Señalan a inversionistas por narco y contrabando

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/ 10 octubre 2021

Sus acciones estaban registradas a nombre de una compañía de Nevis y tenía una empresa de las Islas Turcas y Caicos como “directora de papel”

CDMX.- Durante por lo menos 12 años, el tapatío Hassein Eduardo Figueroa Gómez operó en secreto desde el paraíso fiscal de Dubái una sociedad de las Islas Vírgenes Británicas que controlaba otras cinco compañías en la zona franca del puerto de Jebel Ali, en la capital de los Emiratos Árabes Unidos.

Sus acciones estaban registradas a nombre de una compañía de Nevis y tenía una empresa de las Islas Turcas y Caicos como “directora de papel”.

Este esquema offshore empezó en diciembre de 2004 y duró hasta abril de 2016, cuando abogados del despacho Trident Trust, con sede en las islas, se percató de que su cliente figuraba desde 2012 en listas de narcotraficantes internacionales del gobierno de Estados Unidos, junto con su padre Ezio Benjamín Figueroa Vázquez, detenido en México en septiembre de 2011.

El gobierno estadunidense alega que los Figueroa encabezan una red internacional de precursores químicos, a través de la cual han movido toneladas de efedrina y seudoefedrina desde Europa y África Subshariana hasta México, donde las vendieron a grupos criminales para producir metanfetaminas.

El 7 de abril de 2016, Jeremy Jordan, empleado de Trident Trust, mandó un correo “urgente” a cuatro colegas del área jurídica del despacho. Indicó que el nombre de Figueroa Gómez había arrojado un “hit” en el sistema de revisión global.

“Tengan la amabilidad de confirmarnos si el individuo en el reporte es el mismo que el beneficiario real de la sociedad”, apremió Jordan en el correo, que forma parte de los cerca de 12 millones de documentos confidenciales que Proceso y otros 149 medios revisaron en el marco de la investigación Pandora Papers, coordinada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación. Estos documentos filtrados provienen de 14 proveedores de servicios offshore, entre ellos Trident Trust.

Las alarmas se prendieron en las sociedades que prestaban servicio a Figueroa Gómez y su socio Rodrigo Romero Mena: desde hace por lo menos cuatro años, ambos aparecían en las actas corporativas de la estructura de un sujeto buscado en Estados Unidos por narcotráfico.

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