¿Qué hay en juego en México con la reforma a Ley Eléctrica?

CDMX.- El sector eléctrico en México está sumido en la incertidumbre.

El Congreso someterá a votación el domingo una reforma constitucional que podría echar por tierra la apertura del mercado que se registró en 2013.

El gobierno del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador quiere devolver el poder a la estatal Comisión Federal de Electricidad (CFE), que genera energía sucia, en detrimento de las empresas privadas, que tienen una mayor apuesta por las renovables y el gas natural.

Durante décadas, la CFE era la única que podía comercializar electricidad.

Primero se permitió a privados generar energía para su autoabastecimiento, que era incentivado en el caso de las energías renovables. Con la reforma de 2013 se liberalizó la generación y venta de electricidad para los grandes usuarios, aunque la CFE mantuvo el monopolio en distribución y en venta a particulares.

El actual Presidente siempre dijo que la reforma de 2013 dejaba la puerta abierta a la corrupción y a la privatización de la CFE. Además argumenta que las compañías privadas —fundamentalmente estadounidenses y españolas— se beneficiaron de contratos, según él, fraudulentos.

La realidad es que las energéticas privadas utilizaron muchos vericuetos y vacíos de la ley y pudieron tener demasiados incentivos, como que el Estado no les cobrara por la utilización de las redes de distribución, que son de la CFE. En consecuencia, la estatal perdió cuota de mercado.

López Obrador no quería que la CFE perdiera más dinero y propuso una reforma a la Ley de la Industria Eléctrica, aprobada en 2021, que garantizara al Estado la generación de al menos 54% de la electricidad que necesita el mercado.

La normativa establece que la electricidad debe ser comprada primero a las plantas gubernamentales, las cuales se alimentan mayormente de combustibles fósiles como carbón, petróleo y diésel. Si aún hay demanda, la cubrirán las plantas privadas de energía renovable y gas natural.

De forma paralela, se intentó que la Suprema Corte declarara inconstitucional la ley, pero aunque la mayoría de sus integrantes estaba a favor no alcanzaron la mayoría necesaria para hacerlo.

¿QUÉ HAY AHORA EN
DEBATE PARLAMENTARIO?

Dado que la Ley de la Industria Eléctrica está parcialmente inoperativa, el gobierno propuso una reforma constitucional exactamente en esa misma línea que consolidaría la rectoría de la CFE y las compañías estatales sobre el mercado energético.

Potenciando la generación de energía por parte de la CFE, que es mayoritariamente muy contaminante, México difícilmente podrá cumplir sus compromisos para frenar el cambio climático.

Toda esta incertidumbre legal puede desalentar todavía más las inversiones y aunque de momento no habrá cambios notables para los ciudadanos, el coste de la luz podría subir si el precio en el mercado aumenta y el gobierno yo puede seguir subvencionándola.

En la reforma constitucional el gobierno incluyó que el litio se considerara un mineral estratégico que sólo puede explotar el gobierno. Si los cambios a la Carta Magna no prosperan, el Presidente anunció que, al día siguiente, enviará una propuesta de ley ordinaria —para cuya aprobación su partido y aliados sí tienen mayoría— en ese mismo sentido.