Ordenan a FGR investigar a López-Gatell por ‘mal manejo’ de la pandemia de COVID-19
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El juez Arturo Medel Casquera revocó la determinación que la FGR dictó el pasado 22 de marzo, de no proceder penalmente contra el subsecretario
Un juez federal ha ordenado a la Fiscalía General de la República (FGR) a continuar investigando al subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell con el fin de determinar si incurrió o no en negligencia, falsos informes y ocultamiento de datos sobre el manejo de la pandemia de COVID-19 en México.
Fue el juez de Control Federal Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, Arturo Medel Casquera, con sede en el Reclusorio Sur, revocó la determinación que la FGR dictó el pasado 22 de marzo, para no proceder penalmente contra López-Gatell.
El caso inició con la denuncia del abogado Javier Coello Trejo, quien responsabilizó al subsecretario de Salud de homicidio por negligencia que provocó la muerte de miles de personas durante la emergencia sanitaria de Coronavirus.
Pero en dos ocasiones, la FGR intentó frenar el asunto para no investigar a Hugo López-Gatell, así como tampoco consignar la carpeta de investigación ante un juez federal.
A través de un comunicado, el abogado Coello Trejo informó que en esta nueva resolución dictada por el juez Medel Casquera, se ordenó a la Fiscalía General de la República llegar a fondo del asunto y recibir las pruebas que ofrezcan las víctimas que denunciaron al subsecretario de Salud.
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“Como se puede ver el Juez de Control Federal, ordena a la Fiscalía General de República, que continue la investigación, que desahogue más datos de prueba e incluso que investigue a fondo estos lamentables hechos;
“Reiteramos que seguiremos por la vía jurídica, reclamando justicia para los miles de víctimas indirectas que, por la falta de deber de cuidado, negligencia, falsos informes dados a la población, haber ocultado ante la nación la realidad de lo que esta epidemia causaría, responsabilidad que recae, en quien por ley tenía la obligación de preverlo y el deber de cuidar la salud de los mexicanos”, puntualizó el comunicado.
El juzgador señala que el Ministerio Público destacó las acciones del Gobierno Federal para prevenir y mitigar los contagios de COVID-19, con lo que concluyó que no habrá elementos para ejercer acción penal. Sin embargo, también observó que no hubo ningún momento cierre de vuelos, ni obligación para que los extranjeros que entraran a México solo lo pudieran hacer si estaban vacunados; así como tampoco se tuvo estudios en concreto sobre la eficiencia del uso de cubrebocas ni que estuvieran establecidos como obligación.
“El asunto es bastantes complejo, pero es un asunto que amerita precisamente que los diversos operadores, incluida la Fiscalía, tengan esa empatía precisamente en esa investigación, porque no se deben delimitar únicamente a verificar y establecer lo que sí hubo, sino precisamente, ver que es lo que no hubo, ver lo que se dejó de hacer y precisamente, advertir si de eso que se dejó de hacer, pues pudo haber detonado, haber traído esa consecuencia gravosa, como lo es al menos en este momento, la pérdida de la vida de una persona;
“La fiscalía tiene que seguir con sus actos de investigación. He mencionado algunos aspectos únicamente de manera enunciativa, más no limitativa, la fiscalía es la que tiene en su poder ese cúmulo de acciones que se han implementado y de ese cúmulo de acciones, pues puede consultar con expertos qué otra acción pudo haber sido eficaz o se dejó de hacer por parte del gobierno mexicano y de sus funcionarios como en el caso del subsecretario correspondiente. Entonces con base en eso, es que la fiscalía podrá llegar a una determinación exhaustiva, eficaz, donde se ha agotado la investigación misma”, indicó el juzgador.
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Que trajo como consecuencia, la orden de investigar si hubo omisiones por parte del Gobierno Federal para evitar contagios y la muerte de miles de personas.
En específico sobre el caso de Felipe del Carmen Jiménez, una de las dos denuncias que presentó Javier Coello Trejo, el llamado “Fiscal de Hierro”, presentada el 25 de noviembre de 2020, quien fue víctima de COVID-19 por la negligencia de diversas autoridades. A lo que la familia de Jiménez Pérez promovió un amparo; sin embargo, en primera instancia se les negó la protección de la justicia. En la revisión, el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal concedió el amparo, motivo por el cual se tuvo que llevar a cabo una nueva audiencia, donde se dio la orden de iniciar la investigación.
