¿Se está convirtiendo Nayib Bukele en un dictador que realmente no es tan ‘cool’?

El actual presidente de El Salvador, Nayib Bukele, desde que llegó al poder el 1° de junio de 2019, profundizó en su poder político a costa de estrategias que erosionaron el estado democrático y de derecho.

El autoproclamado “dictador más cool del mundo mundial”, derrotó en primera vuelta y con el 53.1% de los votos a las dos principales fuerzas políticas que en ese entonces alternaban el poder, ARENA y FMLN.

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Por lo que este caudal electoral no se vio, plasmado en la composición de la Asamblea Legislativa que recién se renovó en 2021.

Así fue que en los dos primeros años de gobierno, Bukele debió coexistir con un poder legislativo que aún estaba dominado por la oposición.

El 9 de febrero de 2020 las tropas del Ejército Nacional entraron en el edificio legislativo durante una sesión extraordinaria con el objetivo de forzar la aprobación de un crédito internacional destinado a financiar el plan de Bukele contra el crimen.

Los resultados de las elecciones legislativas de febrero de 2021, introdujeron un nuevo giro en la relación entre el poder ejecutivo y la Asamblea.

Con un discurso centrado en la crítica a la “vieja política” y sus intentos desestabilizadores, el partido del presidente Nuevas Ideas logró una aplastante victoria al imponerse con más del 70% de los votos.

Bukele modificó en septiembre de 2020 por decreto el reglamento de la Ley de Acceso a la Información Pública, aumentando las potestades del presidente en detrimento de las decisiones colegiadas y designó a tres comisionados afines que, tres meses después, votaron a favor de no grabar más las sesiones del cuerpo.

CONSTITUCIÓN PROHÍBE REELECCIÓN Y SE REELIGE

Con una inusual concentración de poder y a dos años del fin de su mandato, Bukele dirigió entonces su atención a la Constitución que, en su artículo 154, prohíbe expresamente la reelección presidencial. Sin embargo, al parecer el impedimento depende de la perspectiva con que se mire,

Es así como el pasado 3 de septiembre la nueva Sala en lo Constitucional abrió la puerta para que el presidente Nayib Bukele compita por un segundo mandato consecutivo en 2024. Contradiciendo la jurisprudencia anterior, ordenó al Tribunal Supremo Electoral que habilite la candidatura de “una persona que ejerza la Presidencia de la República y no haya sido Presidente en el periodo inmediato anterior” (en este caso 2014-2019) siempre y cuando el candidato al nuevo período inmediato haya tomado una “licencia durante los seis meses previos a la elección”.

En paralelo, el gobierno impulsa una reforma constitucional que incluye la extensión del mandato presidencial a 6 años y la reducción del término de espera para la reelección, ignorando así el artículo 248 que establece que no se pueden reformar los artículos que refieren a la alternabilidad del ejercicio presidencial.

Cabe destacar que el borrador también contempla el otorgamiento de rango constitucional al IAIP y al Tribunal de Ética Gubernamental, la creación de una Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos y el reemplazo de la Sala de lo Constitucional por un Tribunal de lo Constitucional.

¿Por qué, entonces, acudir a la vía judicial si el oficialismo cuenta con mayoría calificada para aprobar la reforma constitucional? La respuesta es simple. Porque para que la reforma entre en vigencia debe ser ratificada por la siguiente Asamblea Legislativa con el voto de los dos tercios de los Diputados electos, lo que recién podría ocurrir en 2024.

En este punto, donde los límites de la democracia parecen ser discutibles, que empezó a capitalizarse el impacto en el humor social. Durante el mes de septiembre hubo varias manifestaciones – inéditas hasta ahora – bajo la consigna “Por la democracia y el restablecimiento del Estado de Derecho”. La ciudadanía protestó contra los abusos de poder del gobierno, la remoción ilegal de jueces, la captura del órgano judicial y la consolidación del poder en torno a una sola figura.

Del otro lado, se encontraron con un presidente que criminalizó la protesta y trató a los/as manifestantes de terroristas, además de culpar en forma expresa a un miembro del comité ejecutivo de la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES). El 30 de septiembre, la capital amaneció militarizada y con fuerte presencia policial.

De esta manera, la ciudadanía es la que devuelve la mirada y apuesta nuevamente por la democracia, una ciudadanía que apoyó mayoritariamente al oficialismo, pero que hoy le recuerda al presidente que el voto no es un cheque en blanco.

Así fue como, el pasado domingo en las elecciones presidenciales de El Salvador, Bukele se adelantó a que las autoridades electorales dieron los resultados oficiales y se adjudicó la victoria, afirmando que había conseguido más del 85% de los votos.