SCJN analizará reforma electoral de Chihuahua sobre crimen organizado e injerencia extranjera
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La Suprema Corte de Justicia de la Nación revisará la reforma electoral de Chihuahua impugnada por Morena y el proyecto de Sara Irene Herrerías Guerra
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tiene previsto resolver este martes 29 de septiembre el proyecto de la ministra Sara Irene Herrerías Guerra relacionado con la impugnación presentada por Morena contra diversas disposiciones de la reforma a la ley electoral de Chihuahua.
El proyecto plantea invalidar algunas de las medidas aprobadas por el Congreso estatal para impedir la participación de personas presuntamente vinculadas con grupos delictivos, así como modificar disposiciones relacionadas con la responsabilidad de los partidos políticos durante los procesos electorales.
¿QUÉ APROBÓ CHIHUAHUA PARA BLINDAR SUS ELECCIONES?
En junio pasado, el Congreso de Chihuahua aprobó una reforma electoral que incorporó distintas causales relacionadas con la intervención de grupos criminales en los comicios.
Entre las disposiciones se estableció la posibilidad de negar el registro a candidatos vinculados con la delincuencia organizada, anular elecciones cuando se acredite la participación de grupos criminales y sancionar a partidos políticos por conductas graves y reiteradas.
Diputados locales de Morena promovieron una impugnación ante la SCJN. Entre sus argumentos señalaron que el Congreso estatal no incluyó una causal para anular elecciones por intervención extranjera y cuestionaron que algunas disposiciones relacionadas con personas presuntamente vinculadas con la delincuencia pudieran afectar la presunción de inocencia.
PROPONEN INVALIDAR ARTÍCULOS QUE PERMITEN NEGAR A CANDIDATOS VINCULADOS CON EL CRIMEN ORGANIZADO EL REGISTRO
El proyecto elaborado por la ministra Sara Irene Herrerías Guerra propone invalidar los artículos que permiten negar el registro a candidatos únicamente por la presunción de que tienen vínculos con grupos delictivos.
De acuerdo con el proyecto, las sanciones de naturaleza punitiva deben estar precedidas por un juicio individualizado. Por ello, plantea eliminar esas disposiciones de la legislación electoral de Chihuahua.
La propuesta también contempla eliminar la infracción dirigida a los partidos políticos que sean beneficiarios de actos de violencia cometidos por grupos criminales durante un proceso electoral.
En contraste, el proyecto plantea mantener la causal que permite anular una elección cuando se demuestre la participación de la delincuencia organizada durante el proceso electoral.
La ministra considera que esta disposición es válida debido a que existe una regulación federal relacionada con este supuesto.
SCJN TAMBIÉN ANALIZARÁ LA INJERENCIA EXTRANJERA
Otro de los puntos que contempla el proyecto es la obligación para que el Congreso de Chihuahua incorpore una causal de nulidad electoral cuando se acredite la intervención extranjera en los comicios.
De esta manera, el Pleno de la SCJN deberá pronunciarse sobre los alcances que puede tener una legislación estatal para establecer mecanismos de protección de los procesos electorales frente a la intervención de grupos criminales y actores extranjeros.
La resolución está incluida en la lista pública de asuntos que el Pleno tiene previsto discutir este martes 29 de septiembre.
MARU CAMPOS DEFIENDE LA REFORMA DE CHIHUAHUA
La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos Galván, se pronunció sobre el proyecto mediante un video difundido en sus redes sociales.
La mandataria sostuvo que la reforma aprobada por el Congreso estatal busca impedir que grupos criminales intervengan en las elecciones y señaló que la legislación establece que un proceso electoral puede anularse cuando se demuestre la participación del crimen organizado.
“Lo que está en juego no es un artículo de una ley estatal. Es si un estado de la República puede defender sus elecciones del crimen organizado. Es que el voto se decida en las urnas y no en los cuarteles del crimen.”
Campos Galván también afirmó que la reforma fue respaldada por las distintas fuerzas políticas representadas en el Congreso de Chihuahua, con excepción de Morena, y cuestionó que legisladores de ese partido hayan recurrido a la Suprema Corte para impugnar las disposiciones.
La gobernadora señaló que la resolución del máximo tribunal definirá el alcance de las medidas incorporadas a la legislación estatal.
