Van más de 16 años sin saber de él y de impunidad
COMPARTIR
Alfredo Jiménez Mota fue visto por última vez el 2 de abril de 2005.
En ese tiempo trabajaba como reportero de El Imparcial e investigaba los nexos con el poder del crimen organizado en Sonora. La noche de su desaparición se reunió con dos funcionarios, uno de ellos Andrés Montoya García, quien fue subdirector general del Sistema Estatal Penitenciario de Sonora.
Montoya García confirmó el encuentro. Declaró que se vieron en un supermercado y el periodista se fue para ver a otra fuente y no supo más.
También se sabe que la última llamada que recibió Alfredo en su teléfono fue del entonces subdelegado de la Procuraduría General de la República (PGR) en Sonora, Raúl Fernando Rojas Galván. Está registrada a las 23:04 horas. No hay registros de que fuera interrogado por este caso.
La señora Esperanza Mota, madre de Alfredo, ha declarado que tres hombres con la cabeza rapada habían seguido a su hijo una semana antes de su desaparición.
Para encontrar el paradero del reportero se inició la Averiguación Previa PGR/SIEDO/UEIS/177/2005.
La SIP registró el caso con el número de referencia 13.0007 y la CIDH emitió el informe 58/15.
En los meses posteriores se reportaron varias ejecuciones contra el grupo criminal Los Salazar. Funcionarios de la desaparecida PGR aseguraron de manera extraoficial a periodistas que entre las víctimas de esos asesinatos se hallaban los autores de la desaparición de Alfredo Jiménez, quienes lo habrían privado de la vida y luego ocultado su cadáver. Se ignora si algo de esas presunciones figura en el expediente. Las autoridades realizaron varias pesquisas en el desierto de Sonora y luego nada, nada en 16 años.
COMPLICIDAD ENTRE EXFUNCIONARIOS Y CRIMEN
La Fiscalía General de la República (FGR) mantiene el expediente abierto, sin que se conozcan avances en las indagatorias, tampoco entrega informes a la familia del periodista desaparecido o a sus representantes legales.
En contraste, testimonios recogidos por colegas de Jiménez Mota apuntan hacia la presunta complicidad en su desaparición de exfuncionarios públicos federales y locales y, como brazo ejecutor, al grupo criminal “Los Salazar”, ligado al Cártel de Sinaloa.
Ante la falta de avances en las investigaciones la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) presentó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la demanda para exigir al Estado mexicano una respuesta.
Ahora, 16 años, ocho meses y seis días de la desaparición de Alfredo Jiménez Mota en Hermosillo, Sonora, se logra la firma de un Acuerdo de Solución Amistosa y Acto Público de Reconocimiento de Responsabilidad, por parte del Estado mexicano, un hecho que da a la familia un poco de alivio, pero no justicia.
