Suprema Corte propone ‘elección progresiva’ de jueces y magistrados
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La propuesta de Yasmín Esquivel plantea que haya una elección progresiva de jueces y magistrados para cubrir por voto popular, pero de forma escalonada
Ciudad de México. Al asumir que la reforma al Poder Judicial de la Federación (PJF) “es un mandato del pueblo”, la ministra de la Suprema Corte, Yasmín Esquivel, entregó a la Cámara de Diputados una propuesta de reforma alterna en la materia para que sume a la iniciativa presidencial.
En su propuesta, plantea que los más de mil 600 jueces y magistrados del país no sean relevados en automático, sino mediante un proceso de “elección progresiva”.
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Durante su arribo al Palacio Legislativo de San Lázaro para participar este jueves en el primer foro de parlamento abierto sobre la reforma al PJF, se dijo a favor de reformar al Poder Judicial, pero tomando en cuenta la opinión de los integrantes del Poder Judicial
“Es una iniciativa que próximamente las señoras y señores diputados van a dictaminar y nosotros plantearemos cuáles son nuestras visiones con relación a esto que ha sido el mandato del pueblo, el pasado 2 de junio, en donde se dijo que se votaba por un plan C, por una reforma al Poder Judicial, y en ese sentido no podemos ya dar marcha atrás a un mandato popular, a un mandato de la ciudadanía”, dijo.
La propuesta de Yasmín Esquivel plantea siete puntos: el primero, que haya elección por voto popular de todos los integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y del nuevo Tribunal de Disciplina Judicial.
“La elección popular de jueces, magistrados y ministros se debe dar porque así se mandató en las urnas”, dijo.
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Segundo, que haya una elección progresiva de jueces y magistrados para cubrir por voto popular, pero de forma escalonada solo aquellas plazas que queden vacantes por renuncia, muerte, retiro o cualquier otra causa justificada.
El tercero garantiza la “idoneidad y excelencia en los perfiles de los candidatos a jueces y magistrados”, a través de candados y requisitos.
Además, pide garantía de idoneidad y excelencia en los perfiles de los juzgadores; respeto a los derechos laborales de todas y todos; observancia a la paridad de género; jueces cercanos a la gente; y justicia para todas las personas por igual.
Con información de La Jornada
