¿Por qué FGR gira segunda orden en contra investigadores acusados por CONACYT?¿Qué pasó en la primera?

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/ 22 septiembre 2021

Te explicamos cuál es el proceso acusatorio que se está llevando a cabo hacia los 31 científicos

Desde el 20 de septiembre circuló en la columna de Raymundo Riva Palacio que el Fiscal General Alejandro Gertz Manero solicitó una orden de aprehensión contra 31 científicos, investigadores y académicos acusados por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de operaciones con recursos de procedencia ilícita, delincuencia organizada y peculado; con el fin de que fueran llevados al penal de alta seguridad El Altiplano en Almoloya de Juárez.

Al día siguiente la Fiscalía General de la República (FGR) pidió las órdenes de captura a los 31 ex funcionarios del Foro Consultivo Científico y Tecnológico (FCCyT) por la procedencia de más de 244 millones de pesos durante seis años otorgados por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT)

Sin embargo el día miércoles, 22 de septiembre, un juez federal rechazó dictar dichas órdenes tras considerar que los hechos imputados no corresponden a los delitos que se les pretende atribuir al equipo de CONACYT.

¿Quiénes son los científicos y científicas que la justicia tiene en la mira?

Aunque no se tiene la lista exacta de los nombres, por protección a sus derechos, trascienden los nombre de:

Enrique Cabrero Mendoza, Director general de CONACYT entre 2013 y 2018

Julia Tagüeña Parga, Directora del Foro Consultivo Científico y Tecnológico entre 2018 y 2020

Gabriela Dutrénit Bielous, profesora de la UAM Xochimilco

Luis Mier y Terán Casanueva, ex rector general de la UAM

Se sabe que 20 de los 31 imputados recibieron visita de elementos de la FGR para darles a conocer su situación jurídica.

¿Por qué la FGR va en contra de los científicos?

La Fiscalía General de la República investiga el presupuesto de 244 millones de pesos que recibió la asociación Foro Consultivo Científico y Tecnológico (FCCyT) durante el sexenio de Enrique Peña Nieto.

El Foro Consultivo Científico y Tecnológico existe desde 2002 y desde ese entonces funciona con financiamiento público, pero es en el marco del sexenio 2012-2018 la presunta asignación ilegal de recursos la cual es denunciada.

El desacuerdo entre CONACYT y FCCyT data de 2019, cuando el consejo investigador de ciencia en México cuestionó el presupuesto de 244 millones otorgado a la asociación civil y se decidió dejar de entregar el apoyo federal.

Julia Tagüeña, directora del FCCyT en ese tiempo, se pronunció con un amparo para continuar recibiendo el presupuesto; sin embargo CONACYT cambió estatutos internos con el fin de liberarse de esas obligaciones.

“En el último año y medio se invirtió 0.36% en telefonía celular, por cierto en apoyo de las actividades, no de la operación; 0.67% en bocadillos, 7% en servicios generales, 18.92% en servicios personales para la administración y operación, y 70.7% en el desarrollo de proyectos”, presentó Tagüeña como justificante.

Y de ahí el tema fue abordado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación -quienes no concedieron el amparo al FCCyT, al igual que determinó que no existieron irregularidades en la asignación de recursos-, para terminar en una denuncia ante la FGR, así como una petición de órdenes de aprehensión por delitos de delincuencia organizada, que ha sido rechazada dos veces.

¿Qué pasó con la primera orden de la FGR?

La primera denuncia fue realizada el 10 de julio de 2020 por la apoderada legal de CONACYT, Rosenda Cruz, según documentos informados por medios de comunicación, con la finalidad de investigar los hechos ocurridos entre enero 2013 y junio 2019 por los 244 millones de pesos destinados al Foro por el Consejo.

A mediados de 2021, la SCJN (como ya se mencionó) señaló la legalidad de los recursos y resolvió que CONACYT sí debería otorgar dicho presupuesto al FCCyT

El 24 de agosto de este año, en una audiencia con el juez Gregorio Salazar Hernández en el Estado de México, se determinó que la fiscalía no presentó elementos suficientes para realizar el juicio tras la orden de captura. Por lo que otorgó 15 días para mostrar evidencia

Hoy el juez federal de control del Centro de Justicia Federal del penal de alta seguridad de Almoloya de Juárez en el Estado de México negó en definitiva los procesos.

María Elena Álvarez Buylla, titular de CONACYT, afirmó que Tagüeña como directora del FCCyT, durante el sexenio de Peña Nieto. destinó ilegalmente 50 millones de pesos a la asociación.

Posturas al respecto

El Presidente de la República mencionó durante la conferencia matutina que “se presume que hubo malos manejos de recursos en el Conacyt. Pero esto lo va a resolver el juez y el que nada debe, nada teme. Es que tenemos que combatir la corrupción, desde luego más arriba, de arriba hacia abajo”.

Mientras que, la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) y el Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE) expresó “estas acusaciones contra 31 miembros de la colectividad académica nacional, entre los cuales se encuentra nuestro colega y exdirector, el doctor Enrique Cabrero Mendoza, son simplemente inaceptables, por lo cual demandamos el desistimiento de las autoridades de esta pretensión desproporcionada y absurda”.

Enrique Graue, rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), calificó estas acciones como “despropósito” e “inconcebible”, durante la ceremonia conmemorativa por los 100 años del lema y escudo universitarios indicó que “yo me permito afirmar que la Universidad Nacional Autónoma de México, reitera su confianza en la correcta y proporcionada aplicación de la justicia y creemos firmemente en la división de poderes y en su autonomía con un respeto irrestricto de los posibles involucrados”.

En la plataforma de peticiones Change.org se ha creado “Exigimos el fin a la persecución en contra de miembros de la comunidad científica” por lo que más de 13 mil 500 personas, que han firmado la petición mencionan “¡Exigimos el fin de la persecución por posturas ideológicas y políticas en contra de distinguidos miembros de la comunidad científica mexicana!”.

Sin embargo, esto no significa que sea un caso cerrado; según el periodista Arturo Ángel “La FGR aún tiene dos opciones: volver a pedirla (la orden de aprehensión) reuniendo más pruebas o apelar la negativa para que un tribunal revise”.