Después de 6 años de juicio, sentencian a marinos a 22 años de cárcel por desaparición forzada

Luego de un proceso penal de más de seis años, un juez de distrito sentenció a 22 años de prisión a un capitán de corbeta y cuatro elementos de infantería, todos de la Secretaría de Marina (Semar), por el delito de desaparición forzada.

Así lo informó en una rueda de prensa Raymundo Ramos, presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, quien destacó la resolución del juez por la desaparición de Armando Humberto del Bosque Villarreal, ocurrida el 3 de agosto del 2013.

"Esta sentencia, en tiempos actuales, tiene mucha importancia porque vivimos en un México de total impunidad, en un México donde lo común es la injusticia el dolor, la tragedia y donde el término justicia está muy alejado de la parte económica, jurídica y mediática", dijo.

En la conferencia, celebrada en el Centro Prodh, Raymundo Ramos explicó que la desaparición de Armando Humberto, de 33 años, se dio en el poblado de Colombia, en Nuevo León, cuando se acercó a pedir ayuda a un grupo de marinos:

"Armando Humberto creyó en la autoridad, creyó en la Marina, fue a solicitar su ayuda para denunciar a otro joven de la comunidad que lo había amenazado con un arma, y pasa lo que nunca nos imaginamos: esa autoridad lo detuvo, torturó, lo desapareció y privó de la vida".

El activista informó que en la sentencia el juez inhabilitó por diez años a los culpables de la desaparición forzada para que no ocupen cargos públicos, además de que deberán pagar una indemnización de 306 mil 900 pesos.

Asimismo, se ordenó al gobierno del estado de Nuevo León y la SEMAR la creación de un monumento o una calle para que se reserve la memoria del joven y tendrán que brindar una disculpa pública.

Y al titular de la Semar se le ordenó destinar una parte importante de su presupuesto para capacitar a todos los elementos en materia de derechos humanos para que las mismas autoridades no repitan estos delitos.

Raymundo Ramos expresó que esta sentencia "por ningún motivo la pueden echar abajo", y al mismo tiempo agregó que las autoridades tienen derecho de apelar, "pero no tienen derecho a corromper, amenazar y presionar para que ese fallo sea revertido".