Protegen apoyos sociales de bancos, les prohíben ‘cobrarse a la mala’
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Sostienen que esta reforma no busca evitar el pago de deudas, sino que particulares utilicen los recursos que como sociedad se aportan para apoyar a personas en situación de vulnerabilidad
Ciudad de México.- La Cámara de Diputados aprobó por unanimidad una reforma constitucional para evitar que instituciones financieras puedan cobrarse sin consentimiento adeudos con apoyos provenientes de programas sociales.
Las modificaciones avaladas con 459 votos agregan un párrafo al Artículo 4 de la Constitución para hacer inembargables los recursos que las personas reciban de cualquiera de los tres niveles de Gobierno con el objetivo de combatir la pobreza y la desigualdad.
“Los apoyos económicos, pensiones no contributivas y becas establecidas en los tres párrafos que preceden y demás apoyos que tengan por objeto el combate a la pobreza y la desigualdad social que entreguen los Gobiernos federal, estatal o municipal no serán susceptibles de retenciones, descuentos, deducciones o embargos de particulares, sino mediante juicio seguido ante los tribunales competentes”, señala la reforma que fue enviada al Senado.
Diputados de la mayoría y de Oposición coincidieron en que esta modificación constitucional es una respuesta al abuso de las instituciones bancarias que a través de contratos leoninos disponen de este tipo de recursos sin juicio previo.
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La vicecoordinadora de Morena, Aleida Alavez, afirmó que esta reforma acabará con los cobros “a lo chino” que actualmente hacen instituciones financieras sin agotar el debido proceso.
Sostuvo que esta reforma no busca evitar el pago de deudas, sino que particulares utilicen los recursos que como sociedad se aportan para apoyar a personas en situación de vulnerabilidad.
“Esta reforma acabará con los cobros a lo chino que hasta ahora instituciones financieras realizan indebidamente sin agotar el debido proceso”, explicó.
La legisladora advirtió que permitir el uso de apoyos sociales como garantías de pago de créditos no sólo es consentir el embargo de bienes sin la intervención de las autoridades judiciales, sino que se coloque a las personas vulnerables en un estado adicional de vulnerabilidad.
El vicecoordinador del PAN, Jorge Triana, coincidió en la necesidad de proteger los apoyos sociales que recibe la sociedad, porque para más de 55.7 millones de pobres son su único medio de subsistencia.
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Triana detalló que esta situación es consecuencia de una mala gestión de la pandemia, tras la cual se cuenta el cierre de 1.6 millones de empresas, 15 millones de personas en la informalidad, cuatro millones de nuevos pobres y 15 millones más sin seguridad social a partir de 2020.
“Que el recurso emanado de estos programas sociales, que son la única fuente de ingreso de las familias pobres de nuestro País a consecuencia de que no hubo estas medidas contracíclicas, no vaya a ser retenido o embargado por absolutamente nadie, incluido el propio Gobierno”, demandó.
La perredista Laura Lynn Fernández indicó que los programas sociales no son nómina, por lo que no pueden sujetarse a las reglas de los créditos, ya que aunque es una renta constante tiene como finalidad apoyar a las personas a superar la pobreza.
“Muchas instituciones financieras abusan de la necesidad de los usuarios, ven en sus tarjetas de pago de los programas sociales una oportunidad para embaucar al cliente, dándole a firmar contratos que incluyen cláusulas a toda luz abusivas, donde se permite disponer de los recursos de estas cuentas a través de retenciones, descuentos o embargos sin juicio previo”, advirtió.
Lo anterior, sostuvo, afecta la calidad de vida de las personas más vulnerables, porque no sólo les impide disponer de recursos para satisfacer necesidades básicas como alimentos o medicamentos, sino que puede elevar el costo de los créditos hasta cinco veces.
“El descuento directo de programas sociales va en contra de toda lógica de protección de los derechos de usuarios de los servicios financieros, además de que facilita la prolongación del tiempo de pago y con ello se puede elevar el costo de los créditos hasta superar en más de cinco veces el monto real de su préstamo”, afirmó.
La priista Cristina Ruiz aseguró que alrededor del 30 por ciento de los hogares del País cuenta con algún programa de apoyo social, por lo que blindar dichos recursos permite evitar la vulneración de los derechos de los beneficiarios.
“Como legisladores debemos proteger los apoyos económicos, porque estos representan un conjunto de instrumentos que tiene por objetivo contribuir a la mejora de las condiciones de la población”, dijo.
Con información de Reforma
