Modalidad 40: ¿qué es lo que no se dice?

Tomar decisiones sin socializarlas previamente, como estrategia para impedir que se visualicen sus consecuencias de forma clara, constituye uno de los vicios más extendidos entre la clase política de nuestro país. No es sorpresa en ese sentido que se anuncien medidas de forma sorpresiva que cambian las reglas del juego de manera drástica y que estas intenten justificarse en la presunta necesidad de corregir errores o desviaciones.

Es el caso de la decisión que el Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social ha tomado para “modificar” las reglas mediante las cuales la ley, que rige la actividad del IMSS, permite a quienes cotizaron al sistema pensionario antes del 1 de junio de 1997 acceder a una mejor pensión.

De acuerdo con la información que se ha difundido en las últimas horas, el Consejo Técnico del IMSS decidió, a partir de un estudio realizado, que existían casos de fraude y que dichos casos afectan las finanzas institucionales. De hecho, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró ayer que dicha afectación alcanza el orden de los cientos de miles de millones de pesos.

El cuestionamiento es obligado: si lo que se detectó fueron fraudes, es decir, casos concretos, de personas concretas, que han obtenido, o están en la ruta de obtener, una pensión aportando datos falsos o mediante engaños, ¿por qué no se procede en contra de ellas?

Porque el fraude es un delito. Está previsto en el Código Penal y existe una pena concreta asociada a dicha conducta.

En otras palabras, si hay personas que han violado la ley, ¿por qué no se les inicia el proceso legal correspondiente y se les castiga, en lugar de privar a todos de la posibilidad de ejercer un derecho que la propia ley establece?

Porque si una persona cumple con los requisitos que establece la Ley del IMSS para acceder a la denominada “Modalidad 40” y realiza los trámites correspondientes para ello, ¿por qué habrían de negarle dicha posibilidad? ¿Porque hubo alguien que incurrió en una violación a dicha norma? Eso es un absurdo jurídico insostenible.

Lo que el Gobierno de la República ha anunciado equivale así a tomar la decisión de cerrar la frontera a la importación de combustibles porque se ha detectado que hay personas que lo han introducido de forma fraudulenta al país.

La ausencia de lógica en la decisión tomada invita a pensar que la verdadera razón es otra, pero que no quiere ventilarse: las finanzas institucionales no van a soportar la carga que implica pagar pensiones altas –por el equivalente de hasta 25 UMAS– a más personas.

Es decir: el dinero alcanza –o alcanzará– para quienes ya se encuentran dentro del esquema, pero admitir a nuevos derechohabientes colapsará el sistema.

No será ninguna novedad enterarnos de que esa es la verdadera razón. Ya sabemos que los esquemas pensionarios de todo el mundo son insostenibles. Pero estaría bien que el asunto no se dejara a la especulación, sino que se ventilara con transparencia.