Tras primera captura de Ovidio Guzmán, Sedena pidió reforzar seguridad de Zona Militar en Culaicán; Gobierno negó recursos

Tras la recaptura de Ovidio Guzmán López, hijo de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, fundador del Cártel de Sinaloa, el pasado 5 de enero en Culiacán, Sinaloa, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) reforzó la seguridad en la localidad con la llegada de mil 500 militares.

Sin embargo, desde la primera captura del hijo de ‘El Chapo’, el Ejército pidió mejorar la protección de la Novena Zona Militar y de las Unidades Habitacionales Militares de Culiacán, Sinaloa, pero el gobierno federal negó los recursos solicitados.

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Esta información forma parte de los miles de documentos de la Sedena que en 2022 fueron filtrados por el grupo de hacktivistas Guacamaya. En documentos, se refiere que, a tan solo semana y media del llamado “jueves negro” del 17 de octubre de 2019, el Ejército planteó por primera vez solicitar al presidente Andrés Manuel López Obrador “reorientar el despliegue operativo de la 9/a. Z.M., con el fin de disponer de mayores efectivos para integrar fuerzas operativas disponibles permanentes”.

Lo anterior debido a que, con motivo de la operación para capturar a Ovidio Guzmán, “se presentaron múltiples agresiones al personal militar que se encontraba desplegado en el estado de Sinaloa () por lo que algunos servicios permanentes al no contar con suficientes efectivos para garantizar su seguridad o realizar una maniobra militar fue amenazada de su seguridad”.

Dos años después, en 2021, el Ejército formalizó su petición y solicitó a la Secretaría de Hacienda más de 32 millones de pesos para construir dos bardas perimetrales o, en su defecto, contratar a más personal que “impida o dificulte el acceso a personas ajenas a las instalaciones militares”. Sin embargo, al día de hoy no hay registro de que dichos recursos hayan sido asignados.

Hasta el momento se contabiliza la presencia de más de 3 mil 500 militares en la zona, según cifras de autoridades locales.

Según lo expuesto por el Ejército, desde el 7 de enero arribaron estos elementos castrenses a Culiacán con el fin de mantener un operativo de vigilancia y evitar más jornadas violentas como la que se registró en aquella ocasión, la cual dejó 29 personas muertas, 10 de ellas militares.

Asimismo, buscarán colaborar con las autoridades en la detención de integrantes de la delincuencia organizada.

Se detalló que los mil 500 efectivos castrenses, llegaron el sábado pasado vía terrestre para reforzar los esfuerzos que ya realizan otros elementos del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional, en coordinación con las autoridades de los tres órdenes de gobierno.

Buscan más seguridad, gobierno niega recursos

A dos años de la primera captura y posterior liberación de Ovidio Guzmán, y luego del análisis de riesgo de la zona, la Sedena propuso a Hacienda un proyecto de inversión por 32 millones 848 mil 031 pesos para incrementar la seguridad del Campo Militar Número 9 y de las Unidades Habitacionales Militares de Culiacán.

El proyecto consiste en la construcción de una barda perimetral de 2 mil 174 metros de largo por tres metros de alto, así como de una barda perimetral de mil 209 metros de largo y dos metros de alto con la que se buscaría garantizar la seguridad de los 800 efectivos militares que laboran en el campo y la calidad de vida de las 96 familias de las Unidades Habitacionales.

En el interior del Campo Militar, de acuerdo con el proyecto, se encuentran también tres organismos militares con funciones operativas: Cuartel General de la Novena Zona Militar, la 24 Compañía de Infantería No Encuadrada y la Tercera Compañía Regional de Mantenimiento Automotriz.

“Es decir, este Campo Militar llega a ser un punto de concentración de tropas, materiales, combustibles y vehículos para el cumplimiento de funciones asignadas por el presidente () llegando incluso a alojarse en estas instalaciones autoridades de los tres niveles de gobierno”, indica.

En caso de que este proyecto no se realizara, la Sedena propuso establecer 90 militares más en ambas zonas, que cuentan con solo 60, lo que representaría un costo de 2 mil 158 millones 245 mil pesos a 20 años.

En uno de sus informes internos, la Sedena señala que entre las desventajas del retiro de servicios establecidos como parte del despliegue permanente estaba “dejar áreas que serán ocupadas por los grupos de la delincuencia organizada para tratar de afianzar sus rutas de trasiego de droga”.

Sin embargo, dice que a través de la coordinación “con el escalón superior” y mandos territoriales se evitaría que los grupos delictivos tomen esos espacios. Por ejemplo, menciona que los servicios militares establecidos en presas pueden ser atendidos por los servicios de seguridad de las propias instituciones, como es el caso de la CFE, “que cuenta con cuerpos de seguridad ex profeso para garantizar la seguridad física de las instalaciones”.

También señala que en el caso de las casetas de peaje el personal militar solo actúa con una finalidad “disuasoria”, toda vez que no interviene en bloqueos, por lo que este tipo de tareas podría ser atendido por la Dirección General de Seguridad en Carreteras e Instalaciones de la Guardia Nacional.

“(Pero) la experiencia vivida por el ataque al Cuartel y a las UU. HH. MM. dejó un precedente, no existen las condiciones de respuesta ante una agresión armada de esta naturaleza. En caso de continuar con las actuales condiciones de seguridad, el personal militar y sus familias se verán vulnerables ante una situación de crisis”, concluye la Sedena.

Ahora, después del segundo operativo para recapturar a Ovidio Guzmán, el pasado 5 de enero, el gobierno federal informó que el saldo de esto fue de 29 personas muertas, entre ellas 10 militares, así como de 35 soldados lesionados por arma de fuego. Según las autoridades, no hubo bajas civiles.