Superará 2022 cifras de extorsión: ONC
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CDMX.- El 2022 podría ser el año con mayor número de delitos en extorsión, superando los años anteriores, señaló el Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad (ONC).
De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), del 1 de enero al 31 de octubre de este año se documentaron 9 mil 303 víctimas por este delito; en 2021, 9 mil 408; en 2020, 8 mil 380 y en 2019, 9 mil 003.
“Esta administración federal es la peor en materia de extorsión y es el delito que más estamos viviendo los ciudadanos”, manifestó Francisco Rivas, director del ONC.
Durante la presentación de la primera parte de la investigación, “La Extorsión Bajo el Caleidoscopio”, señaló que existe un atraso normativo que no reconoce la evolución de la extorsión en términos de los bienes jurídicos afectados, las modalidades vigentes y la heterogeneidad de los sujetos activos.
Abundó que el atraso normativo, la baja denuncia y las capacidades institucionales rebasadas constituyen la fórmula perfecta para la impunidad.
Rivas resaltó que cuando existe denuncia, toda la carga del proceso penal está sobre la víctima, quien se encuentra bajo amenaza.
Indicó que las víctimas de extorsión no denuncian, en su mayoría, por causas atribuibles a la autoridad y la cifra negra por este delito es de las más altas, tanto en el caso de hogares como de unidades económicas (97-98 por ciento).
El titular del Observatorio detalló que se necesitan identificar tipologías útiles para contar con más y mejores políticas públicas para atender la extorsión.
Además resaltó que es fundamental documentar y sistematizar la información de lo que cada uno de nosotros ha experimentado con este delito.
AUTORIDADES MINIMIZAN EL PROBLEMA, ACUSAN
Rivas señaló que los daños materiales e inmateriales ocasionados por la extorsión impactan la seguridad humana de las víctimas, directamente sobre las dimensiones: personal, de salud, económica, política y comunitaria.
También calificó como preocupante que las autoridades minimicen el problema a través del argumento de que no hay denuncias por parte de la población.