PRI y Gobierno Federal tienen como contratista a ex operador del narco
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La investigación hace un recuento de la trayectoria tanto política como delictiva de Rodolfo David Dávila “El Cónsul”, quien después de haber sido procesado penalmente por vínculos con el narcotráfico, apareció ocho años después como contratista de la Cruzada Nacional Contra el Hambre
CDMX.- Ayer se dio a conocer la tercera parte de una investigación del equipo de Carmen Aristegui que dio cuenta de tratos que tenía un operador del cártel de Juárez con el Gobierno Federal, pues según se publica, el operador de la organización de los Carrillo Fuentes recibió contratos por más de 396 millones de pesos de la Cruzada contra el Hambre. Dichos pagos se habrían realizado a empresas fantasmas y por servicios jamás realizados, en una trama que involucró a la Universidad Autónoma de Morelos y a un ex dirigente de Nueva Alianza.
La primera parte comienza con una detención que se realizó hace 10 años de operador que se encargaba de lavar dinero del narcotráfico y que, actualmente es identificado como contratista del gobierno de Enrique Peña Nieto, en su programa social : la Cruzada Nacional Contra el Hambre.
La investigación hace un recuento de la trayectoria tanto política como delictiva de Rodolfo David Dávila “El Cónsul”, quien después de haber sido procesado penalmente por vínculos con el narcotráfico, apareció ocho años después como contratista de la Cruzada Nacional Contra el Hambre.
En dos transacciones realizadas entre octubre y diciembre de 2013, dos empresas en las que Rodolfo David Dávila Córdova aparece como socio y apoderado legal recibieron más de 396 millones de pesos (equivalentes a 25 millones de dólares, conforme al tipo de cambio de ese momento) del programa federal. Las empresas se denominan Grupo Comercializador Cónclave SA de CV y Prodasa SA de CV.
Tanto Cónclave como Prodasa, según la investigación, son empresas ‘fantasma’, que cobraron por servicios que nunca realizaron. Los domicilios fiscales que aparecen en el acta constitutiva de la empresa y en las facturas corresponden en realidad a consultorios médicos y a despachos de abogados.
En suma, las empresas ligadas al hombre acusado por la PGR de lavado de dinero recibieron en dos contratos 396 millones 442 mil 615 pesos de fondos federales de Sedesol, triangulados a través de la Universidad Autónoma de Morelos.
Una de las empresas ligadas al operador del Cártel de Juárez, Grupo Comercializador Cónclave SA de CV , también habría jugado un papel importante como intermediario en los traspasos de jugadores del fútbol mexicano con destino al viejo continente. Su nombre aparece en los informes financieros correspondientes a 2012 y 2013 del Club de Futbol Porto, de Portugal.
“En el período de seis meses finalizado el 31 de diciembre de 2012, los servicios de intermediación fueron proporcionados por la entidades Northfields Sports BV, Grupo Comercializador Cónclave SA y el agente Giancarlo Uda”, detalla uno de los reportes compartido a los inversionistas del Club de futbol Porto.
El informe financiero precisa que en el periodo en que Cónclave fungió como intermediario (julio-diciembre de 2012) se sumaron a la lista de adquisiciones del Porto el jugador mexicano Diego Reyes, propiedad del Club América, y los futbolistas colombianos Jackson Martínez y Héctor Quiñones, el primero procedente del Club Jaguares de Chiapas y el segundo de la Asociación Deportivo Cali.
Jackson Martínez llegó al futbol mexicano en 2010, al club Jaguares de Chiapas, en donde permaneció por dos años y medio, con un récord de 33 goles. Su traspaso al Club Porto se realizó en julio de 2012, en una transacción de 9.6 millones de euros. El jugador tenía 25 años de edad cuando emigró a Europa.
Al mes de realizarse esta transacción, la cadena radial RCN de Colombia y Mundo Fox, de Estados Unidos, difundieron una investigación en la que aseguraban que Guillermo Lara, el promotor del jugador colombiano, estaba vinculado con el narcotráfico.
La investigación de ambos medios afirmaba que capos de la droga, paramilitares y un guerrillero colombianos habían invertido en el futbol mexicano entre 2003 y 2006, de acuerdo con documentos encontrados por la Fiscalía de Colombia a un narcotraficante del Norte del Valle.
En la tercera y última parte de la investigación sobre las empresas del operador del cártel de Juárez, se documenta el principal cliente de éste: El Partido Revolucionario Institucional
En junio de 2011, la Secretaría de Finanzas del Comité Ejecutivo Nacional le encargó a Grupo Comercializador Cónclave elaborar 67 mil 900 “reportes especiales” que serían entregados a los gobiernos estatales y municipales priístas para instruirlos sobre cómo realizar “una gestión gubernamental más eficiente”, según detalla el contrato localizado en los registros del ahora Instituto Nacional Electoral (INE), antes conocido como IFE. En ese entonces el dirigente nacional era Humberto Moreira, quien recientemente fue acusado de lavado de dinero.
Un año después, al mando de Pedro Joaquín Coldwell, el PRI nacional refrendó los servicios de Cónclave con el contrato CP-118-0115/2012, con vigencia del 20 de enero al 31 de diciembre. Además de elaborar impresos, les surtía mobiliario, según consta en sus registros de proveedores, según apunta la investigación.
Poco después de las asignaciones, el INE puso en duda los contratos y facturas de Grupo Comercializador Cónclave y para demostrar que no era una asignación fantasma, el PRI envió al Instituto Electoral “reportes especiales” físicos y carpetas de los trabajos realizados por la empresa antes citada.
No conformes con esas pruebas, los auditores solicitaron la documentación en la cual constara la forma en que el partido distribuyó ese material.
Según la respuesta enviada al IFE, los reportes se repartieron en forma masiva en los comités directivos nacionales y estatales; con los sectores adherentes al PRI (CTM, CNOP, CNC), en los congresos, en universidades, bibliotecas, embajadas, con gobernadores, secretarías de Estado y periodistas afines al partido.
Grupo Comercializador Cónclave, operada por Rodolfo David Dávila Córdoba, “El Cónsul”, identificado por la PGR como operador financiero del Cartel de Juárez, participó en la triangulación de dinero en el caso llamado Monexgate.
En el 2012, en plena campaña electoral por la Presidencia de la República el Partido Revolucionario Institucional, Partido del Trabajo, Partido de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano acusaron al PRI de tener una estructura de financiamiento ilegal por medio de tarjetas de débito bancarias emitidas por el Grupo Financiero Monex.
Las pruebas de esta caso fueron entonces exhibidas por los coordinadores de las campañas. Por la izquierda, Ricardo Monreal y por la derecha, Roberto Gil durante uno de los debates que sostenían semanalmente, en la Primera Emisión de Noticias MVS conducida por Carmen Aristegui. Sobre la mesa pusieron dos tarjetas bancarias y 19 facturas. Tanto unas como otras expedidas por el banco Monex.
El representante del PRI, Luis Videgaray -ahora convertido en secretario de Hacienda- negó entonces que usaran las tarjetas. “No”, dijo a botepronto en pleno debate. Meses más tarde, Jesús Murillo Karman –tiempo después nombrado Procurador General de la República- salió a dar la cara por los tricolores. Dijo que siempre sí emplearon las tarjetas pero no para los fines que sus opositores acusaban y tampoco habían rebasado con ello el tope financiero.
Con todas las pruebas dadas a conocer, el entonces Instituto Federal Electoral (IFE) realizó una serie de investigaciones en las que el resultado fue que exoneraron al PRI. Para la mayoría de los consejeros era creíble la versión del equipo encabezado por Enrique Peña Nieto en el sentido de que esas tarjetas fueron sólo para cubrir el costo operativo de su estructura – es decir para pagar alimentos o transportes de los representantes de casillas- y no propiamente para gastos de campaña como pudieran ser espectaculares o mítines.
En el dictamen de la auditoría hecha las finanzas del PRI, a lo largo de 228 páginas, apareció el nombre del Grupo Comercializador Cónclave.
