Piden a SCJN atraer amparos contra extinción de fideicomisos

La Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal (CJEF) solicitó a la Suprema Corte de Justicia que atraiga los recursos legales interpuestos en contra de la reforma, que extinguió 13 fideicomisos del Poder Judicial, con un acumulado de más de 15 mil millones de pesos.

La oficina federal acusó a los jueces de violar el principio de imparcialidad, establecido en la Constitución, ya que están impedidos para conocer sobre asuntos de su propia causa.

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“Violan en su beneficio el principio de imparcialidad del artículo 17 constitucional. Ningún juez debe conocer de su propia causa; así lo dispone también el artículo 51 de la Ley de Amparo”, refirió.

“Ante esta evidente parcialidad con la que se conducen todos los jueces y magistrados, la Consejería ha pedido que la SCJN atraiga y resuelva de manera prioritaria los juicios de amparo”.

De acuerdo con la CJEF, los Ministros deben resolver directamente sobre el caso, debido a que existen intereses económicos de jueces, magistrados y personal del Poder Judicial Federal.

“La Consejería está solicitando a la presidenta de la SCJN, Norma Piña, que se ejerza la facultad de atracción del alto tribunal y resuelva de forma prioritaria los juicios de amparo promovidos por integrantes del PJF.

“Ya que éstos, al estar interesados en mantener el control de recursos públicos obtenidos con las aportaciones de los contribuyentes (pueblo), están impedidos para resolver con imparcialidad dichos juicios de amparo”.

La dependencia advirtió que la actuación de los juzgadores pone en riesgo el bienestar a los habitantes de Acapulco, con el argumento de que había un supuesto compromiso para reasignar montos de los fideicomisos para los afectados por el paso del huracán “Otis”.

“Por ética judicial, los juzgadores debieron abstenerse de conocer de los juicios de amparo y recursos interpuestos en contra de la extinción de los fideicomisos del PJF”, refiere.

“No debieron anteponer sus intereses meramente económicos por encima del bienestar de la población de Acapulco, que requiere una actitud solidaria. Están perdiendo la confianza de la sociedad mexicana sobre su imparcialidad al ser juez y parte en asuntos de su interés”.

En el pronunciamiento, la CJEF reprochó que los jueces hayan otorgado suspensiones definitivas contra la reforma que extinguió los fideicomisos, para que el dinero no fuera reintegrado a la Tesorería de la Federación y, de ahí, asignado a un fondo para Acapulco.

De manera particular, arremetió contra el juez decimosegundo de Distrito en el estado de Chihuahua, Juan Fernando Luévano Ovalle, quien otorgó una suspensión definitiva “en forma rápida, inusual y sin oír a las partes”.

También hizo mención de la jueza novena de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, Elizabeth Trejo Galán, quien otorgó la suspensión con efectos generales que le favorece, en lo personal, así como a los demás jueces y magistrados, hayan o no promovido un juicio de amparo.

“La suspensión solo debía otorgarse de existir un acto concreto derivado de la norma que afectara la esfera jurídica de los quejosos, y no en favor de terceros ajenos al juicio”, agregó.