Propuesta de Arturo Zaldívar contra feminicidios se queda corta, asegura experta
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Pese a ser un proyecto muy completo, también sería importante reforzar las leyes actuales, señala.
El pasado miércoles 6 de julio, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar Lelo Larrea, presentó el Proyecto de Ley General para Prevenir, Investigar, Sancionar y Reparar el Feminicidio, con la intención de llevar a cabo una resolución eficiente en los casos de violencia de género.
La misiva se expuso ante la mesa directiva de la Comisión Permanente, debido a la problemática en México donde la violencia hacia las mujeres ha llegado a números abismales, y el mismo proyecto opta por mejores soluciones.
Por ello, la exlegisladora, feminista e integrante de la organización Rebeldes, señana que el proyecto de Zaldívar es bueno, sin embargo, en México se necesita más que una ley nueva: “Habría que fortalecer la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida sin Violencia y hacer que funcione. Porque nadie, ningún gobierno, ni federal ni local, ha puesto ni los recursos ni la voluntad para que esa ley funcione”.
Los datos que ofrece la experta los confirma Expansión Política, pues reiteran y la Secretaría de Hacienda no ha invertido en el Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas (PAIMEF), lugar donde se ofrecen supuestos servicios gratuitos de atención integral.
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El medio también recalca que no han llegado recursos para el programa de Apoyo para Refugios Especializados para Mujeres Víctimas de Violencia de Género, sus Hijas e Hijos, quedando hasta en “riesgo de exitnción” al menos 75 centros de la Red Nacional de Refugios, pues tampoco se les entregó 420 millones de pesos presupuestados anteriormente.
Por otro lado, la Fiscalía Especializada de Delitos de Violencia Contra las Mujeres y Trata de Persones tampoco recibió apoyo económico, al igual que la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, donde tampoco tienen acceso a recursos.
“La principal aportación del poder judicial debería ser: ¿Qué están dispuestos a hacer para que ministerios públicos, fiscalías y jueces actúen, modifiquen conductas, formas de juzgar, y acaben con la impunidad?”, aseveró Tagle.
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Con información de Expansión Política.
