Joven de 19 años que tenía cesárea programada fallece en hospital de la CDMX por negligencia

Por Claudia Ramos (@malamadremx) para Animal Político

El pasado 2 de diciembre por la mañana, Rosalía llegó por su propio pie al Hospital General Dr. Enrique Cabrera de la Ciudad de México para una cesárea programada.

Con 39 semanas de embarazo, la joven de 19 años se registró y se despidió de su bisabuela y de su tío abuelo. Horas después se encontraba en estado de coma. Ochenta y nueve días más tarde “una cadena de negligencias médicas” provocó su muerte, de acuerdo con el equipo jurídico del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE).

La abogada Yolanda García informa que Rosalía fue víctima de violencia estructural y violación de sus derechos humanos por parte del Estado a través de los servicios de salud del gobierno de la Ciudad de México, toda vez que no recibió la atención médica adecuada tras un control prenatal normal en el centro de salud que la refirió al hospital del sistema público capitalino.

También se violó el derecho de sus familiares a conocer en todo momento el estado de salud de Rosalía, toda vez que pudieron verla y conocer su condición hasta el 4 de diciembre, dos días después de su ingreso al hospital.

La Secretaría de Salud de la Ciudad de México informó a Animal Político que la Procuraduría de Justicia es ahora la encargada del caso de Rosalía, aunque en esa dependencia indicaron que hasta el momento no se ha iniciado ninguna carpeta de investigación por su fallecimiento.

Violencia obstétrica

De acuerdo con la versión de los familiares, desde el primer momento Rosalía fue víctima de violencia obstétrica pues el personal del hospital la obligó a intentar un parto normal aún cuando no tenía contracciones y había una instrucción expresa del médico que la refirió para que se le realizara una cesárea debido a su complexión y corta edad.

A partir de ahí la abuelita, la bisabuelita y el tío abuelo de Rosalía reportan a las abogadas de GIRE que el personal nunca les informó sobre la condición médica de la joven ni por qué había pasado tantas horas en labor de parto en lugar de practicarle la cesárea desde un inicio.

Según el parte médico -entregado de viva voz a los familiares apenas el pasado lunes 18 de febrero por el director del hospital y todos los jefes de servicio, tras la orden de un juez que intervino por un recurso de amparo urgente interpuesto por GIRE- a Rosalía le tuvieron que practicar una cesárea de emergencia luego de horas de trabajo de parto. Esto provocó que “desarrollara atonía uterina”, es decir la imposibilidad del útero a contraerse después de haberse expandido, lo que provocó una hemorragia que derivó en una histerectomía. Tras ligarle las arterias uterinas Rosalía fue “empaquetada”, esto significa que la llenaron de gasas para evitar que continuara desangrándose. En el ínter le dio un paro cardíaco tras una hemorragia masiva, que la mandó directo a terapia intensiva.

Cuando finalmente la familia la pudo ver, dos días después, Rosalía se encontraba entubada, con sondas y en estado de coma. El diagnóstico médico era atrofia cortical cerebral, un daño cerebral irreversible por el cual todos sus órganos se encontraban comprometidos. El hospital nunca gestionó una interconsulta con un neurólogo de otra institución a falta de uno propio, y dejó de atender a la joven. La desatención iba desde dejarle las sondas sucias, insistir en suministrarle los medicamentos y la alimentación por vía oral en lugar de intravenosa, hasta no asearla, denuncia GIRE.

Tras la intervención del juez y de GIRE, la dirección del hospital se comprometió a realizar una nueva tomografía y sacarle una interconsulta con el neurólogo para confirmar el diagnóstico; enviarla a rehabilitación para que recibiera las terapias que necesitaba; flexibilizar los horarios para que dos personas de la familia pudieran estar todo el tiempo con ella para darle sus masajes, y proporcionarle una dieta especial determinada por una nutricionista.

Nada de esto se cumplió, indica el equipo jurídico de GIRE: el medicamento continuó suministrado por la vía oral, por lo que nunca descendió la fiebre; la falta de rehabilitación provocó que se le hiciera una llaga enorme en la pierna que se le infectó; las enfermeras no la limpiaban “por miedo a que pasara algo o de plano cómo para qué”; nunca le dieron una dieta especial “porque ya casi ni comía”; le realizaron otra tomografía, pero no solicitaron la interconsulta con un neurólogo que interpretara el estudio, y finalmente cuando obtuvieron una cita en el Instituto Nacional de Rehabilitación el viernes pasado, no pudo ser atendida porque tenía fiebre.

Ese mismo viernes 22 de febrero por la noche Rosalía fue reingresada al hospital Dr. Enrique Cabrera donde ahora sí le suministraron los medicamentos por vía intravenosa para bajarle la fiebre, pero fue tarde. La madrugada del sábado sufrió una crisis por insuficiencia cardíaca y fue sometida a una cirugía para un cateterismo, del que salió en estado crítico. Finalmente el domingo 24 de febrero a las 7 de la noche Rosalía falleció.

A nombre de la familia, el equipo jurídico de GIRE presentará la próxima semana una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos por violencia estructural y continuará el curso del amparo interpuesto ante el juez por violación de los derechos humanos de Rosalía.

El amparo urgente solicitado el jueves 13 de febrero por GIRE señala “los tratos crueles, inhumanos y degradantes que recibió Rosalía. El Juez determinó que la falta de asistencia médica implica una violación al derecho al más alto nivel posible de salud física y mental”, que en ese momento podría causarle daños de difícil o imposible reparación, razón por la cual ordenó que se le valorara de manera inmediata y se le otorgara el tratamiento pertinente para preservar su salud.

“Lo que la familia quiere es conocer la verdad. Ya solicitamos los expedientes clínicos para que se estudien y la familia pueda escuchar de alguien imparcial que no estuvo ahí qué fue lo que realmente ocurrió, porque ya no confían en nada de lo que dice el hospital”, informó en entrevista García.

“El Estado debe hacerse responsable, porque además hay un menor que quedó huérfano”, concluyó.

De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH),  33.4 % de las mujeres que tuvieron al menos un parto entre 2011 y 2016 en México dijeron haber sufrido maltrato por parte de quienes las atendieron. La Ciudad de México encabeza la lista de entidades con mayor porcentaje de mujeres que sufrieron algún tipo de violencia obstétrica en los últimos cinco años, con 36.5 %, seguida del estado de México (36%), Querétaro (34.6%), Tlaxcala (34.2%) y Morelos (33.7%).