los cargos de asociación delictuosa y lavado de dinero a principios de enero de 2012, aceptando ser el principal organizador, líder y primera autoridad en la toma de decisiones de la organización criminal conocida como el cartel Arellano Félix.

El tratado vigente en materia de extradición entre México y Estados Unidos fue elaborado en 1978 y entró en vigor en enero de 1980 durante el gobierno de Jimmy Carter y José López Portillo. Durante la década de 1980, la existencia de un documento legal que convirtiera la cortesía de extradición de grandes capos mexicanos a Estados Unidos en una obligación se volvió de vital importancia; sin embargo, a diferencia de Colombia, donde la extradición de los principales narcotraficantes era literalmente un asunto de Estado, México fue durante muchos años renuente al tema de la extradición.

Los delitos imputados a Benjamín Arellano Félix, Ramón Arellano Félix, Francisco Javier Arellano Félix, Manuel Aguirre Galindo, Jesús Labra Avilés, Ismael Higuera Guerrero, Gilberto Higuera Guerrero, Efraín Pérez, Jorge Aureliano Félix, Rigoberto Yáñez y Armando Martínez Duarte como parte de la organización Arellano Félix por la Corte de California datan precisamente de esta década y se extienden desde 1986 hasta noviembre de 2002.

Pero las diferencias en el tratamiento de los casos de Benjamín Arellano Félix y la denominada Reina del Pacífico (quien no ha podido ser extraditada gracia a vericuetos legales), por ejemplo, ponen de manifiesto los aspectos jurídicos y políticos que determinan a fin de cuentas que un integrante del crimen organizado sea o no extraditado al vecino país así como las lagunas legales existentes en México en materia de crimen organizado.

En 2009, la PGR publicó un informe del número de extradiciones realizadas por la administración de Felipe Calderón, arrojando un total de 307 extradiciones de enero de 2006 a diciembre de 2009, de las cuales 291 fueron a Estados Unidos.

El artículo 6 del Tratado de Extradición entre Estados Unidos Mexicanos y Estados Unidos de América establece el principio de non bis in idem, presente en el artículo 23 de nuestra Constitución y por medio del cual se establece que: "Nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo delito, ya sea que en el juicio se le absuelva o se le condene", argumento utilizado para otorgar protección constitucional a Sandra Avila, la cual ya había sido juzgada en México por su participación en el delito de delincuencia organizada.

Benjamín Arellano Félix fue arrestado en marzo de 2002 y recluido en el penal de Almoloya de Juárez mientras esperaba una decisión en torno a la extradición que el gobierno estadunidense demandaba desde 2007, año en el cual la PGR extendió un comunicado donde anunciaba la extradición de 15 personas a Estados Unidos en el mes de enero. La lista de extraditados fue encabezada por Osiel Cárdenas Guillén, cuyo acuerdo de colaboración con las autoridades de Estados Unidos no sólo significó una disminución en su condena, sino que también derivó en el rompimiento entre los integrantes del Cártel del Golfo y su antiguo brazo armado Los Zetas.

Los siguientes en la lista fueron Gilberto Higuera Guerrero e Ismael Higuera Guerrero, quienes forman parte del proceso en contra de Benjamín Arellano Félix y fueron sentenciados a 40 y 30 años de prisión respectivamente por los delitos de narcotráfico, asesinatos y corrupción.

Otros integrantes de la organización que forman parte del caso llevado en California son Francisco Javier Arellano Félix, alias El Tigrillo, quien fue sentenciado a cadena perpetua y Jesús Labra Avilés, extraditado en 2008 y sentenciado a 40 años de prisión.

Al declararse culpable de los delitos de asociación delictuosa y lavado de dinero, Benjamín Arellano Félix aceptaría la confiscación de todos los bienes y dinero obtenido en dichos ilícitos, los cuales, según el expediente de julio de 2002 del caso criminal en su contra, ascienden a más de 289 millones de dólares.

Tras su declaración de culpabilidad, Benjamín Arellano obtendrá una pena máxima de 25 años de prisión a cambio de una multa de 100 millones de dólares, un 30% de los 289 millones calculados inicialmente y un 40% de los 248.5 millones de dólares aprobados por el Congreso de Estados Unidos para México dentro de la Iniciativa Mérida para el 2012.



EL PODER DE LA LEY RICO

Uno de los factores determinantes para la extradición de Benjamín Arellano Félix (y de otros grandes capos mexicanos) es, sin duda, que el gobierno estadunidense posee una sofisticada legislación enfocada a combatir el crimen organizado y narcotráfico cuyo antecedente inmediato es la llamada ley RICO (Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act), la cual ha sido traducida al español como "Ley sobre organizaciones corruptas y negocios ilícitos" y se encuentra plasmada en el título 18, secciones 1961 a 1968 del Código estadunidense (a las cuales se hace referencia en el caso en contra de los Arellano Félix).

El objetivo original de dicha ley es la persecución de delitos efectuados por la mafia y crimen organizado en general.

Gracias a la ley RICO, los integrantes de organizaciones criminales que hayan cometido al menos dos de una lista de 35 delitos (dentro de los cuales se incluyen asesinato, secuestro, extorsión, ataques incendiarios, soborno y narcotráfico, entre otros) en un período de 10 años pueden ser acusados y sentenciados por los actos criminales cometidos por la organización de la que forman parte.

En el proceso legal en contra de los Arellano Félix, los miembros, empleados o asociados a la denominada "Empresa", fueron acusados de 28 actos ilegales y 32 crímenes llevados a cabo desde Tijuana y Mexicali contemplados por la ley RICO.

La "Empresa" no es otra más que la organización Arellano Félix, dedicada al tráfico ilegal de narcóticos como cocaína y mariguana; lavado de dinero; secuestro, tortura y asesinato de informantes, traficantes rivales y otros enemigos de la organización así como soborno de autoridades mexicanas y personal militar, según el caso criminal llevado en California.

En México, lo más cercano a la ley RICO es la denominada Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, publicada en el Diario Oficial de la Federación en 1996. Sin embargo, mientras que el Código estadunidense posee una lista de 35 delitos atribuibles a miembros de la delincuencia organizada como miembros de un grupo criminal, el artículo 2º de la Ley Federal contra la delincuencia organizada sólo contempla siete delitos: terrorismo, acopio y tráfico de armas, tráfico de indocumentados, tráfico de órganos, corrupción de personas menores de 18 años de edad, trata de personas y secuestro.

Países con una larga experiencia en combate a la delincuencia organizada han buscado perfeccionar sus leyes para sancionar a los miembros de organizaciones criminales. Tal es el caso de Italia, país que desde la década de 1960 creó una comisión "antimafia" encargada de elaborar una legislación apropiada en la materia. La primera ley general italiana al respecto (Ley Rognoni-La Torre) fue aprobada en 1982 y tipificó a la mafia como uno de los arquetipos del crimen organizado.

Tanto la ley RICO como la ley Rognoni- La Torre fueron citadas en una iniciativa con proyecto de decreto para reformar el artículo 2º de la Ley Federal contra la Delincuencia O rganizada, presentada el 2 de febrero de 2011. Dicha iniciativa pretendía ampliar el catálogo de delitos por los cuales los integrantes de la delincuencia organizada pudieran ser consignados como tales, incluyendo los delitos de robo de autos, lavado de dinero, ejecuciones de funcionarios públicos, infiltración patrimonial, lenocinio, homicidios pagados, lesiones, intimidaciones, entre otros, sin embargo, fue desechada por la Comisión de Justicia de la LXI Legislatura el 16 de abril de 2011.

Los vacíos legales existentes en México pueden ser un factor importante para aprobar la extradición de integrantes del crimen organizado a Estados Unidos, además de la importancia de la relación bilateral para el gobierno mexicano (ya en el artículo 9 del Tratado de extradición entre México y Estados Unidos vigente se menciona que "ninguna de las dos Partes Contratantes estará obligada a entregar a sus nacionales pero el Poder Ejecutivo de la Parte requerida tendrá la facultad, si no se lo impiden sus leyes, de entregarlos si, a su entera discreción, lo estima procedente.")

La confiscación de bienes y dinero obtenidos a través de los delitos tipificados en el Código estadunidense resulta también determinante. Los 100 millones de dólares que pagará Benjamín Arellano Félix a cambio de una condena de 25 años de prisión (al término de la cual deberá retornar a México para cumplir una nueva condena por crímenes cometidos en México que no fueron juzgados en Estados Unidos) se suman a los 50 millones de multa de Francisco Javier Arellano Félix, El Tigrillo. Si a esto sumamos los 50 millones de dólares que pagó Osiel Cárdenas Guillén en 2010, (quien por cierto, fue sentenciado al igual que Benjamín Arellano Félix a 25 años de prisión), se obtiene el 80% del total de dinero que recibirá México de Estados Unidos a través de la Iniciativa Mérida este año.



¿FIN DE LA HISTORIA?

No se sabe a ciencia cierta si el cártel de los Arellano Félix ha sido por completo desmantelado y ya no constituye una amenaza después de haberse logrado este acuerdo judicial que incluyó además una multa de cien millones de dólares. Pero lo que sí resulta incomprensible es que esa información, la declaratoria de los propios Estados Unidos de que uno de los tres grandes cárteles históricos del país ha sido ya desmantelado, haya pasado casi inadvertida por los medios y sobre todo por las propias autoridades federales que han hecho de la lucha contra el crimen organizado un leit motiv de su gestión.

La sentencia contra Arellano Félix puede parecer dura, pero en realidad no lo es: quien fuera el verdadero jefe de la organización criminal que comandaba j unto con su hermano Ramón, es responsable de miles de muertes y desde 1989 fue uno de los principales introductores de droga en México y en Estados Unidos.

La acusación, como parte del acuerdo judicial, no contempla finalmente ninguno de esos homicidios y no deja de ser algo más que una duda el preguntarse de dónde saldrán los 100 millones de dólares que le pagará Arellano Félix al gobierno estadunidense: en algún lugar el narcotraficante o su familia tienen que tener esos recursos disponibles.

Recordemos que su hermana Enedina, a quien se considera actualmente la heredera de la organización, era la que manejaba la ingeniería financiera construida en torno al cártel.

También se debería recordar que desde muchos años atrás, por lo menos desde 1997, se sabe que la familia Arellano Félix vive en San Diego y nunca ha sido molestada por las autoridades estadunidenses.

Sus negocios, o los de sus sucesores en ese país, continúan también expandiéndose sobre todo en California, donde a pesar de la creciente legalización de la mar iguana, sigue habiendo enormes plantíos ilegales, sobre todo en la zona de las reservas naturales y donde existen amplias redes de distribución, sobre todo de drogas sintéticas. Y una vez más no sabemos si los Arellano Félix ya han desparecido como organización, pero la pregunta es entonces quién se quedó con esas redes de operación, qué sucedió con los recursos y con las relaciones políticas y económicas que durante décadas desarrolló ese cártel a ambos lados de la frontera.

Pero esas preguntas deberían aplicarse prácticamente a cualquier organización criminal que fuera descabezada. Lo importante, en todo caso, es decirle a la gente que así ha sido: que uno de los tres cárteles históricos del país, según los propios Estados Unidos, ya no existe. Y no porque haya sido consecuencia de una operación controlada por nuestros vecinos del norte, sino como consecuencia de una lucha tenaz y de medidas extremas, como la deportación del propio Benjamín Arellano Félix (y de todos los principales narcotraficantes que estaban detenidos en esas fechas en México) realizada hace casi exactamente cinco años, apenas comenzaba el gobierno de Felipe Calderón, y que ha sido, aunque ahora casi no se la recuerde, uno de los golpes más fuertes que ha sufrido el crimen organizado en nuestro país.

Pero además, ese desmantelamiento progresivo del cártel de los Arellano Félix se ha complementado con el de los grupos que se asociaron con otros para tratar de ocupar su lugar: el más notable el de Teodoro García Simental, detenido el año antepasado en La Paz, en Baja California Sur.

El Teo, que había sido uno de los principales sicarios de los Arellano, había roto con ellos, cuando comenzaron a sucederse las caídas de sus jefes para aliarse con Joaquín El Chapo Guzmán y tener el control, asociado con el Chapo, de toda la península.

Personajes siniestros como El Pozolero, aquel hombre que se dedicaba a destruir cuerpos en sosa caústica, estaban ligados a estos grupos que también han sido destruidos.

La consecuencia directa es que uno de los pocos lugares del país donde se puede decir que se han tenido grandes triunfos en la batalla contra la delincuencia organizada es en Tijuana.

Por supuesto que no se ha acabado ni con la delincuencia, ni con el narcotráfico, pero particularmente en esa ciudad fronteriza se ha podido regresar a la normalidad en la vida cotidiana.

La comparación de cómo estaba Tijuana respecto a cómo está actualmente es notable. Y ahora que en los propios Estados Unidos confirman esos dichos y aseguran que uno de los tres principales cárteles del país está destruido, en México seguimos concentrados en las detenciones de un tipo al que llaman el Mataperros y en las andanzas criminales de un oscuro ex portero del Monterrey, al que le dicen El Gato. Si el propio gobierno federal no reconoce sus victorias, ¿quién se las reconocerá?