Nadie pone el cascabel a Victoria Labastida
COMPARTIR
La ex Presidenta municipal ni siquiera ha sido demandada y goza de plena libertad.
México, DF. Como en el "moreirazo", fue una calificadora de riesgo la que reveló la verdad: En 2009, el Alcalde panista Jorge Lozano Armengol dejó una deuda de 223 millones de pesos al municipio de San Luis Potosí; para 2012, con la priista Victoria Labastida Aguirre, ya se debían mil 289 millones de pesos: 777.6 millones de pesos de pasivos no bancarios y 511.4 millones de pesos de créditos con bancos. Pero a pesar de las amenazas de que sería llevada a juicio, la ex Presidenta municipal ni siquiera ha sido demandada y goza de plena libertad.
Para la Alcaldesa Victoria Labastida Aguirre era una apuesta casi imposible de ganar el cobro de créditos a Teléfonos de México (Telmex). Pero era su única alternativa para dejar aparentemente "saneadas" las finanzas municipales, después de una administración observada por la Auditoría Superior como de gastos inexplicables, sospechosos.
La empresa telefónica de Carlos Slim Helú impugnó las intenciones de cobro del gobierno local y presentó una demanda penal en contra del Tesorero de la administración de Labastida, Agustín Soberón Alvarez, quien ordenó incautar algunos vehículos a la poderosa empresa.
De acuerdo con distintos testimonios, Soberón le vendió a su jefa "la idea de obtener recursos con el cobro a Telmex". Así lo dicen dos ex regidores que formaron parte del cabildo de Labastida: Miguel Naya Guerrero y Gonzalo Benavente González.
La "fórmula" irresponsable (como resultó ser al final) para "sanear" las finanzas no venía sola. El creador de la "solución" arrastraba desde el pasado serios cuestionamientos de corrupción, y aún así tuvo en su poder la tesorería del gobierno.
Los ex regidores Naya Guerrero y Benavente recuerdan cuando, al asumir el cargo en octubre de 2009, Labastida les informó que Soberón ocuparía la Tesorería. Ellos se sorprendieron. Sus antecedentes lo hacían impresentable.
Soberón había sido señalado por malos manejos durante el gobierno estatal de Fernando Silva Nieto. Aún así, cuando la Alcaldesa recibió las primeras quejas por incluir su nombre, lo defendió y dijo que merecía "otra oportunidad".
Ese, según políticos del PRI y del PAN, es uno de los rasgos personales de Labastida: la defensa a tablaraja de sus colaboradores. que, junto con ella, ahora están en el ojo del huracán por la deuda y los señalamientos de presunta corrupción.
Hoy, ese endeudamiento tiene un impacto negativo en la administración de Mario García, sucesor de Labastida en la Presidencia Municipal de la capital potosina. Ambos pertenecen al mismo partido: el Revolucionario Institucional.
En un oficio elaborado por la propia Contraloría municipal, encabezada por María del Carmen Aranda Manteca y dirigida al auditor del estado, Héctor Mayorga, con fecha 29 de noviembre, se desglosa que el endeudamiento es incluso mayor al contemplado durante la primera semana del actual gobierno.
De acuerdo con el documento, la deuda era de 781millones 881 mil 487 pesos, de la cual 418 millones eran con bancos. El verdadero monto de la deuda, superior, lo revelaría después la calificadora Fitch & Ratings. Pero aún esa cantidad era mucho para lo reconocido por la ex Alcaldesa. Una misma falta de transparencia que fue ejercida, en su momento, por Humberto Moreira.
Documento 01 San Luis
"Lo anterior ha generado a la presente Administración Municipaldiversos impactos negativos, entre ellos el pago de excesivos intereses,baja en la calificación que otorgan las instituciones financieras y elhecho de que los ingresos que se obtengan en esta nueva administración,gran parte, tendrán que destinarse al pago de pasivos generados por laadministración anterior con el consecuente daño o perjuicio en laHacienda Pública Municipal, lo que frenará el establecimiento de metasmás ambiciosas dentro de los Programas Municipales de Desarrollo enbeneficio de la ciudadanía potosina", dice el oficio de la Contraloría.
Al hacer del conocimiento de la ASE, el órgano de control internoadvirtió de conductas de ex funcionarios pertenecientes a laadministración municipal que pudieran ser constitutivas de presuntaresponsabilidad, entre las cuales estaban las siguientes:
Presunta irresponsabilidad en el manejo de los recursos públicosque trajo como consecuencia un sobreejercicio del gasto que no seencontraba presupuestado.
Incumplimiento del Artículo 13 de la Ley de Deuda Pública delestado y municipios de San Luis Potosí que establece la obligación depresentar al Congreso, previa autorización de las dos terceras partes desu cabildo, las solicitudes de autorización de endeudamiento queexcedan su periodo constitucional.
Afectación negativa en la liquidez de pago que efectúan lascalificadoras reconocidas por las diversas instituciones financieras enMéxico.
"Presuntamente no se repuso el monto del que se dispuso,correspondiente a los fondos de obras, acciones y programas denominadosFopaved, Subsemun, Puro Potosino, Ramo 33 y Ramo 20 ya que estosrecursos federales destinados a programas específicos supuestamente nollegaron a la población objetiva pues se utilizaron aparentemente parafines no autorizados", agrega el oficio.
El monto por el desvío de recurso federales sería de 102 millones 786 mil 508 pesos.
¿A dónde fue a dar ese dinero? Nadie lo sabe, a ciencia cierta.
SILENCIO O COMPLICIDAD
Nadya Rangel. Foto: www.regidoresdelpan.com
Pero desde finales del año pasado, dicen, lo que ha predominado es"el silencio oficial sobre el tema", lo que orilló a que el 12 de agostolos regidores del PAN pidieran a la síndico Paulina Castelo Camposinformar qué acciones se habían tomado ante la Auditoría Superior de laFederación, la Secretaría de la Función Pública, las procuraduríasGeneral de Justicia del Estado de San Luis Potosí y General de laRepública en relación a la desviación de recursos federalescorrespondientes a obras, acciones y programas denominados Fopaved,Subsemun, Puro Potosino, Ramo 33 y Ramo 29, que fue informada a laAuditoría estatal el 29 de noviembre de 2013.
Castelo Campos respondió el 12 de septiembre de este año mediante el oficio S.S. 639/2013.
"A la fecha no ha sido recepcionada oficialmente por parte de estasindicatura la información y documentación necesaria para que, en sucaso, y tras realizar el análisis correspondiente, se proceda conforme aderecho y en el marco de las facultades legales conferidas a lasuscrita". Y explicaba que hasta contar con los elementos legalesrequeridos, la Sindicatura actuaría en los mismos términos.
En pocas palabras: que no había documentación para actuar contra laex Alcaldesa y tratar de aclarar a dónde se habían ido millones de pesosde los potosinos.
La regidora Nadya Rangel, entrevistada por SinEmbargo,recuerda que cuando recibieron esa respuesta se sorprendieron.Cuestionaron a Castelo Campos, y le remitieron la carta enviada porAranda Manteca, al auditor, como prueba de que sí había documentaciónpara proceder conforme a derecho.
El hoyo financiero dejado por la ex Alcaldesa, mientras tanto, tuvoque ser enfrentado. con más deuda. Al inicio de la gestión de MarioGarcía, las autoridades debieron solicitar un préstamo bancario parapagar otro préstamo bancario.
Hasta el servicio de basura, que la ex Alcaldesa había privatizado ensu administración, se interrumpió unos días por falta de pago.
En términos de opinión pública, Labastida Aguirre ha padecido unrechazo creciente. En septiembre, un encuesta realizada por Mitofskyseñaló que 84 por ciento de la población mostraba desacuerdo por laforma en que gobernó, y 81 por ciento consideraba que hubo una actituddelictuosa.
Otro 77 por ciento consideró que ella era culpable de desvíos y abusos.
Sin embargo, hasta la fecha ningún funcionario ha sido sancionado yel caso ha sido simplemente dilatado con medidas como la de CasteloCampos: argumentar que no se tiene información suficiente para emprenderacciones judiciales contra la ex Alcaldesa y su equipo.
La administración municipal se ha quejado, pero no ha impulsado acciones legales.
Los actuales regidores del PRI, sin embargo, si ha tomado unaparticipación activa para ocultar incluso el seguimiento ciudadano delcaso. A mediados del año, los regidores del PAN pidieron que fuerancitados funcionarios y ex funcionarios para que rindieran, de cara a lasociedad, su declaración. Pero los priistas mayoritearon, es decir, usaron su mayoría en el Cabildo para oponerse a la demanda de transparencia.
El ex Regidor panista Gonzalo Benavente dice, como otros políticos(incluso del PRI), que Victoria Labastida Aguirre tiene un "padrino dealto nivel". Y ése sería Miguel Angel Osorio Chong.
Pero Benavente va más lejos: dice que posiblemente esa inacciónintenta ocultar que parte de los recursos "perdidos" fueron usados parala campaña presidencial del PRI en el 2012. "Sólo así se explica que elcaso esté congelado", dice.
Algo similar se dice de los recursos "extraviados" en Coahuila: quefueron usados en la campaña que llevó a Los Pinos al primer priista delpaís, Enrique Peña Nieto.
En febrero, la Auditoría Superior podría presentar una denunciacontra quien resulte responsable en caso de que no se expliquen lasobservaciones.
Los indicios apuntan a que nadie explicará nada.
Pero tampoco queda claro si algún ex funcionario pagará por el desastre.
***
Victoria Labastida. Foto: Twitter
Sin embargo, en marzo, el activista Rafael Aguilar Fuentes le hizo deagua sus aspiraciones: presentó una demanda de amparo ante el JuzgadoCuarto de Distrito y obligó a la Alcaldesa a regresar a su cargo.
Pero Labastida no quiso ceder: 24 horas después de regresar solicitóotra vez licencia. y el PRI se la dio con 13 votos a favor, dos encontra y una abstención. La Presidenta municipal consiguió licencia porsegunda ocasión.
Aguilar Fuentes intentó frenarla otra vez pero no tuvo éxito y enjunio, luego de cuatro meses de campaña, el Primer Tribunal Colegiadodel Noveno Circuito dejó sin efecto las impugnaciones presentadas por elactivista sobre la licencia concedida por el cabildo a LabastidaAguirre.
El ambiente, sin embargo, se fue descomponiendo como efecto directode sus acciones. La organización Acción Ciudadana presentó una demandade juicio político en contra de la Alcaldesa al "incurrir en diversasviolaciones a la ley por permitir la operación de Aguas del Poniente ycon ello, dejar de lado su obligación de prestar el servicio de aguapotable, drenaje y saneamiento en las colonias en donde opera esaempresa".
Los demandantes le reclamaban beneficiar a una empresa por encima delinterés público. Y en marzo de 2012, desoídos, los demandantesrecurrieron a un juicio de amparo.
Ese mismo mes, para coronar una jornada de escándalo tras escándalos,una camioneta con propaganda de Labastida arrolló a una motociclistaque debió ser hospitalizada. Los testigos del accidente dijeron que lostripulantes del vehículo tenían aliento alcohólico y otra camioneta quepertenecía al convoy se dio a la fuga.
A su propia negligencia le siguió el fracaso político. Labastidaperdió las elecciones al Senado y fracasó en su intento por acomodar asu gente cercana en otras candidaturas. Tuvo que aliarse al PartidoVerde Ecologista de México (PVEM) para que el PRI retuviera la alcaldíapotosina tras su fracasada administración. Mario García Valdez consiguió apenas 43.17% de los votos, frente al 41% del candidato de laalianza PAN-PANAL, Alejandro Zapata Perogordo.
Consciente del desastre provocado por la prepotencia, el desdén porlos ciudadanos y el manejo cuestionable de las finanzas, en Alcaldeelecto advirtió:
"Es una premisa fundamental, no podemos dejar pasar las fallas yproblemas. Es algo que he señalado e incluso lo he expresado con todorespeto: cualquier cosa que no esté dentro del marco de la ley seactuara en consecuencia, porque el propio municipio tiene sus instanciaspara investigar y actuar conforme a derecho porque existe unaControlaría, Asuntos Jurídicos y Sindicatura".
A finales de noviembre del 2012, el nuevo Alcalde llevó ante laAuditoría Superior a Labastida y a otros ex funcionarios por la deudapública, contraída sin autorización del Congreso del Estado. Tambiénempezó la investigación por el desvío de recursos municipales, estatalesy federales.
La calificadora Fitch & Ratings, como lo había hecho con elGobernador priista Humberto Moreira en Coahuila, elevó las alertas ypuso los números en claro:
La deuda que dejó el panista Jorge Lozano Armengol en 2009 alcanzabalos 223 millones de pesos. Victoria Labastida Aguirre la elevó a mil 289millones depesos: 777.6 millones de pesos de pasivos no bancarios y511.4 millones de pesos de créditos con bancos.
Labastida Aguirre además incrementó a lo largo de su período deadministración la nómina municipal. En 2010, el primero de gobierno dela priista, fueron presupuestados para este fin 600 millones, 515 mil754 pesos; al año siguiente, el concepto de remuneraciones a personalcreció a 688 millones 450 mil pesos, y en 2012 la cifra alcanzó los 713millones 531 mil 492 pesos, 15.8% más que durante el primer año degestión de la priista.
El nuevo Alcalde no fue el único priista en desmarcarsede Labastida. A finales de enero de este año, Rosa María Huerta Valdez,presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso de San LuisPotosí, aseguró que cada quien debe ser responsable de sus actos y queel PRI no solaparía a la ex Alcaldesa. "Nos afectaría más si tapáramoscorruptelas, lo que definitivamente no haremos", dijo.
En noviembre de 2012, una nota del diario Pulso evidenció quela ex Alcaldesa y algunos de sus colaboradores más cercanos contaban contarjetas corporativas de Banorte, con las cuales pagaron cuentas demiles de pesos en restaurantes, bares y hoteles en todo el mundo.Además, denunció que la administración de la ex Alcaldesa autorizó laconstrucción de 14 tiendas del Grupo Walmart que no contaban conpermisos oficiales.
Posteriormente se supo que la Alcaldesa gastó 7 millones 192 mil 654pesos para liquidar a 123 funcionarios de su administraciónde Labastida.
Ella recibió 60 mil 645 pesos como liquidación, pero EmigdioIlizaliturri, su ex secretario general, fue liquidado con 115 mil 125pesos; Patricia Juárez Segura, ex coordinadora Administrativa de laOficialía Mayor, recibió 295 mil pesos.
Pero aún con las amenazas de los priistas, las demandas panistas y elreclamo de las autoridades de transparencia y rendición de cuentas, enlos hechos Victoria Labastida Aguirre no ha sido demandada y lleva unavida normal.
Se defiende por medio de abogados, no ha comparecido ni una vez enpúblico y, para concluir, ni siquiera ha sido demandada ante lasautoridades judiciales.
La Procuraduría General de la República (PGR), como con el casoMoreira, no ha abierto una sola averiguación hasta el día de hoy.
