Funcionario que autorizó obras en Tajamar ahora se presenta como activista ambiental
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En el 2007, Ricardo Juárez Palacios llegó acumular hasta 19 denuncias en su contra, hasta que fue destituido por SFP
Ricardo Juárez Palacios, biólogo de profesión con estudios de Maestría en Ciencias, especializado en Administración de Recursos Naturales, Gestión Ambiental, en el 2008 avaló las obras en Tajamar y hoy se promociona como gestor y activista ambiental.
De acuerdo con información del Kiosco de El Universal, en el 2008 fue inhabilitado y suspendido como funcionario público por la Secretaría de la Función Pública por haber entregado varios permisos irregulares de impacto ambiental para construir, entre ellos el permiso para obras en Tajamar.
Sin embargo, hoy en Linkedin y en el Centro de Estudios Jurísdicos y Ambientales se promociona como “gestor ambiental”.
En su curriculum destaca que de Junio de 2001 a Julio de 2007 fue Director General de Impacto y Riesgo Ambiental, ambos cargos en la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) del Gobierno Federal, en el gobierno de Vicente Fox y Felipe Calderón Hijonosa.
De acuerdo con información del periódico la Jornada, las investigaciones arrojaron que Juárez Palacio incurrió en uso discrecional de viáticos y "amiguismo".
La SFP investigó al menos 19 quejas en contra de la gestión de Ricardo Juárez Palacios, quien ocupó el cargo desde el 2001, quejas interpusieron grupos ambientalistas y científicos porque se habrían dado autorizaciones de manifestaciones de impacto ambiental (MIA) sin cumplir la legislación correspondiente.
De total de quejas que se presentaron sólo seis investigaciones siguen su curso, y el resto fue desestimado y archivado. Entre las denuncias destacan la autorización de la MIA de los proyectos Marina Careyes y La Huerta, en la zona de influencia de la reserva de la biosfera Chamela Cuixmala, Jalisco.
Entre las quejas contra el funcionario estaba la autorización de la MIA del proyecto Costa Cancún, otorgada el 23 de febrero de 2004, y que preveía la destrucción de 377 hectáreas de manglar destinadas a la conservación de la vida silvestre, las cuales sólo podrían utilizarse para actividades turísticas con "altas restricciones ecológicas", según la información de hace casi ya una década.
