‘Actuaría igual con un gobernador del PRI, PAN o de MC’... Sheinbaum sobre caso Rocha Moya

La presidenta Claudia Sheinbaum fijó una postura que busca marcar un estándar institucional: actuar bajo los mismos criterios legales sin importar filiaciones políticas. En medio de las acusaciones provenientes del Departamento de Justicia de los Estados Unidos contra el gobernador Rubén Rocha Moya, la mandataria subrayó que no habrá excepciones.

“Actuaría exactamente de la misma manera tratándose de un gobernador del PRI, del PAN o de Movimiento Ciudadano”, afirmó, al descartar cualquier sesgo político en la toma de decisiones. La declaración se da en un contexto de tensión por señalamientos de presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa.

Sheinbaum reforzó su mensaje con una idea central: “La ley es para todos”, enfatizando que su responsabilidad es cumplir y hacer cumplir la Constitución y las normas vigentes, más allá de intereses partidistas o coyunturas políticas.

PRUEBAS COMO CONDICIÓN PARA ACTUAR

En su explicación, la jefa del Ejecutivo planteó un escenario hipotético para ilustrar su postura: ¿qué ocurriría si se solicitara la detención o extradición de un gobernador de oposición sin pruebas? La respuesta fue clara: no actuaría de manera distinta.

“¿Qué, porque es de otro partido voy a actuar distinto? No”, señaló, al remarcar que la defensa de la soberanía nacional y el respeto al debido proceso son principios inamovibles. Esta declaración apunta a evitar interpretaciones de uso político de la justicia.

El enfoque, dijo, responde a la lógica del sistema penal acusatorio, que exige evidencia sólida antes de proceder. En ese sentido, reiteró que cualquier acción debe estar sustentada en pruebas contundentes y fehacientes, no en señalamientos sin respaldo documental.

REVISIÓN INSTITUCIONAL Y RUTA LEGAL

El caso ha seguido una ruta institucional. La Secretaría de Relaciones Exteriores revisó inicialmente la documentación enviada por autoridades estadounidenses y concluyó que no contenía elementos suficientes. Posteriormente, el expediente fue turnado a la Fiscalía General de la República para un análisis más detallado.

De acuerdo con la presidenta, la Fiscalía ha sido clara: “Para actuar necesitamos pruebas contundentes, fehacientes, en el marco del sistema penal acusatorio mexicano”. Este posicionamiento delimita el margen de acción de las autoridades nacionales.

En este contexto, la defensa de la jurisdicción mexicana se mantiene como eje central. La mandataria reiteró que cualquier decisión deberá apegarse estrictamente a la ley, en un equilibrio entre cooperación internacional y respeto a la soberanía.

DATOS CURIOSOS

• El principio de que la ley es para todos está consagrado en el artículo 1º de la Constitución mexicana, que garantiza igualdad jurídica.

• El sistema penal acusatorio en México prioriza la presunción de inocencia y la necesidad de pruebas antes de judicializar un caso.

• Las solicitudes de extradición requieren evidencia suficiente para ser admitidas, de lo contrario pueden ser rechazadas por las autoridades nacionales.