Presenta Gobierno de Sheinbaum iniciativa para que renuncien a doble nacionalidad como candidatos a gobernadores y presidentes
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La iniciativa contempla modificar la Constitución y la Ley de Nacionalidad para exigir que quienes busquen la Presidencia, una gubernatura o la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México tengan únicamente nacionalidad mexicana
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció una nueva iniciativa de reforma constitucional que busca establecer restricciones específicas para las personas con doble nacionalidad que pretendan ocupar los principales cargos del Poder Ejecutivo en México.
El planteamiento será enviado este jueves 27 de agosto al Congreso de la Unión y tiene como argumento central garantizar que quienes encabecen el gobierno federal o los gobiernos estatales tengan como único vínculo nacional la ciudadanía mexicana.
Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, Sheinbaum aclaró que la propuesta no pretende eliminar el derecho de los mexicanos a contar con dos o más nacionalidades. La restricción estaría dirigida exclusivamente a quienes aspiren a determinados cargos de elección popular.
“El asunto es si quiere ser presidente o quiere ser gobernador o gobernadora. Ahí me parece que debe quedar claro que solamente debes tener una nacionalidad, que es la mexicana”, señaló la presidenta.
¿QUÉ CAMBIARÍA PARA LOS CANDIDATOS?
La propuesta presentada por la consejera jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde, plantea modificar el artículo 86 de la Constitución para incorporar como requisito que quienes aspiren a la Presidencia de la República no tengan ni adquieran otra nacionalidad.
En caso de contar con una segunda nacionalidad, la persona tendría que renunciar a ella antes de solicitar su registro como candidata o candidato.
El requisito se sumaría a las condiciones que actualmente establece la Constitución, entre ellas ser ciudadano mexicano por nacimiento, estar en pleno goce de los derechos, ser hija o hijo de padre o madre mexicanos y haber residido en México durante al menos 20 años.
La iniciativa contempla que la misma condición se aplique a quienes busquen una gubernatura y a quienes aspiren a encabezar el Gobierno de la Ciudad de México, mediante modificaciones a los artículos 116 y 122 constitucionales.
LA RESTRICCIÓN NO TERMINARÍA CON EL REGISTRO
Uno de los aspectos más relevantes de la propuesta es que la obligación no se limitaría al proceso electoral.
De acuerdo con lo expuesto por Alcalde, una persona que ya ejerza la Presidencia tampoco podría adquirir o solicitar posteriormente otra nacionalidad.
Además, se plantea prohibir que el titular del Ejecutivo federal invoque ante autoridades extranjeras una nacionalidad distinta de la mexicana.
La iniciativa contempla incluso restricciones relacionadas con el uso de pasaportes o documentos de identidad expedidos por otro Estado, el ejercicio de derechos políticos derivados de una ciudadanía extranjera y el acceso a protección diplomática de otro país.
En caso de incumplimiento, la propuesta establece que la conducta sería sancionada conforme a las disposiciones constitucionales aplicables a las responsabilidades de los servidores públicos.
¿POR QUÉ SE PLANTEA AHORA?
El argumento político de la administración federal es evitar posibles conflictos de interés y reducir cualquier posibilidad de injerencia extranjera en quienes ocupen los cargos ejecutivos de mayor relevancia.
Sheinbaum ha planteado que una persona que aspire a dirigir México debe colocar el interés nacional por encima de cualquier otro vínculo estatal.
La consejera jurídica también presentó la medida como una forma de reforzar la certeza jurídica, debido a que la Constitución reconoce actualmente la situación de los mexicanos que poseen otra nacionalidad, pero no establece de manera general que esa condición sea incompatible con la aspiración presidencial.
El artículo 32 constitucional, de hecho, contempla expresamente a los mexicanos que poseen otra nacionalidad y señala que la legislación debe regular el ejercicio de sus derechos y establecer mecanismos para evitar conflictos derivados de la doble nacionalidad.
LA DIFERENCIA ENTRE SER MEXICANO CON DOBLE NACIONALIDAD Y OCUPAR LA PRESIDENCIA
La iniciativa plantea una distinción importante.
Una persona podría continuar teniendo doble o incluso múltiple nacionalidad sin que ello, por sí mismo, implique perder sus derechos como mexicana o mexicano.
Lo que cambiaría sería la posibilidad de utilizar esa condición para aspirar a determinados cargos públicos.
En otras palabras, la propuesta no plantea una prohibición general de la doble nacionalidad en México. El objetivo sería establecer un requisito adicional para quienes quieran convertirse en titulares del Poder Ejecutivo federal, de un gobierno estatal o de la Jefatura de Gobierno capitalina.
TAMBIÉN SE MODIFICARÍA LA LEY DE NACIONALIDAD
La reforma constitucional estaría acompañada de cambios a la Ley de Nacionalidad.
El objetivo sería establecer con precisión el procedimiento que deberán seguir las personas que tengan otra nacionalidad y quieran registrarse como candidatas.
La legislación tendría que determinar cómo se acredita la renuncia ante las autoridades mexicanas y ante las instituciones del país cuya nacionalidad también posea la persona.
Esto resulta especialmente relevante porque la nacionalidad no siempre funciona de la misma manera en todos los países: algunas legislaciones permiten renunciar voluntariamente a ella, mientras que otras establecen condiciones, excepciones o incluso limitaciones para hacerlo.
¿LA REFORMA AFECTARÍA A QUIENES YA TIENEN DOBLE NACIONALIDAD?
En principio, el planteamiento anunciado por Sheinbaum está dirigido a quienes pretendan acceder a los cargos señalados, no a la población mexicana en general.
Por ello, tener una segunda nacionalidad no significaría automáticamente perder la mexicana ni quedar impedido para ejercer los derechos civiles que correspondan.
El punto central sería que, para registrarse como candidato a la Presidencia, una gubernatura o la Jefatura de Gobierno, la persona tendría que haber renunciado previamente a cualquier otra nacionalidad, conforme al procedimiento que establezca la legislación.
¿QUÉ FALTA PARA QUE ENTRE EN VIGOR?
La propuesta anunciada por Sheinbaum todavía no constituye una nueva obligación constitucional.
Al tratarse de una reforma a la Constitución, deberá ser discutida y aprobada por el Congreso de la Unión y posteriormente seguir el procedimiento correspondiente para las reformas constitucionales.
Además, las modificaciones a la Ley de Nacionalidad tendrían que establecer las reglas prácticas para acreditar la renuncia a una segunda nacionalidad.
Por ahora, el planteamiento representa el inicio de un proceso legislativo cuyo resultado dependerá de la discusión y aprobación de los legisladores.
