Suspenden decretos de Jaime Bonilla que provocaron controversias del Ejecutivo Federal
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La administración de Bonilla solo duró dos años, pero se las arregló para ser el único Gobernador de Morena que en este sexenio ha enfrentado controversias del Ejecutivo federal
Se han suspendido dos decretos dictados por Jaime Bonilla, ex Gobernador de Baja California, por parte de los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, en los últimos días de su gestión y que provocaron controversias del Ejecutivo Federal y del Congreso estatal.
Dicho decreto fue publicado el 1 de octubre, que ordena a la Secretaría de Economía estatal otorgar “anuencias” para pesca ribereña y en pequeña escala, para garantizar el “derecho a la alimentación y autodeterminación” de pescadores locales.
Por lo que el Ejecutivo ha advertido que este decreto permite la explotación irracional de recursos pesqueros, no respeta las áreas naturales protegidas ni las especies en riesgo, como la vaquita marina y la totoaba e ignora normas oficiales y vedas dictadas por dependencias federales.
Así fue que el Ministro Luis María Aguilar suspendió el decreto el 8 de diciembre.
En otro decreto, publicado el 7 de octubre, Bonilla ordenó al ISSSTE de Baja California (IsssteCali) condonar el 99.9 por ciento de los recargos acumulados por cuotas que deben los municipios de Tecate y Ensenada, ambos gobernados por Morena.
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Esto equivale a 3 mil de los 5 mil 800 millones de pesos que ambos municipios deben por cuotas de sus trabajadores.
El Congreso estatal alegó que esta orden invadió sus atribuciones, pues era necesaria su opinión previa para la condonación, que afirmó, la Junta de Gobierno del IsssteCali integrada por subordinados de Bonilla, habría aprobado el 13 de octubre.
El 6 de diciembre, el Ministro Alberto Pérez Dayán suspendió este decreto, pero matizó que la medida solo tendrá efectos si el acto de condonación no se ha concretado por completo.
Con independencia de las suspensiones, puede pasar más de un año para que el Pleno de la Corte resuelva si los decretos de Bonilla fueron ilegales.
La administración de Bonilla solo duró dos años, pero se las arregló para ser el único Gobernador de Morena que en este sexenio ha enfrentado controversias del Ejecutivo federal.
La orden de quitar una caseta de la carretera Tijuana-Rosarito; la creación de un censo de vehículos que podía incluir los importados ilegalmente, así como un nuevo impuesto “ambiental” por emisión de gases, fueron otras decisiones de Bonilla que la Consejería Jurídica del Presidente López Obrador impugnó en la Corte.
En mayo de 2020, la Corte anuló la reforma con la que Bonilla pretendió extender su periodo como Gobernador a cinco años, y en octubre del mismo año, invalidó otra, que le permitía rendir informes mensuales hasta por redes sociales.
La eliminación del Consejo de la Judicatura estatal, por iniciativa de Bonilla, fue suspendida por la Corte en diciembre de 2020.
En 2021, el Congreso local impugnó otro decreto, para que el gobierno estatal asuma la deuda de las comisiones de servicios públicos en los municipios, mientras que estos últimos demandaron por la reforma que les transfirió el servicio de agua potable.
