En duda la democracia en México por el Plan B impulsado por AMLO

El Plan B impulsado por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, no solo ha crispado tanto a los políticos, como a los intelectuales y a los ciudadanos que están a favor o en contra, además despertó inquietudes en referencia a la estabilidad de la democracia en el país.

¿En qué consiste el “plan B” de la reforma electoral del mandatario mexicano Andrés Manuel López Obrador?

Georgina Zarega, precisó los aspectos más importantes del Plan B en su nota que escribió en El País; siendo el primero, que el INE cuenta con una menor estructura, por lo que el árbitro electoral resultó muy perjudicado en términos económicos y de poder, debido a que sw ve obligado a eliminar cerca de 300 juntas distritales, mismas que se encargan de la preparación, organización y celebración de elecciones.

En segundo Lugar, se reduce el presupuesto en lo referente a los gastos y más dinero a los partidos; Si bien, Morena resaltó como una de las ventajas del “plan B” es que se logrará obtener un ahorro de alrededor 3,500 millones de pesos, en el presupuesto del INE, en donde también se verán afectados los salarios de los consejeros del organismo.

Un tercer aspecto en lo que se refiere a la libertad para la propaganda gubernamental, esto es, se mengua el concepto descrito en la ley de lo que es la propaganda gubernamental, es decir, lo que no se etiquete en los presupuestos como propaganda, no se considerará como tal, a pesar de que sean utilizados fondos públicos. Esta modificación perjudica el precepto constitucional quién el que se indica que no se puede hacer propaganda gubernamental durante las campañas.

Otro punto en relación con el Plan B, es el que se dedica a la cláusula de “vida eterna”, este controvertido punto en el que se da luz verde a la transferencia de votos entre partidos en coalición quedó fuera de la reforma.

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Por otra parte, María Julia Castañeda describe en una nota de la Agencia EFE que otro de los puntos que considerado uno de los más controvertidos, la creación del Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC) con el que se busca sustituir al Instituto Nacional Electoral (INE), que emergió como órgano autónomo en 1990, en sustitución del entonces como Instituto Federal Electoral (IFE), con el objetivo de quitarle al Gobierno el control de las elecciones.

Este Plan B fue presentado por López Obrador en el mes de abril del año pasado, que en este 2023 ya fue aprobado por el Congreso.

EL INE NO SE TOCA

Miles de mexicanos salieron a las calles teniendo como proposito defender al INE en varias ciudades de México, así como en Europa y Estados Unidos, la primera marcha se llevó a cabo el año pasado y la última el domingo 26 de febrero de 2023, en contra del Plan B de AMLO, mismo ya quedó inscrito en el Diario Oficial de la Nación, con el que se busca reformar al reformar el Instituto Nacional Electoral.

Por su parte, el mandatario mexicano defiende que con estas medidas se logrará contar con un ahorro de millones de dólares, así mismo señala que los salarios de en los puestos altos del INE son “estratosféricos” y además afirma que harán que las votaciones sean más eficientes.

Por lo contrario, la oposición asevera que con el Plan B se acota la autonomía y fiabilidad de las próximas elecciones presidenciales de 2024, por lo que exhortan a la SCJN que la detenga y la declare como inconstitucional.

En su defensa, el gobierno de AMLO defiende que el propósito del Plan B es soslayar los gastos injustificados y duplicidad de funciones, por lo que asegura que tan solo en su primer año en vigor se posibilitará tener un ahorro de 5,000 millones de pesos; así como también 3,500 mdp del presupuesto directo y 1,500 mdp de lo que se otorga a organismos locales. López Obrador propone que este dinero se destine a programas sociales o becas para estudiantes.

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Por su parte, el Instituto Nacional Electoral (INE) anunció que entablará una controversia constitucional en la SCJN contra el paquete de leyes del Plan B.

En este sentido, la oposición alista movilizaciones en diferentes ciudades del país para presionar y buscar la suspensión de estas leyes que precisan dañarán el sistema democrático de México.

Jaime Rivera, consejero del INE, explico a la Agencia The Associated Press que una vez que sea publicada la reforma electoral, el organismo va a presentar ante la Suprema Corte y el Tribunal Electoral del Poder Judicial varias acciones con el objetivo de invalidar algunas de las leyes del Plan B. Rivera agregó que estas “tienen elementos de inconstitucionalidad” y ponen “en grave riesgo” la capacidad de poder llevar a cabo las elecciones presidenciales del 2024.

Así también, Rivera precisó que se estima que más de 4,000 empleados electorales van a ser despedidos en los próximos seis meses.

Mientras que, Arturo Espinosa, abogado y consultor en temas electorales, detalló a AP que hay “altas probabilidades” de que consigan prosperar las impugnaciones contra el paquete de leyes del Plan B debido a que “hubo irregularidades” durante el proceso legislativo de aprobación. Además, Espinosa añadió, que algunas de las modificaciones son “contrarias al texto constitucional”, ya que vulneran la autonomía del INE, así como los “principios democráticos que deben observar las elecciones”.

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En opinión de Federico Estévez, profesor jubilado de Ciencias Políticas del Instituto Tecnológico de Monterrey comentó a la Agencia The Associated Press que las declaraciones de la oposición en el sentido de que López Obrador está “desmantelando la democracia” son exageradas. “No se trata de deshacer la democracia, es una concepción diferente de la democracia”, sentenció Estévez.

En tanto que, Patricio Morelos, profesor en Ciencias Políticas del Instituto Tecnológico de Monterrey, indicó a AP que “habría que preguntarse si el hecho del alto costo es algo malo si se asegura una democracia plena, con resultados ampliamente reconocidos por la gente”. En este sentido, Morelos calcula que las elecciones del 2021 tuvieron un costo de cerca de 2,000 millones de dólares.

Para Marcos González Díaz, corresponsal en México de BBC News Mundo, lo esencial está en saber qué va a sucedrer con los recursos que se impongan contra el Plan B ante la Suprema Corte.

En esta línea, Alberto Pérez Dayán, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), decidió admitir a trámite la controversia constitucional que el Instituto Nacional Electoral presentó en contra de la primera parte del plan B de la reforma electoral Andrés Manuel López Obrador.

“Se tiene por presentado al promovente con la personalidad que indica y, con base en lo expresado en la demanda, a la naturaleza de las normas impugnadas, atribuibles respectivamente al Congreso de la Unión y al Poder Ejecutivo Federal, se admite a trámite la demanda que hace valer, sin perjuicio de los motivos de improcedencia que, en su caso, puedan advertirse de manera fehaciente al momento de dictar sentencia”, explicó el ministro Pérez Dayán.

Asimismo, el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM publicó un libro en el que expresa su opinión técnica en referencia al Plan B de la Reforma Electoral de 2023.

Para su realización se contó con el apyoyo de un grupo de académicos y especialistas mismos que analizaron de forma crítica la propuesta presidencial.

Este trabajo fue coordinado por Javier Martín Reyes y María Marván Laborde, quienes indicaron que “es una reforma profundamente regresiva”.

En este estudio, los coordinadores presentan 13 razones por las que puede darse la inconstitucionalidad de la reforma.

Para poder consultar este análisis, pude entar an esta liga:

Radiografia Del Plan B La Reforma Electoral de 2023 a Examen

En un comininado de Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdova Vianello, actual Consejero Presidente del INE, afirma que la democracia necesita contar con una defensa colectiva; por loque confía en que la SCJN velará por estabilidad política, el orden democrático y constitucional del país

José Woldenberg, expresidente del IFE, en una entrevista con El Univesal, se refirió a que el desenlace del Plan B de la reforma electoral va a ser definido en la Suprema Corte de Justicia, en lo que considera uno de los episodios más tristes de nuestra democracia.

“Esto acabará siendo definido en tribunales, lo que me parece algo de las cosas más tristes que nos están sucediendo, porque la legislación electoral debe cobijar la coexistencia y coexistencia de la diversidad y esa legislación debe contar con el consenso de los actores políticos” explicó Woldenberg a El Universal. “Es la primera reforma desde 1977 que se va a aprobar sin tomar en cuenta al resto de las fuerzas políticas”, agregó. Mi voto no se toca

José Ramón Cossío Díaz, que se desempeñó como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación desde diciembre de 2003 hasta noviembre de 2018, en su discurso en defensa del INE el 26 de febrero en la Plaza de la Constitución en CDMX, aseguró que “rechazamos las calificaciones que quieren imponernos a quienes pensamos distinto. A quienes consideramos que las reformas a las leyes electorales pretenden controlar las próximas elecciones”.

“El espacio físico que alude a la estructura jurídica que reconoce nuestra pluralidad política y nuestra composición pluriétnica. Nuestros derechos humanos como proyectos de vida a realizar. La diversidad de nuestras regiones y gentes. Los frenos y contrapesos para quienes temporalmente ocupan el poder. También, a nuestro sistema democrático”, agregó Cossío Díaz. “Los procesos electorales previstos en la Constitución son la única manera de elegir y de renovar pacíficamente todo lo que aspiramos ser”, continuó el exministro. “Estoy seguro que los ministros considerarán que las irregularidades en los procesos legislativos tienen un serio potencial invalidatorio”, concluyó.